Morón separó a dos médicos por el cartel que en una salita ordenaba denunciar los abortos

El gobierno de Morón separó a dos funcionarios, a quienes señalaron como responsables del cartel que ordenaba a los empleados de una unidad sanitaria de El Palomar a denunciar los  casos de abortos. Hubo repudios ante la supuesta medida, que fue calificada por el oficialismo como una «operación».

Tanto el sabbatellismo, como organizaciones feministas y de izquierda habían salido a repudiar a la gestión Tagliaferro luego de que el viernes pasado apareciera un cartel en el Centro de Atención Primaria «Dr. Springolo» dirigido a «todo el personal médico». La nota advertía que «de cuerdo a las normas vigentes» estaban obligados a realizar la denuncia policial ante la «sospecha de aborto», abuso sexual, maltrato o herida de arma blanca.

El Municipio informó que tras el hecho inició «un sumario administrativo y se separó del cargo y sus responsabilidades al Coordinador médico de ese centro, Dr. Mario Marine, quien se desempeña como profesional en el Municipio hace 25 años, y al Coordinador administrativo, Daniel Araujo».

La notificación apareció un día después de que la Suprema Corte tucumaba liberara a Belén, la chica de 27 años que estuvo presa dos años por un aborto. En rigor, se le levantó la prisión preventiva, pero no se resolvió la cuestión de fondo. Un informe médico indicaba que el aborto había sido espontáneo.

El Código penal condena a quienes realizan o concienten la interrupción de un embarazo, a excepción de violaciones, enfermas mentales o en los casos en los que la vida de la madre esté en riesgo. En sus 12 años de gobierno el kirchnerismo trabó el debate en el Congreso. Para ser honestos, la «despenalización» dividide la arena política, en especial a los partidos tradicionales. Pero los Kirchner no avalaron el debate. Macri tampoco lo quiere.

Pero tras la aparición del cartel, fue el jefe de bloque de concejales del FPV de Morón quien tiró la primera piedra: «Tagliaferro marca su concepción sobre la salud pública, con políticas discriminatorias y estigmatizantes que vulneran derechos y atemorizan a las mujeres y aumentan la criminalización de las víctimas. Ante una situación de presunta violencia de género, en vez de seguir implementando el protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia se recurre a la denuncia compulsiva sin la intervención profesional pertinente», cuestionó Hernán Sabbatella, el sábado.

Del mismo modo salió el PTS. «Hay denuncias que el profesional no tiene obligación de realizar», indicó Jorgelina Esteche, la ex candidata a concejal.

La docente sostuvo que «en el caso de que una mujer recurra a un centro asistencial por ayuda médica -ya sea por un aborto espontáneo o provocado-, si el equipo de salud o cualquiera de sus miembros realiza una denuncia, se incurre en el delito de violación de secreto profesional».

Las Organizaciones Feministas del Oeste también salieron, sin dejar que medien explicaciones oficiales, a repudiar «el accionar policial del municipio».

«Denuncias de este tipo violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud. También van en contra de la ética y deberes de los profesionales de la salud», sostuvo en un comunicado Zulema Palma.

La organización pidió renuncias y agregó que faltan «anticonceptivos y misoprostol, necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo».

Este lunes llegó la versión oficial. Luego de los sumarios, el secretario de Salud del Municipio, Dr. Mario Russo, aseguró que la difusión de la nota era «una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública y que fueron denunciados penalmente (Juzgado Federal 1 de Morón) por serias irregularidades en los fondos del Plan Nacer/Sumar del Ministerio de Salud».

Y advirtió: «No vamos a permitir que una acción aislada, no avalada por la Secretaría ni por el Intendente, descalifique la gestión que se está realizando en materia de salud para los vecinos, mejorando los centros de atención primaria, sumando profesionales y trabajando para recuperar el Hospital».

El gobierno aclaró que «el sistema de Salud de Morón reconoce como prioritaria a la salud sexual y reproductiva, a través de políticas inherentes a la anticoncepción, así como los dispositivos de Consejerías (creadas en 2014 por la ordenanza 16.574) para la reducción de riesgos y daños en situación de embarazo no planificado».

«El aborto es una de las cuestiones prioritarias en salud pública y una de las principales causas de muertes maternas en Argentina», recordó la gestión. También que «a nivel nacional está reconocido el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)», en los casos mencionados en esta nota.

El Ejecutivo afirmó que existen «en todos los CAPS las Consejerías» donde se asiste a las mujeres. Y negó que se vulneren convenios: «En el caso de ser necesario, se las deriva al Servicio de Tocoginecología del Hospital Municipal de Morón para que se las atienda según el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2015».

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