La Legislatura aprobó el Presupuesto 2017, repartió cargos y abrió otra grieta en el FPV-PJ

La Legislatura bonaerense aprobó los proyectos de Ley Impositiva y de Presupuesto de 2017 solicitados por la Gobernación, luego de maratónicas conversaciones con la oposición y, en particular, dentro del Frente para la Victoria. La Cámpora se diferenció del PJ y quedó afuera del reparto de cargos.

El Presupuesto está previsto en 521.410.794.201 pesos (26% más que este año) e incluye, después de muchos años, una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses estimada en el orden del 17%.

La media sanción del presupuesto logró destrabarse luego que el oficialismo acordara con los distintos bloques del Justicialismo bajar la necesidad de endeudamiento de 93 mil millones de pesos a unos 52 mil millones.

También se incluyó un fondo de 8500 millones de pesos que serán destinados a los municipios, de los cuales el Ejecutivo tomó el compromiso de girar el 30% para marzo y luego el 11% cada vez que tome deuda.

De esa forma, los municipios recibirían en marzo unos 2550 millones de pesos y los casi 6 mil restantes durante el resto del año a razón del 11,4 por ciento de cada endeudamiento que tome la provincia.

Además, se acordó a partir de una solicitud con el Frente Renovador que se incluya una tasa de ingreso en casinos y bingos de 20 pesos coparticipables y un aumento de tres puntos en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para la explotación de bingos, que pasa del 12 al 15%.

Desde el kirchnerismo duro, el senador Santiago Carreras, donde ayer por la tarde avanzaba la media sanción, planteó que «el Frente para la Victoria no acompaña el endeudamiento ni el presupuesto de la provincia».

La massista Malena Baro celebró, en cambio, celebró «la iniciativa de la gobernadora para que se restituya lo que corresponde a la Provincia por el Fondo del Conurbano, es una decisión política acertada que demuestra valentía política» y analizó que «apenas $650 millones recibe esta provincia en 2016 y se estima que desde 1995 la pérdida acumulado es de $610 mil millones, equivalentes a 30.500 escuelas o 40 mil kilómetros de ruta».

Para infraestructura se destinarán en 2017 $43.800 millones, lo que significa un 70% más que lo proyectado en 2016 y cuatro veces lo ejecutado en 2015.

También se aprobó la Ley Impositiva, a la espera de recaudar 200 mil millones de pesos de recaudación propia. Esa iniciativa prevé un aumento del orden del 36% en el Impuesto Inmobiliario; una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para 120 mil pequeños comercios; y no contempla cambios en el Impuesto Automotor.

Acuerdos, traiciones y reparto

Intendentes y legisladores se quedaron pulseando hasta el final: en un salón reservado se juntaron los intendentes del grupo Esmeralda Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), cara a cara con la cúpula de La Cámpora, representada por los diputados nacionales Eduardo «Wado» De Pedro y Andres «el Cuervo» Larroque, además del senador provincial Santiago Carreras.

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, de La Matanza, cerraba esa mesa, como mediador y parte.

En un hotel cercano, cada intendente peronista punteaba las obras que necesitaba en su municipio para que fueran incluidas en una planilla anexa y votadas junto al presupuesto. Planteos más o menos, esas obras cerraron la discusión para el grueso de los jefes comunales, especialmente los del interior, que se iban despidiendo después de completar el trámite. Algunos se cruzaron hasta el Senado, para estar presentes en la votación.

«Esta noche, el que rompe el acuerdo y vota en contra del resto del grupo, que se olvide del peronismo en 2017», advirtió un intendente, antes de la negativa de La Cámpora, que no se  sabe si votó en contra por los incidentes en Jujuy o porque no le daban los cargos que había pedido en la interna.

Por el puesto de Defensor del Pueblo, que el grupo Esmeralda ya había acordado con el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, para que lo ocupara el ex sciolista y ahora randazzista Guido Lorenzino, que anoche fue formalizado en el cargo.

Caída esa posibilidad, los camporistas pujaron por el segundo cargo en importancia creado por la ley sancionada anoche: el de Defensor del Pueblo adjunto general, que el massismo ya había cerrado para Walter Martello. Se les ofreció entonces la tercera adjuntoría creada por la nueva ley, pero no la aceptaron. En el medio, el radicalismo se quedó con el Defensor Adjunto para Derechos Humanos, que fue para Marcelo Honores (hoy interino); mientras que el Movimiento Evita, a través de Eduardo «Cholo» Ancona, se reservó la adjuntoría especializada en Derechos Sociales.

Si no accedían a la Defensoría o la Defensoría Adjunta General, los camporistas amenazaban con no votar y dejar «pegado» al resto del peronismo aprobando el endeudamiento de Vidal. Para los intendentes, significaba cerrar el año del mismo modo que lo habían comenzado: divididos.

Por último, en el Senado prestaron el acuerdo de rigor para que el actual secretario Legal y Técnico de la gobernación bonaerense, Julio Conte Grand, sea designado como Procurador General de la Suprema Corte de Justicia provincial.

Con el sólo rechazo de la senadora de Nuevo Encuentro Mónica Macha, el pliego remitido por la gobernadora María Eugenia Vidal obtuvo el acuerdo necesario del Senado para que finalmente Conte Grand reemplace a María del Carmen Falbo en la titularidad del Ministerio Público fiscal.

Grand es el nuevo Procurador

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