Toda la oposición salió a cuestionar el veto al paquete de beneficios fiscales para las pymes

Las organizaciones empresarias y sindicales K, más los concejales que elaboraron y votaron el paquete de beneficios fiscales para la industria y el comercio salieron a cuestionar el (previsible) veto que el intendente de Morón confirmó ayer sobre la ordenanza aprobada hace 15 días por la oposición.

«La actitud del intendente de vetar la Ordenanza de Emergencia Productiva y Comercial desconoce la realidad que atraviesan los comerciantes de barrio y las pymes de Morón, que generan el 80% de trabajo en nuestro municipio. El Municipio no dialoga y no escucha a los vecinos y vecinas que han emprendido algún tipo de desarrollo comercial o industrial», sostuvo el jefe de bloque kichnerista, Hernán Sabbatella.

Esta semana el secretario de Economía Local, Esteban Casaburo, había también salido a rechazar ese último argumento, la mostrar una catarata de tuits en los que aparecía reunido con las distintas cámaras de comercio locales.

«Ya no nos sorprende nada de este gobierno insensible. Esperamos que el intendente recapacite», exhortó Sabbatella, quien había llevado al recinto un proyecto elaborado entre la CGERA y un foro de sindicatos, del que tanto empresarios como dirigentes sindicales se presentan ahora como candidatos en Morón, por Unidad Ciudadana o el PJ. Ese proyecto fue mucho más abarcativo de lo que, en principio, la propia cámara sostenía.

De todas formas, era de esperar que ayer saliera a rechazar el veto del Ejecutivo. La ordenanza de «emergencia», «fue parte de la construcción de esta ordenanza que no significaba una solución a los problemas de las Pymes moronenses en estos tiempos de crisis sino apenas una ayuda», se sostuvo.

Y se montó en su propio relato: «Debido al crecimiento que tuvieron las Pymes en los últimos 15 años, jamás tuvimos que pedir una emergencia productiva ni comercial. Estar pidiendo ayuda no es algo que nos agrade hacer las Pymes, son las políticas tomadas a nivel nacional las que nos llevaron a esta situación de cierre de industrias, cierre de comercios y pérdida de empleos en nuestro distrito».

No es que no haya problemas, pero son muy similares a los de 2012 y 2014. O a lo que ocurre en cualquier otra comuna, donde no hay antecedentes de un paquete fiscal tan generoso, donde se exime del pago de tasas a un universo de micro y medianas empresas.

«Es un verdadero error político que Tagliaferro vea en los pequeños y medianos empresarios de Morón como adversarios políticos que quieren desfinanciar al municipio. Cada dueño de una fábrica o de un comercio se levanta todos los días pensando en cómo sostener su Pyme y los puestos de trabajo que de él dependen», cerró la CGERA de Ariel Aguilar.

Por su parte, el concejal y precandidato massista Martín Marinucci, consideró que el veto «era previsible que esto sucediera pero no perdíamos la esperanza de que recapacite entendiendo de que a veces es necesario ajustar el gasto del estado en las cajas chicas de los funcionarios y no ajustar sobre las PyMEs y comercios».

«El intendente debería primero ajustar las finanzas del municipio recortando por ejemplo el gasto de combustible, peajes, almuerzos, lavado de autos y cambios de aceite en muchos funcionarios que incluso viven a más de 300 kilómetros de acá en lugar de ajustar sobre quienes dinamizan la economía local y quienes conservan el empleo de muchos vecinos», apuntó.

Y explicó que «nuestros vecinos y comerciantes pagan sus tasas y consumen servicios, no pueden seguir ajustando ahí. El ajuste debe ser en la estructura política y de gobierno y no sobre los sectores que más producen. Nosotros creíamos que podían objetar algo en la reglamentación, podemos discutir y hasta incluso no estar de acuerdo en algunos aspectos. Lo que no vamos a tolerar es que el intendente nos siga mintiendo con la excusa de que esto desfinancia al estado».

En tanto, el municipio dejó hablar al secretario de Economía, Jorge Álvarez Holmberg, sobre un tema que quiere cerrar pronto, por sus costos políticos: «Claramente era una medida política, que atentaba contra el municipio. Pero estamos trabajando para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas. Lo que propusieron era imposible. Eran 45 millones menos que complicaba el pago de salarios y la recolección de residuos», afirmó.

«Hemos consultados en otros municipios y no hay antecedente de una cosa semejante», rescató.  También explicó que no hay crisis en los números fiscales: «Estamos con un 44% de lo previsto en recaudación. En junio hubo un repunte muy importante, dentro de lo previsto este año».