Segundo round en el Concejo, entre el FPV y Cambiemos, por el Servicio Alimentario Escolar

El gobierno de Ramiro Tagliaferro defendió la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en Morón y comparó la contratación con el modus operandi del sabbatellismo, que volvió a denunciar la «fragmentación» de compras entre empresas que, aseguró, «comparten vínculos societarios».

La sesión había sido convocada el 6 de abril con los votos del FPV, Frente Renovador y Socialismo, basada en una denuncia del Nuevo Encuentro que aseguraba que el Ejecutivo contrató «empresas fantasmas» que distribuyeron «comida en mal estado» en las escuelas, tras el convenio que firmó el Municipio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a fines de enero, en el marco de un plan piloto en el Conurbano.

El intendente no bajó  para la «interpelación» y en cambio en vió al secretario interino de Economía y Finanzas, Jorge Álvarez Holmberg; y al subsecretario de Legal y Técnica, Cristian Herrera.

Unas horas antes, Tagliaferro se paseaba junto al ministro Santiago López Medrano, quien, consultado por este medio, festejaba el plan del SAE.

«Los fondos siguen siendo provinciales, pero cambia el órgano que administra. Viene funcionando muy bien, hay mejoras en el nivel nutricional, en la calidad de los menúes – indicó- . Hace diez días presentamos una apelación a la cautelar, que tiene que resolver la Cámara y esperamos que sea favorable. Estamos haciendo un plan piloto pero la vocación de la gobernadora es extenderlo a todos los municipios de la Provincia».

En la primera sesión que abordó el tema, quedó fuera de discusión la denuncia original, aunque el FPV y Cambiemos se prepararon para dar una batalla política y legal en el recinto, el viernes pasado. Tanto es así que el FR los comparó y se retiró del recinto haciendo el mayor escándalo posible.

El secretario de Haciendo hizo foco en que «la Provincia duplicó el presupuesto destinado a la alimentación de los chicos y un equipo de nutricionistas armó un menú para mejorar la calidad de la comida», algo que fue reconocido por el socialista Favio Martínez y por la concejal K María Virginia Veyga, una especialista en el área educativa.

Los cambios en el SAE descubrieron otros problemas, no obstante, como que las escuelas no estaban preparadas para conservar comida o que los cocineros no estaban capacitados para el nuevo menú. No obstante, la jefa de bloque de Cambiemos, Analía Zappulla, leyó el fragmento de un acta de la escuela 33, que según la denuncia del FPV había reportado irregularidades, donde los directivos se manifestaban conformes con el servicio.

Entonces lo más complejo pasó a ser el asunto legal. «El traspaso (del Consejo Escolar a la Municipalidad) se dio el 31 de enero y las clases comenzaron el 6 de marzo, por lo que era imposible encarar una licitacion pública», argumentó Herrera. La compra se dividió en seis zonas.

Y explicó: «Había dos formas de hacer este proceso. Una era agrupar los establecimientos y realizar una licitación en forma privada y, la otra, hacer una contratación directa y, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, seguiríamos cumpliendo la normativa. Elegimos la primera opción para evitar la contratación directa».

«Lo que se descubrió es que las empresas adjudicatarias tienen vínculos societarios entre sí y que una de ellas ya había sido denunciada en el año 2012 por entregar yogures en mal estado a escuelas porteñas», indicó, por su parte, Hernán Sabbatella.

El referente del Nuevo Encuentro aseguró que «desplazaron a los históricos proveedores locales para favorecer a las empresas Bagala S.A, Teylem S.A, Equis Quince y Compañía Integral de Alimentos S.A».

«Pero además de violar el procedimiento administrativo de contrataciones, no le importó contratar a Teylem S.A, una empresa que ya tenía una denuncia previa por entregar comida en mal estado en, al menos, tres escuelas porteñas», sostuvo el presidente del bloque de concejales del FPV.

El sabbatellismo cargó contra fragmentación de compras, algo que suele generar sospechas cuando se trata de un modus operandi. A cambio, el oficialismo denunció que la gestión anterior hacía órdenes de compra directa, en vez de llamar a licitación.

«Los egos del FPV y de Cambiemos llevaron la interpelación a una discusión de horas entre los bloques sobre lo que roban o dejan de robar. Fue por eso que junto a los concejales del Frente Renovador optamos por retirarnos del recinto», se quejó Favio Martínez.

Un rato ante, el jefe del bloque renovador, Jorge Laviuzza, repitió su actuación de octubre de 2016, cuando se levantó de su banca a los gritos, en ese caso por no poder aprobar un bono para los municipales.

Cuando el Dr. Herrera le comenzaba a contestar comparando su actos con los del modelo sabbatellista, lo interrumpió y pidió no escuchar » más pelotudeces».

«Estamos cansados de escuchar en este recinto a los funcionarios municipales decir que van a presentar 200 denuncias penales, siempre con el mismo argumento, que el gobierno anterior había firmado convenios que no pasaron por acá y al día de hoy no hay ninguna denuncia. Mientras que el bloque del Frente para la Victoria, que criticaba todo hasta diciembre, le terminó votando la rendición de cuentas. Esto es una vergüenza», recordó.

Luego, el concejal Martín Marinucci dijo que «nos fuimos sin saber concretamente porqué no hicieron una licitación pública».

«Aducen que no daban los tiempos. Claramente fue intencional, o los funcionarios no tienen la capacidad para afrontar tamaña responsabilidad siendo que otros municipios pudieron hacerla sin ningún inconveniente. Esperamos que el Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio sea tratado inmediatamente en el Concejo Deliberante», sostuvo el principal referente de Massa en Morón.

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