La Corte pidió al Gobierno no discriminar al ramal Sarmiento y brindar un servicio "digno"

La Corte Suprema de Justicia revocó ayer las sentencias que rechazaban dos recursos de amparo que les exigían al Gobierno y a los prestadores un servicio ferroviario digno y equitativo para los usuarios de las líneas Mitre y Sarmiento. «La Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los usuarios y consumidores; significa que se deben adoptar medidas para que sean atendidos como una persona humana con dignidad», dijeron los jueces en el fallo que anuló la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. La Corte dispuso que la causa sea analizada nuevamente por la misma Cámara y obliga a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), a la Secretaría de Transporte y a las empresas que continuaron con el servicio que prestaba la ex Trenes de Buenos Aires (TBA) a mejorar las condiciones en los dos ramales. «El deber constitucional de seguridad en el transporte de pasajeros es un valor que debe guiar la conducta del Estado y de las organizaciones que se vinculen con la vida o la salud de las personas. Obliga a los prestadores de servicios públicos a cuidar la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos», fundamenta el fallo de la Corte Suprema. Las frases sintetizan el espíritu de la decisión sobre la causa que arribó al máximo tribunal en 2010. Aunque recién ayer tuvo el fallo favorable para los usuarios el camino del expediente se inició más de una década antes de las tragedias de Once y Castelar, en las que murieron 51 personas y otras 700 resultaron heridas. En 2001, en la causa «Unión de Usuarios y Consumidores contra Estado Nacional, Secretaría de Transporte sobre proceso sumarísimo», la Unión había solicitado que se condene a TBA «a cesar en la práctica que viola el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos» para que todos los pasajeros reciban un trato equitativo. Mencionaba que los usuarios del ramal Once-Moreno contaban con un servicio inferior a quienes viajaban entre Retiro y Tigre, también concesionado a la misma empresa. «Se apuntaba a condiciones de seguridad, frenos, apertura de puertas, limpieza, hacinamiento y confort. En la demanda se probaba que los usuarios eran cautivos del Sarmiento sin otra alternativa que recurrir al tren por su condición económica», le dijo a LA NACION Horacio Bersten, quien era el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores cuando se inició la acción judicial. Entre 2001 y 2014, la causa pasó por varias instancias. Primero, la tomó el juez de instrucción Ernesto Luis Marinelli, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1. El magistrado dictó sentencia a favor de la entidad, obligando al Estado a tomar medidas de control y a TBA a adecuar el servicio con un razonable estándar de calidad que respete los derechos de los usuarios de ambos ramales. Tras la apelación de las partes del Estado la Sala III de la Cámara rechazó el amparo al considerar que los planteos de uniformidad y trato equitativo debían analizarse «en el contexto de la emergencia pública [N. de la R.: por la crisis posterior al 2001] y la declaración del estado de emergencia de la prestación de los servicios ferroviarios». El estado de emergencia en los trenes, vale decir, se dictó en 2002, posterior al inicio de la causa. Sobre este punto la Corte respondió: «La Cámara confunde por completo el objeto del litigio. La crisis derivada de la emergencia pública nada tiene que ver con esta causa. No se trata de analizar cada contingencia de la prestación del servicio ferroviario […]. En este juicio se trata de analizar si en las líneas Sarmiento y Mitre existe violación al principio de igualdad y de uniformidad». Los magistrados del máximo tribunal se mostraron sorprendidos por la «ligereza con la que han sido interpretados los principios constitucionales por los camaristas», ya que, según dejaron por escrito, comprobaron en dos pericias «que los usuarios del ramal Once-Moreno no gozaban de las comodidades que disfrutaban los pasajeros del ramal Retiro-Tigre». Entre las diferencias más visibles mencionaron condiciones de seguridad y confort inferiores, hacinamiento en las horas pico, ausencia de condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes y frecuencia. «Durante la instrucción Martinelli viajó en el Sarmiento y el Mitre en diferentes horarios. Comprobó las condiciones del servicio y lo plasmó en su resolución. Es inentendible la conclusión a la que había llego la Cámara», opinó Bersten. La presentación que había realizado Eduardo Mondino, por entonces defensor del pueblo de la Nación, fue en la misma línea. Solicitaba que TBA «como prestadora del servicio entre las estaciones Once-Moreno y Retiro-José León Suárez garantice en forma digna y eficiente el desplazamiento de personas con discapacidades». Al Estado le pedía «que ejecute los controles y acciones necesarias para que [la concesionaria] cumpla debidamente con las obligaciones emergentes del contrato». También en este caso la Cámara rechazó el pedido, pero la Corte revocó el fallo. Se espera que en los próximos meses la causa sea analizada por otra Sala y se especula con que, tras la sentencia de la Corte, el fallo se asemeje al de primera instancia. Cuando eso ocurra, la Secretaría de Transporte y la CNRT tendrán que encargarse de controlar que el servicio sea adecuado tal cual sea solicitado. Tras la estatización del ferrocarril, Corredores Ferroviarios -operadora del ramal Mitre- y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) -del Sarmiento- deberán responder por la ex TBA. Soterrado El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que «en el tercer trimestre» se podría «dar inicio a la ejecución de las obras» para el soterramiento del tren Sarmiento, que durarán entre 24 y 48 meses. La nueva promesa oficial llega luego de que Clarín publicara hoy en su edición impresa que esos trabajos siguen paralizados. El funcionario también aseguró que la firma del préstamo del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDS) para financiar el soterramiento, que fue anunciado cinco veces entre 2006 y 2013, «estaría en el transcurso de esta semana o en los próximos quince días». De concretarse, la primera etapa de la obra no pasaría la General Paz, donde el Gobierno financia hoy la construcción de túneles, tal es el caso de Morón, proyectos que no se harían si el soterramiento llegara en los próximos meses… o años.]]>