Ajuste de las plantas temporarias: entre el aprovechamiento político y la necesidad laboral

Terminada la campaña electoral más larga de la historia (arrancó en junio de 2015, pero en rigor no paró desde 2013), los gobiernos empezaron a discriminar entre la planta estatal, que se multiplicó los últimos años. La reacción depende del signo político. En Morón el FPV denuncia lo mismo que hacen Ituzaingó y Hurlingham. El hilo se corta por lo más fino: la planta temporaria, un sistema del que abusaron los intendentes.

Según algunas estimaciones, los cargos en el Estado crecieron un 58% en la década K. Y ahora caerían unos 15 mil puestos entre Nación, Provincias y comunas. Hay ejemplos de todos los colores. En Mendoza, gobernada por los radicales, 1.600 docentes contratados por el Ministerio de Educación de la Nación fueron cesanteados. El gobierno de Tierra del Fuego, conducido por una peronista K se deshizo de 1.000 empleados. Y en Santa Cruz, Alicia Kirchner, enfrenta fuertes protestas por despidos masivos que incluyen a Austral Construcciones (de Lázaro Báez). El ajuste de la planta política se extiende en comunas como Malvinas o Merlo, donde el nuevos intendentes (FPV) padecen la herencia que le dejaron los caciques.

Esto explotó en La Plata, donde fueron cesanteados unos 2.500 cooperativistas. Luego de la represión frente al palacio Municipal, el intendente, Julio Garro (Cambiemos), acusó a los manifestantes de ser «punteros de la vieja política» y explicó que hubo casos que se revisaron y otros que no. el actuar de la Policía también está en la mira. El kirchnerismo es quien fogonea las protestas e irónicamente se suman la izquierda y Libres del Sur.

«Intendentes y el gobierno provincial preparan el terreno para una escalada ajustadora sobre todos los trabajadores de la provincia», denunció el PO. También que «los miles de contratados son una prueba irrefutable de la enorme precarización laboral que dejan los gobiernos salientes del FpV».

Pero hay comunas donde el ajuste se hace en silencio. En Ituzaingó comenzaron a despedir parte de la planta temporaria que el PJ consideraba prescindible una vez renovado el mandato de Alberto Descalzo, uno de los intendentes que negocia los fondos para las comunas del Presupuesto Bonaerense.

Es de manual: «están no renovando contratos», indicó una fuente del municipio, y sin que los sindicatos hagan sonar el parche.

«Si es por una cuestión económica deberían sacar a 600 personas», advirtió un concejal opositor, que no arregló con las nuevas autoridades del HCD.

Es que, según su visión, algunos de los trabajadores que salen le hacen lugar a otros que tienen que entrar. Por ejemplo, a la gente que responde al pseudo macrista empresario inmobiliario y ex candidato Osvaldo Marasco; o al edil sabbatellista Daniel Larrache (expulsado de la AFSCA) o hasta el propio espacio progresista, que recibió nombramientos en el Ejecutivo a cambio de votar al hijo del intendente como presidente del Concejo.

Larrache difundió hoy un duro comunicado contra la «criminalización de la protesta» en base a los hechos de La Plata y los empleados de Cresta Roja.

En Ituzaingó, mientras tanto, echarían a empleados de la línea comunal de colectivos, que sería irremediablemente levantada sin subsidios del Gobierno.

Un caso similar es Hurlingham. Trascendió que Juanchi Zabaleta diseñó con el secretario de los municipales una lista de empleados contratados a los que no se les renovó. Esta semana saldría un decreto con los que siguen. Obviamente, muchos que se irán (serían 300) militaban con Luis Acuña. Además, el flamante intendente del FPV, uno de los nuevos «dialoguistas», anuló la recategorización que su antecesor había decretado para unos mil empleados, a los que les subió el sueldo antes de irse. Como así también daría marcha atrás con pases a planta permanente.

«En mi opinión tiene que haber una auditoría general, no sólo de empleados, sino también de recursos que se ahorraban y que no se sabe donde están por 80 millones de pesos. Después es lógico que el que llega nombre a su planta política. No se tiene que echar a  alguien que trabaja en una cuadrilla pero hay otros que son un invento, porque trabajaban en direcciones. Discriminar es un costo político que los intendentes pagan ahora», opinó el concejal socialista Lautaro Aragón, quien por ahora desiste de las invitaciones del FIT para machar contra los discriminados despidos.

Curioso es que mientras en Hurlingham hacen sintonía fina, el FPV sale a cuestionar la baja que Gabriela Michetti le dio a contratos firmados durante los últimos meses por Amado Boudou como vicepresidente. Más cuando hoy trascendió que tanto Boudou como Zabaleta figuran todavía como empleados (en uso de licencia) en la ANSES, a pesar de que después de pasar por ese organismo manejaron el Ministerio de Economía y el Senado.

Por último, en Morón el sabbatellismo denunció la salida de «27 trabajadores del área de salud, que desempeñaban tareas en distintos Centros de Atención Primaria de Salud del Partido». «Estas personas llevaban adelante la inscripción al programa SUMAR  y la inscripción para la Asignación Universal por Hijo, para mujeres embarazadas, y para el programa Remediar en lo que refiere al aprovisionamiento de medicación», indicaron.

Sin embargo, en el gobierno de Ramiro Tagliaferro describieron la denuncia como un «fraude» y explicaron que ese personal no había sido «nombrado y que eran «administrativos». También dejaron trascender que por este tema hay una investigación por algún tipo de maniobra no declarada.

En una entrevista con La Nación, el intendente reconoció que habrá recortes «pero con fundamento» en una planta de 4700 empleados «en grilla» (sin contar a los monotributistas): «¿Vos qué harías en tu organización si la gente cobra un sueldo y no va a trabajar? Te están estafando», se preguntó.

Más tarde, el sabbatellismo volvió a denunciar despidos en la Defensoría del Pueblo, que depende presupuestariamente del HCD. Además, comunicó que «muchos empleados municipales están denunciando la persecución laboral puertas adentro del municipio donde son discriminados» y se «les realizan entrevistas preguntándole su filiación política y si tienen participación militante en alguna organización». Por el contrario, funcionarios aseguran que «muchos empleados tiemblan al vernos porque les llenaron la cabeza durante mucho tiempo», pero que «pierden el miedo al ver que se quedan a trabajar; a algunos les interesa mucho mantener el trabajo, pero otros temen quedar mal con sus viejos compañeros».

La reforma aprobada hace año y medio y puesta en vigencia en junio de 2015, limitó a los intendentes a no exceder de un 20% la planta temporaria de los municipios, un viejo truco de los barones del Conurbano para tener militancia cautiva y financiada por el Estado. En el caso de Malvinas Argentinas el personal contratado llegó a ocupar el 80% de la Planta. Una tendencia de la (¿vieja?) política contemporánea que no sólo deberá revertirse sino que además debiera ser reemplazada por los llamados a concurso y la carrera municipal, para no llorar sobre la leche derramada. Pocas comunas firmaron el nuevo convenio colectivo de trabajo. Pero, además, el 15 de diciembre el gobierno bonaerense suspendió la aplicación de la Ley 14.656 por otros 180 días con el argumento de favorecer a los gobiernos locales que se veían forzados a adaptarse a la norma.

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