Condenaron a los ocho acusados en el juicio oral por la represión de Estado en Zona Oeste

El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó este jueves a ocho acusados en la resolución del juicio que se seguía por delitos de Lesa Humanidad perpetrados entre los años 1976 y ’79 en el circuito del Primer Cuerpo del Ejército conocido como Sub Zona 16, que abarcaba desde Morón hasta Moreno, y que tuvo como principal centro de detención clandestino a la Mansión Seré, que funcionaba en el hoy polidertivo Gorki Grana.

El tribunal condenó a perpetua al ex brigadier de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani (jefe de la Subzona 16 entre 1976 y 1977) y a 25 años a los ex brigadieres César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés; como así también a los cabos Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis. El ex policía de Castelar Héctor Oscar Seisdedos recibió otros 25 años; en tanto que el comisario Néstor Rubén Oubiña y el cabo Felipe Ramón Sosa, ambos de la Bonaerense, recibieron 12 y 9 años, respectivamente.

El 22 de septiembre se conocerán los fundamentos de juicio que se realizó en el marco de la causa nº 2829 caratulada “Barberis, Marcelo Eduardo y otros s/inf. art. 144 bis del C.P.”, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de la zona Oeste.

El tribuna estuvo integrado por los jueces Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (presidente), Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler.

En la causa se investigaron los hechos de privación ilegal de la libertad agravada, violación, abuso deshonesto, tormentos y homicidios, acaecidos en el ámbito de la Subzona 16, que abarcara a los partidos de Morón, Merlo y Moreno. Conformado también por al menos la Iª Brigada Aérea de El Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ª (seccional Morón), 2ª (Haedo) y 3ª de Morón (de Castelar Sur).

Además de avanzar sobre ex miembros de la FA y la Policía, el juicio pudo revelar distintos delitos. «La ampliación por delitos sexuales como una parte del acontecer delictivo de los genocidas es un aporte relevante a la verdad y a la justicia», señaló el abogado querellante Pedro Dinani a Télam.

También destacó la decisión del Tribunal de exigir la presencia de los imputados en las audiencias, que se prolongaron por 16 meses. «Es una manera de entender que el proceso no es solamente un mero acto de justicia sino que tiene también un contenido. Imputados que estaban en la faz superior de la estructura represiva se vieron obligados a escuchar el relato de las víctimas cuando para ellos eran solamente un número», reflexionó.

El fiscal Martín Niklison, acusador en el juicio, explicó que «el tema de los delitos sexuales es algo que surgió durante el debate y lo pudimos incluir en la acusación”.

«Se probaron violaciones y abusos sexuales en perjuicio de ocho mujeres y cuatro varones adultos”, dijo. Por otro lado, se refirió al pedido de coimas que los represores les hicieron a los familiares de las víctimas y a los traumas psicológicos que alegaron padecer los represores que participaron en los delitos que son juzgados.

“Probamos que la Fuerza Aérea instrumentó una metodología represiva similar a la que emplearon el Ejército y la Armada. Este juicio permite terminar con el mito de que esta arma no estuvo implicada en el terrorismo de Estado”, sostuvo.

Tras la lectura del fallo hubo festejos de víctimas, familiares y organizaciones de DDHH de la zona, que fueron acompañados por el intendente de Morón, Lucas Ghi; el titular del HCD, Hernán Sabbatella; y la senadora provincial Mónica Macha, es decir buena parte de la cúpula de Nuevo Encuentro.

“Desde el Municipio tenemos el orgullo de haber aportado pruebas y testimonios que sirvieron para juzgar los crímenes del terrorismo de Estado que tuvieron lugar en Mansión Seré e hicieron posible esta sentencia que será reparadora y fue posible a partir de la decisión política de Néstor y Cristina Kirchner de eliminar todo obstáculo que garantizase impunidad”, apuntó Ghi.

 

Últimas palabras

Antes del veredicto, los acusados tuvieron la oportunidad de defenderse por última vez en el juicio.  Mariani sostuvo: “Nunca conocí, visité, ni nada por el estilo en Mansión Seré”. Y aclaró que “si alguien ideó algo, no fuimos ni Comes ni yo, que entramos en el 76 y el 77 y la lucha contra la subversión venía desde 1975”.

Comes declaró que mientras fue jefe en el año 1977 nunca ordenó ni conoció ninguna detención, y que “si alguien me hubiera venido a decir, yo hubiera arreglado el problema, y si no podía, hubiera protestado en la fuerza o hubiera renunciado”.

Barberis fue breve y subrayó “su ajenidad a los hechos” y le pidió al tribunal que “tuviera en cuenta el contexto de la época y la capacidad de decisión que tenía un cabo de la policía”. Oubiña se desligó completamente: “Nunca intervine o presté colaboración a las fuerzas militares”, dijo.

Finalmente Felipe Ramón Sosa, el último en hablar, consideró que no había motivos para que estuviera siendo juzgado, “cuando me jugué mi trabajo y la seguridad de mi familia al ir a avisarle a una mamá que su hija estaba detenida”. Y añadió: “Cuando yo veía esa gente en esas condiciones pensaba que no merecía eso. Actuaba bajo presión. Si le tengo que pedir disculpas a esta gente se las pido, aunque yo siempre quise ayudar”.