El hermano de un expresidente Uruguayo fue preso por coimas en el contrato del Soterramiento

La jueza de Andorra Canòlic Mingorance envió a prisión al operador financiero Andrés Sanguinetti, medio hermano del ex presidente uruguayo Julio María, tras concluir que existen pruebas suficientes para considerarlo protagonista de una multimillonaria operatoria de coimas y lavado de la constructora brasileña Odebrecht, relacionada con la firma del contrato por el Soterramiento del Sarmiento en 2008.

Sanguinetti estaba procesado, con prisión domiciliaria, desde agosto del año pasado. La jueza Mingorance ya mantuvo un primer contacto con magistrados argentinos. Y también investigó las relaciones de Odebrecht con el gobierno de Perú. Es la misma empresa del Lava Jato en Brasil, también investigada y con condenas en Estados Unidos. La causa avanzó además en Ecuador. Aunque muy poco en Argentina.

Conocido como Betingo, el dirigente de Peñarol y hermano del expresidente Uruguayo, negó los cargos y aceptó su extradición a Andorra, poco después de que la Justicia del Principado ordenara su búsqueda e Interpol lo localizara en Montevideo. En Europa quedó detenido.

Para su abogado, Jorge Barrera, Sanguinetti es ajeno a la operatoria delictiva. «Estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo», dijo a la prensa uruguaya, por lo que sostuvo que «no tenía posibilidad de abrir cuentas de clientes y no puede responder por actos en los cuales actuó como subordinado».

Sin embargo, un exabogado externo de Odebrecht devenido testigo protegido en Madrid, Rodrigo Durán, relató sus encuentros en Barcelona con Sanguinetti y un ejecutivo brasileño, Luiz Eduardo da Rocha Soares, uno de los máximos responsables de los sobornos que pagó Odebrecht, condenado en Brasil, donde se acogió al régimen de la delación premiada.

El capítulo andorrano del Lava Jato ya alcanza a Sanguinetti y a otros 29 acusados, y ganó fuerza cuando el diario El País, de España, reveló que la compañía brasileña pagó más de $200 millones en sobornos a políticos, funcionarios y empresarios de América Latina a través del BPA.

Entre los sobornados, El País identificó a exministros y un gobernador de Venezuela, figuras de Panamá, Perú y el entonces subsecretario general de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan.

Entre los documentos de la policía andorrana a los que accedió el diario español, sin embargo, también incluían un reporte del 11 de abril pasado, en que los investigadores relevaron que el consorcio que Odebrecht integró junto a la constructora Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Ghella y Comsa desembolsaron al menos $395.000, en negro, a una subcontratista para canalizar sobornos.

El dato surge de las actas secretas del departamento de «compliance» del BPA -es decir, el área a cargo de evaluar las buenas prácticas y detectar maniobras ilícitas dentro del banco-, en las que consta un llamativo pedido que remitió Sanguinetti desde Montevideo.

Representante del BPA en Uruguay entre 2006 y 2015, Sanguinetti pidió la venia del banco para pagar con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el tren Sarmiento. «Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B», planteó el 22 de julio de 2011.

La empresa que aparece como subcontratista -y receptor de esos euros- permanece en las sombras, mientras que los nombres correctos de ambas sociedades son Lion’s Soul Corporation, con sede en Amsterdam, y Carday Capital, constituida en Panamá, publicó el Diario La Nación.

Constituida por Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño que protagonizó los Panamá Papers, Carday Capital es controlada por Dulcan Inc y Winsley Inc., otras dos sociedades panameñas que aparecen en varias investigaciones.

Entre otras, por una estafa a 1000 inversores canadienses, por un caso de corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y por el «caso Gürtel» de financiamiento ilegal del Partido Popular español.

Julio María Sanguinetti defendió a su hermano tras ser detenido el año pasado por Interpol y luego dejado en libertad con una fianza de US$ 30 mil. «Es un injusticia que lo citen de este modo compulsivo; no cometió ninguna ilicitud. Es un muchacho serio y decente», dijo el expresidente.

«Mi hermano era funcionario de un banco de Andorra, no era ni jerarca ni gerente, ni nada. Era un tercer escalón y no tenía ni capacidad de abrir cuentas. El propio brasilero de Odebrecht dice `nunca le dimos un dólar a Sanguinetti`», afirmó ante la extradición de su medio hermano.