El fallo de la Corte Suprema que benefició a un ex represor del Posadas sólo cosechó críticas

El beneficio que la Corte Suprema otorgó para un ex represor del Hospital Posadas, que ya tenía arresto domiciliario, reabrió el debate sobre si se retrocede en materia de Derechos Humanos o se trató de un tecnicismo de la Justicia. La oposición, pero también el oficialismo, cuestionaron el fallo.

La decisión dividida del Máximo Tribunal dejó abierta la puerta de escape para aquellos que cometieron delitos de Lesa Humanidad y ya fueron condenados.

La fiscal Ángeles Ramos pidió hoy la «inconstitucionalidad» del beneficio, al dictaminar sobre un pedido de excarcelación planteado por la defensa del represor Víctor Gallo tras el fallo del martes último.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavagno, salió en contra de la aplicación del «2×1 en cualquier caso». El discurso ingresó en una zona gris.

El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, rechazó hoy «a título personal» el fallo, al evaluar que «esta decisión puede tener un impacto negativo en materia de derechos humanos» y que el máximo tribunal «no ha seguido el derecho internacional».

La oposición fue mucho más allá y lo consideró un cambio de paradigma, con Cristina Kirchner a la cabeza, pese al insólito silencio cómplice en el que permanece ante la represión de Estado en Venezuela, de cuyo régimen ella fue socia. «Esta decisión (de la Corte) debe ser revertida porque yo quiero vivir en un país donde los genocidas no caminen por la calle», dijo anoche en SADOP, ante un público militante y sin posiblidad de re pregunta.

En el FPV se opinó en el mismo sentido. «Desde nuestra Agrupación repudiamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace de la impunidad una bandera que claramente marca un cambio de época», comunicó a la Gerlbard.

«Todo esto que ha pasado me genera muchísima bronca, dolor, indignación. Y me da vergüenza tener una Justicia como ésta. Pero no nos sorprende, porque desde que este gobierno asumió vinieron con agravios y cosas que se vinieron dando con las cifras de los desaparecidos y la reinstalación de la teoría de los dos demonios. Siguen avanzando y la verdad es que la Justicia deja mucho que desear», se despachó la directora de DDHH de Hurlingham, Odila Casella. La referente de la Comisión por la Memoria de Hurlingham comparó este fallo con los indultos de Menem.

Por su puesto, la izquierda continuó con los cuestionamientos. Malvina Vila, trabajadora del Hospital Posadas y referente del PTS  repudió un fallo, que (textual) «permite liberar a Luis Muiña, figura nefasta para este hospital y que le abre la puerta a la liberación de más de 750 genocidas».

Muiña estaba con prisión domiciliaria. El PTS asoció el fallo a la renovación política de la Corte. «Rosatti contó con el voto positivo de 60 legisladores: 29 votos del bloque PJ/FpV, 9 la Unión Cívica Radical y el PRO con 6. Mientras que el de Carlos Rosenkrantz contó con 58 votos a favor, 26 PJ/FpV, UCR 8 y el PRO 6, por nombrar solo los bloques principales».

Muiña formaba parte del autodenominado grupo «SWAT», un comando paramilitar interno del Hospital Posadas. Los SWAT se paseaban cargando armas por los pasillos del Hospital, deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. En el 2011, Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 a la pena de trece años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.

El Partido Obrero recordó que Muiña fue condenado en 2011 por privación ilegítima de la libertad y torturas de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester (desaparecido), Jorge Mario Roitman (desaparecido), Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

Todos ellos fueron secuestrados el 28 de marzo de 1977 en en el Hospital Posadas y permanecieron cautivos en el centro clandestino conocido como “El Chalet”.

«Repudiamos este fallo que está en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el Gobierno Nacional. La reivindicación del terrorismo de Estado y las políticas de reconciliación con las Fuerzas Armadas tiene ya una larga trayectoria que incluye las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como la asignación en el gobierno kirchnerista de César Milani al mando del ejército», comunicó ayer el PO.

En tanto, el líder massista de Morón Martín Marinucci, dijo que «este fallo es un gran retroceso en políticas de Derechos Humanos». Y pidió que “esta sentencia no dicte jurisprudencia” ya que “sería mundialmente vergonzoso que a partir de esta decisión, nuestro país comience a beneficiar a secuestradores y represores de la última dictadura”.

En defensa del Gobierno, el director de DDHH de Morón, Francisco Mones Ruiz, analizó el fallo: «El contexto de fallo nos preocupa. Pero el fallo es discutible. Los delitos se cometieron antes del 2×1 y el juicio se realizó con ese beneficio derogado».

– ¿Es un tecnicismo o un cambio de clima?

– Ruiz: Los DDHH se defienden siempre, no importa bajo qué Gobierno, ni en qué época. Es una decisión de la Corte. Pero aún así, uno está a favor de los DDHH. No se puede tener doble estandar. La gestión anterior se quedó con Milani. Uno tiene que expresarse porque los DDHH deben ser una política de Estado, no de un gobierno. Cambiemos es un espacio plural. Hay quienes van a estar de acuerdo y otros que no. Ayer hablé con gente de diez municipios y todos estábamos en desacuerdo con el fallo. No tiene que ver con fronteras partidarias sino con nuestro compromiso.