Traspaso de mando, el 8 de diciembre
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Cambiemos reconoce la caída de contratos y acusa: «Nos dejaron un municipio devastado»

Mientras se intenta saber a cuánto asciende la deuda que dejó la gestión de Lucas Ghi, concejales de Cambiemos admitieron que hay contratos no renovados e, incluso, casos de empleados que ni siquiera se presentaron a trabajar. El sabbatellismo acusó «despidos masivos» y «persecución política».

El bloque del FPV salió ayer a repudiar «los nuevos despidos masivos del macrista Tagliaferro a trabajadores y trabajadoras de la salud de los Centros de Atención Primaria del Municipio de Morón y de personal del área de economía, habilitaciones, compras y promotores». También denunció que «lo hacen porque necesitan generar vacantes para sus punteros políticos y aumentar los sueldos de los funcionarios de manera escandalosa».

«Es tan notoria la persecución ideológica que están despidiendo trabajadores de planta permanente violando todo tipo de garantías laborales amparándose en la ordenanza que le dio superpoderes a Tagliaferro con la complicidad del massismo», manifestó el jefe de esa bancada, Hernán Sabbatella.

En el Ejecutivo todavía no logran precisar en qué punto está la situación económica ni cuánto personal está siendo observado desde el cambio de gestión. Oficialmente, se informó que la deuda heredada es de $180 millones. Cuando «la deuda de un año a otro generalmente era de 10 a 30 millones».

Sin embargo, extraoficialmente se hablaba de 300 millones que la administración Ghi dejó sin pagar. Tras la declaración de emergencia votada en el HCD por Cambiemos y UNA, el Ejecutivo conformó una comisión de revisión de deudas. Una fuente de esa unidad dejó trascender que la deuda consolidada sería mucho mayor a lo que se creía. Es que además de las pilas de expedientes que están en Contaduría o en Tesorería desde octubre del año pasado, cuando el municipio cortó con la cadena de pagos, «hay que sumar todo lo que nos enteramos que está en Compras, sin pasar».

Mientras se busca reestructurar esa deuda y se revisan a grandes proveedores, la administración Tagliaferro también afina el lápiz en la planta de personal temporario. A principios de mes, el Ejecutivo denunció en la Justicia Federal a Ghi y a Martín Sabbatella por «malversar fondos» al pagar el sueldo de 27 municipales con fondos de un programa nacional. El FPV había advertido de los «despidos» pero no contestó nada sobre la demanda.

Luego del comunicado de ayer, el gobierno de Cambiemos salió a reconocer la baja de contratos, y lo justificó incluso al comparar los primeros pasos de la gestión de Sabbatella, quien en 2000 avanzaba con una reestructuración de la planta municipal, dando de baja a grasa militante del PJ.

“Tenemos como prioridad mejorar la atención a nuestros vecinos y jerarquizar el trabajo de los empleados municipales. Es nuestra responsabilidad reorganizar y controlar a aquellas personas que no desempeñan correctamente los cargos que ocupan, o los que hasta el día de hoy no se han presentado a sus puestos de trabajo, no renovando los contratos temporarios”, sostuvo Analía Zappulla, presidenta del bloque Cambiemos.

“Es mentira que funcionarios municipales se hayan aumento el sueldo, y que estas revocaciones de contrato tengan como finalidad la persecución política e ideológica. Se llenan la boca hablando de transparencia y dejaron un municipio desbastado”, argumentó la reelecta concejal.

En sintonía con lo que fue el debate por la ordenanza de «emergencia económica», Zappulla consideró que “siguen saboteando a los vecinos de Morón». Es que, por ahora, el gobierno local considera que le dejaron una bomba financiera. Sí, como se espera, la auditoría finalmente muestra que la anterior gestión agotó el presupuesto en octubre, entonces las acusaciones podrían ser mucho más graves. Hay áreas sensibles como la recolección donde la deuda sube a tres meses de contrato. Lo que no trascendió es qué dinero tiene el municipio para afrontar los pagos a los proveedores.

En tanto, que la concejal Vanesa Sosa manifestó que el sabbatellismo «habla de persecución ideológica y se olvidan que a partir del año 2000, y durante todo el gobierno de Sabbatella y de Lucas Ghi los empleados municipales que no militaban ni pensaban como ellos, fueron perseguidos y despedidos sin justificar la causa. Abrieron sumarios administrativos mentirosos, donde armaban causas falaces y con faltas de mérito en las mismas.”

“Enmascararon una reorganización del organigrama municipal para bajar categorías, sueldos y dejar cesante a los empelados municipales de carrera, que además eran planta permanente. Sin preocuparse en la necesidad de las personas que despidieron y sin importarles sus familias.”, señaló.

Como prueba, Cambiemos recordó el decreto 1179 de agosto de 2000 (ilustración), en el que la gestión Sabbatella ponía a disposición 660 contratos que podían ser reasignados o cesanteados, conforme a las necesidades de la nueva administración, amparándose en la derogada Ley que regulaba las relaciones laborales municipales 11757. Por supuesto, muchos de los empleados contratados por la gestión Rousselot se dieron de baja.

Decreto 1179 de 2000

Decreto 1179 de 2000