Interpelado, el secretario de Seguridad dijo que en el gobierno de Ghi se había «vaciado» el área

Una vez más la oposición citó a un secretario municipal al recinto. Una vez más el oficialismo aceptó el reto. Y, una vez más también, se armó un debate que se expuso a la última gestión del sabbatellismo: «Intencionalmente vaciaron el área», denunció el secretario de Seguridad, Sebastián Cinquerrui.

Como pasó con el dengue y los despidos, el intendente fue citado al recinto  para ser interpelado por los concejales. Así al menos lo planteaba el bloque del FPV. Para el massismo era apenas una exposición, un pedido de informes que fue programado desde la declaración de «emergencia en seguridad».

Para Cambiemos se trató apenas de un «balance» y una nueva rendición de cuentas de la gestión anterior, más allá de la coyuntura que invocara la oposición. En minoría, el oficialismo intenta demostrar cierta apertura. Un contraste que también lo diferencia del modelo anterior, que por mucho progresismo que declamara nunca llevó a un funcionario al recinto, salvo cuando después de 10 años la oposición le empezó a marcar la agenda.

Sin la mochila de ser gobierno y justo cuando ingresaba al HCD (por la licencia del ex intendente Ghi) el ex secretario de Seguridad Juan Carlos Martínez (quien no dudaba en culpar a la Policía y a la oposición por las marchas contra la inseguridad que pedían su cabeza hace apenas un par de años), la bancada kirchnerista estaba nominada a llevar la voz cantante. El tema estrella eran los secuestros exprés, aunque tergiversaron los datos.

«Desde el FPV manifestamos nuestra preocupación por los crecientes delitos que afectan a los vecinos y vecinas en distintos barrios y que en los últimos meses han ubicado a Morón primero en las estadísticas provinciales informadas por la Procuraduría General de la Nación. Los datos indican que en marzo, el 37 por ciento del total de los secuestros extorsivos sucedieron en este distrito», puntalizó Sabbatella. Ese porcentaje, y sólo hay que saber leer un diario para entenderlo, equivale a toda la región que está bajo jurisdicción del Juzgado Federal en lo Penal de Morón y no al distrito, como hizo saber la Procuración Nacional, a cargo de Alejandra Gils Carbó, la cuestionada funcionaria de la agrupación «Justicia Legítima».

«El secretario de seguridad tuvo que reconocer que, transcurrido medio año de gobierno, Tagliaferro invirtió menos del 19% del presupuesto asignado a seguridad dando cuenta de un profundo déficit de gestión en un área tan sensible para los vecinos y vecinas de Morón», expresó el presidente del bloque del FPV.

El debate se extendió por casi ocho horas, mientras en el distrito vecino de Ituzaingó explotaba una vez más la relación entre municipio y la Provincia, en plena batalla de campal de vecinos. Allí el intendente Descalzo le sacó las patrullas a la Policía Local y los agentes sólo andan de a pie.

El funcionario dijo que se encontró con una Secretaría «desarticulada, desfinanciada y con fuertes debilidades en recursos, infraestructura y capacitación».

Y destacó el aumento del presupuesto de Seguridad, que se triplicó: pasó de 60 a 152 millones de pesos. La mayor parte del gasto está en etapa de licitación.

En ese marco, Cinquerrui también detalló la deficiente situación del sistema de Monitoreo, con serios problemas de infraestructura en la Central, una red de fibra óptica con una cobertura dispar, bajo e inadecuado mantenimiento y tecnología obsoleta, con la que se encontraron el 10 de diciembre.

“De manera intencionada, se vació de contenido esta área de cara a la actual administración. Si hubiese tanto compromiso como aseguraban, la gestión saliente no hubiera tomado la decisión de abandonar todo y no facilitar estas políticas», sostuvo Cinquerrui.

«Apostaron al fracaso de la nueva gestión y hasta hoy no dan explicaciones por los 16 años que tuvieron a cargo el Municipio. La estructura de la Secretaría miraba hacia adentro de la gestión y modificamos esto para abrirlo a la comunidad y dar respuesta a los vecinos», destacó el ex legislador del ARI, que en 2008 denunciara la campaña presidencia de Cristina Kirchner, por los aportes supuestamente ilegales, cercanos a la efedrina.

Por su parte, el bloque massista calificó el saldo de la gestión anterior en seguridad como «malo» y al actual como «lento». Jorge Laviuzza, jefe de esa bancada, respaldó los cuestionamientos a la administración sabbatellista, pero pidió al mismo tiempo «ofrecer herramientas para transitar el día a día».

Su compañero y ex candidato a intendente renovador Martín Marinucci aseguró: «Es más que evidente el saldo negativo de la anterior gestión desde el momento en que el bloque de concejales de Nuevo Encuentro votó la emergencia en seguridad apenas veinte días después de haber dejado el gobierno lo que denota que ellos también estaban de acuerdo en que la política en esta materia no fue la adecuada».

«Y por otro lado, en relación a la actual gestión, nuestro bloque ve que se mueve de manera muy lenta y está muy demorado. Tenemos expectativas de que revean la dirección que tiene el municipio en materia de prevención del delito. A partir de eso, toda la oposición debe colaborar en una política pública tan importante como es la que responde a la seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo.