Fiscal federal investiga irregularidades en las contrataciones de la Universidad de la Matanza

El fiscal federal de Morón Sebastián Basso investiga a Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), y a varias autoridades por la supuesta contratación de «ñoquis», así como por distintas compras irregulares. La casa de altos estudios salió rechazar estas denuncias.

Son cinco hechos de presunta corrupción, uno de los cuales el rector habría avalado que su hermano, licenciado Julio Alejandro Nicolás Martínez; y el contador Sergio Adrían Sancci, cobren sueldos por trabajos que se sospecha no realizan.

Según la investigación del fiscal, Martínez y Sancci trabajan en la Universidad pero paralelamente desde varios años atrás también lo hacen en la planta permanente del Congreso de la Nación cobrando sueldos simultáneos: «toda vez que no resultaría materialmente posible trabajar al mismo tiempo en dos lugares ubicados a varios kilómetros de distancia, existen sospechas suficientes que los nombrados podrían no estar desempeñando uno de los dos puestos, por lo cual entrarían dentro de la categoría conocida como «ñoquis»».

Otro de los hechos es por la compra de una camioneta por parte de la Universidad a un integrante de la misma sin seguir los trámites licitatorios correspondientes.

El fiscal Basso acusó que en 2011 se dispuso la compra de una camioneta que iba a ser utilizada para el recorrido del campus ante la invasión de intrusos, y la misma le fue comprada a Ricardo Faraldi, secretario administrativo de la Universidad, por un valor de 50 mil pesos el 16 de junio de ese año.

Por ese hecho están acusados Faraldi, su esposa Verónica Marcos (poseedora de la camioneta); Jorge Pasquez, secretario de la UNLAM; Sergio Russo, Director de prevención y Protección; y el contador Sancci.

También se lleva a cabo una investigación por la contratación por más de 100 mil pesos a la empresa de medios «Loro Comunication SA; por la cual están acusados la directora de prensa de la UNLAM, Lorena Turriaga; y los integrantes de la empresa Luis Alberto Rosales y María de los Ángeles López.

Asimismo, la Justicia también sospecha de contrataciones irregulares a la empresa Arquídea SRL por obras en la Universidad; y pagos presuntamente ilícitos al economista Bernardo Kliksberg, bajo la modalidad de viáticos, por parte de la UNLAM, casa de estudio que le habría otorgado el título de «doctor honoris causa».

Por su parte, Sebastián Garber, prosecretario administrativo de la universidad, calificó las denuncias como parte de una «vieja campaña de desprestigio» que «ya fueron aclaradas y justificadas en la Oficina Anticorrupción de la Nación».

«Esto fue una movida judicial que se hizo en 2011 para desprestigiar la imagen de la universidad. Cuando me enteré que se había hecho público otra vez, me preocupé. Por eso quiero aclarar que esta casa posee todos los expedientes, con los que en su momento ya se probó que las denuncias eran falsas», aseguró Garber.

Respecto a los empleados del Congreso, Garber explicó que tienen»cargos docentes de naturaleza», que «no son incompatibles con sus otras funciones» que ocupan.

Por otro lado, señaló que «la Universidad ofrece carreras de posgrado que son aranceladas, por lo que desde la institución se promocionan dichas carreras en medios de comunicación».

«Nosotros contratamos a una empresa que trabaja la publicidad de diarios de papel, no hay ninguna irregularidad es eso», enfatizó.

Otra de las denuncias apunta sobre la sospecha de contrataciones irregulares con otra firma, pero Garber indicó: «No sé de dónde sale esa denuncia. En la Universidad están todas las órdenes de compra correspondientes», agregó.

Por último, se refirió a la compra de una camioneta «sin el debido proceso de licitación», según consta en la causa.

«Cuando se compró ese vehículo, la Universidad atravesaba amenazas de toma de tierras en sus instalaciones. El vehículo se adquirió de forma transparente para personal de seguridad, que tenían que custodiar el predio», sentenció.

 

Fuente: NA y Popular