Freno judicial al tarifazo en medio de protestas armadas por el FPV y reclamos del massismo

El fallo que frena los aumentos de luz y gas dejó al borde de una derrota política al Gobierno, pero al mismo tiempo lo obliga a recapacitar sobre una medida que era polémica, que se aplicó aún peor, y que permitió la resurrección de quienes le dejaron una profunda crisis económica, social y energética.

Mientras el ajuste reflota al kirchnerismo y une a la oposición en el reclamo, el Presidente, Mauricio Macri, soñó ayer desde EEUU que la gente «entiende y acompaña los aumentos». Que entienda, puede ser. Que acompañe, a duras penas. Que lo pueda pagar es para muchos ciertamente inviable. La factura de subsidios es una de las bombas que dejó Cristina Kirchner. Aún con los recortes, el Presupuesto de este año era de $83 mil millones. Pasar de una política de subsidio «a la demanda y no a la oferta (donde ricos y pobres recibían el mismo aporte del Estado), lleva su tiempo.

Luego del nuevo cuadro tarifario, el Gobierno tuvo que fijar topes del 400%, además de la tarifa social. Pero así y todo llegaron boletas con hasta 1.700% de subas, mientras otras lo hacían con descuento. Nadie en el Gobierno sale a explicar y dan por efectiva la instrumentación que hacen las empresas. Pero los prestadores acumularon quejas y denuncias. Hubo errores groseros de facturación, dentro de un marco jurídico por ahora ilícito.

Ayer, la Sala II de la Cámara Federal platense declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería nacional que autorizaron las subas en el gas. Al mismo tiempo ordenó suspender por tres meses el ajuste en el cuadro tarifario eléctrico para los usuarios bonaerenses.

Mientras esto sucedía, sin mucho acompañamiento (500 vecinos y militantes), pero con cobertura del canal K C5N, el kirchnerismo fogoneaba una protesta ante al Concejo Deliberante de Morón. Por la mañana habían tomado la sucursal de Gas Natural de Castelar. Ayer había sido la de Caseros.

Los vecinos- militantes pidieron la renuncia de Macri y un amparo judicial por parte del intendente macrista Ramiro Tagliaferro. Los gobiernos locales del PRO, si bien buscaron «flexibilizar» el ajuste, todavía le ponen el cuerpo a la medida nacional. «Todos nos ajustamos el cinturón», y «no podíamos seguir viviendo en una burbuja», declaró el jefe comunal el jueves. Ayer, la gobernadora, María Eugenia Vidal, no se movió de ese discurso. «Hasta que la Justicia decida, lo que corresponde es pagar la factura», sostuvo. Y apuntó contra quienes «usan la pobreza en beneficio propio».

«El ajuste de la economía hace que muchos comercios e industrias hayan tenido que cerrar sus puertas o estén al límite de sus posibilidades. Esto sumado a la ola de despidos generan un escenario que recuerda dolorosamente al del 2001 y 2002», sostuvo Hernán Sabbatella en un comunicado sin memoria: Cuando su hermano llegó al municipio con la Alianza protagonizó un terrible ajuste en el municipio, mientras su presidente temía a la salida de la convertibidad. Martín Sabbatella creía entonces que el PJ lo quería «llevar puesto». Hoy Cambiemos lo acusa de «sabotajes».

Pero no sólo el bloque del FPV cuestiona la ceguera actual. También el Frente Renovador se desmarcó del ajuste energética, por irracional. Ayer firmó un anteproyecto de resolución que le pide al intendente «ejercer las facultades emergentes de la Ley de Defensa al Consumidor» y defender a los consumidores. Tanto Tagliaferro como Vidal sostienen que «no es bueno judicializar una política pública». Las comunas administradas por el peronismo, aún los más dialoguistas, llevaron amparos a la Justicia. El intendente de San Martín, incluso, pidió la renuncia del ministro de Energía.

Hasta el Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Gak, se despertó con tanto ruido. Defensor del ajuste tarifario de 2012, ayer salió a fijar otra posición:

«El incremento en las tarifas de los servicios públicos, particularmente en los casos de la energía eléctrica y el gas, afecta el ejercicio de derechos fundamentales de las personas», dijo. Y agregó: «El mayor costo de los servicios públicos se traslada a los precios de los bienes, impactando en la capacidad adquisitiva de las familias, particularmente en las de menores recursos. Se afecta el derecho a la recreación y a la cultura».

El economista cuestionó que las subas se hicieron «sin el cumplimiento de instancias exigidas por la legislación, como la realización de audiencias públicas».

Aunque valoró «positivamente las acciones que se han articulado ante los tribunales», alertó «sobre el riesgo de depositar la expectativa de solución de este problema en una sentencia del Poder Judicial».