Familiares de la Tragedia de Once pidieron hoy confirmar las condenas, a 6 años de la masacre

A seis años de la tragedia ferroviaria de Once, familiares de las víctimas manifestaron «esperar ansiosos que los corruptos vayan a la cárcel», durante un acto en el que recordaron a los 51 fallecidos. Además, le pidieron a la Cámara de Casación Penal que confirme las condenas dictadas en diciembre de 2015. Esta tarde los recibe el Presidente.

A las 8:30, la hora del accidente, sobrevivientes, familiares y amigos se concentraron en el andén 1, frente al «Memorial de los Corazones» que ellos mismos instalaron.

«Ya pasaron seis años desde que perdimos a nuestros seres queridos, queremos que la Cámara de Casación confirme las condenas que fijó el tribunal en diciembre de 2015 y que los responsables vayan a cumplir su pena a la cárcel como corresponde», declaró María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, uno de los jóvenes que murió en la tragedia.

Una vez concluida la lectura del documento, los familiares se dirigieron a la Plaza Miserere, vecina a la estación ferroviaria, para dejar ofrendas florales en el monumento de homenaje a las víctimas emplazado en ese paseo público.

A las 14.30, un grupo de familiares se entrevistará con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.

«Luego de la invitación del presidente Macri, entre todos decidimos concurrir a la reunión y ratificarle nuestro pedido de justicia», anticipó Rey.

En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de 8 años de prisión a Pablo Schiavi, secretario de Transporte al momento de la tragedia; 6 años para su antecesor, Ricardo Jaime; 9 años para el empresario Sergio Cirigliano y 3 años y medio para el maquinista del tren, Marcos Córdoba.

Las mayores condenas cayeron sobre Schiavi y Cirigliano, ex concesionario de Trenes de Buenos Aires, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de las formaciones del Sarmiento.

El Tribunal dio por probado que existió una relación causa efecto entre ambos hechos, los que desembocó en la fatal colisión contra el andén de Once.

También recibió una condena Jaime, a quien el tribunal aplicó una pena unificada con dos anteriores, pero sólo lo consideró responsable por el mal uso de los subsidios que pagaba el Estado a la prestataria y no por el estrago culposo.

El maquinista Córdoba, para quien dos de las querellas habían pedido la absolución, recibió una sentencia de tres años y seis meses de prisión y siete de inhabilitación para conducir, ya que se dio por probado que no frenó a tiempo para impedir la embestida de la formación contra los paragolpes del andén.

Los familiares de las víctimas que colmaron la sala de audiencias y la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde se instaló una gran pantalla, consideraron que se trató de «un fallo histórico».

Si bien la condenas aplicadas fueron levemente inferiores a las pedidas por los fiscales, y sensiblemente menores a las que demandaban dos de las cuatro querellas, el fallo se dio en un tiempo razonable.

El juicio había comenzado 21 meses antes y el fallo fue dos años después del choque, lo que marca una gran celeridad frente a las demoras de más de una década que suelen insumir las causas penales en el fuero federal, adjudicable a la presión social por encontrar responsables.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, prohibió la salida del país de los condenados, que llegaron en libertad al juicio.

Ademas, el TOF2 ordenó extraer testimonios para que se abra una causa para investigar si tuvo responsabilidad el ex ministro de Planificación, Julio De Vido en la comisión del delito de defraudación al Estado, ya que era el máximo responsable político por el pago de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al control de las formaciones.

En mayo de 2016 el juez Claudio Bonadio procesó a De Vido por «estrago culposo» y «administración fraudulenta» y le trabó un embargo por 600 millones de pesos, una causa aún en curso y en la que declaró la semana pasada Florencio Randazo, último ministro de Interior y Transporte del kirchnerismo.