Flybondi suma denuncias y sigue con el uso limitado de su base en El Palomar

Mientras se aguarda por una audiencia pública para el 28 de marzo, para cumplir con uno de los requisitos que la Justicia impuso para que Flybondi empiece a operar el 9 de febrero en el nuevo Aeropuerto de El Palomar, la empresa suma tantos vuelos como inconvenientes técnicos, además de denuncias.

Julián Cook, el CEO de Flybondi, admitió al diario Clarín que desde el comienzo de la actividad en el país, 156 vuelos quedaron afectados por cancelaciones, demoras o cambios de aeropuerto.

Según la empresa, todo se debe a que la Justicia Federal de San Martín sigue sin levantar la medida cautelar, pedida por vecinos de la zona, que sólo permite tres arribos y tres despegues por día en la base de El Palomar, hasta que se garantice que una actividad mayor tendría un impacto ambiental aceptable.

«En el primer mes, vendimos más de 100.000 pasajes, todos a través de Internet, y logramos ocupar los aviones al 70%. La gente se entusiasmó con la propuesta y más del 20% de los pasajeros fueron personas que nunca habían viajado en avión, pero con nuestras tarifas pudieron hacerlo», destacó el representante de Flybondi.

Pero agregó: «Lo que más nos preocupa es que no nos dejen usar plenamente el aeropuerto que habíamos elegido como base para operar. Con el límite actual, la mitad de los vuelos tenemos que hacerlos desde Aeroparque. Pero ahí las escalas demoran no menos de 50 minutos, cuando nuestros tiempos prevén sólo 30, y no hay espacio para dejar los aviones por la noche».

«También, la semana pasada tuvimos que operar desde Ezeiza, siempre llevando nuestro personal de un aeropuerto al otro. Todo eso va haciendo que se acumulen demoras y no nos deja cumplir con los cronogramas previstos», dijo.

Según Cook, esto hizo que unos 5 mil pasajeros sufrieran demoras o que debieran partir de -o llegar a- un aeropuerto distinto al que esperaban. Mientras que otras 5 mil personas directamente no pudieron volar, porque unos 120 vuelos debieron cancelarse.

La firma resolvió aplazar para el 28 de marzo el debut de la ruta a Corrientes (que debía arrancar la semana pasada) y el de la ruta a San Salvador de Jujuy (que estaba previsto para este martes), devolviendo el dinero de todos los tickets comprados hasta esa fecha.

En el Ministerio de Transporte de la Nación explicaron que el estudio de impacto ambiental exigido por la jueza Martina Forns para permitir más vuelos diarios en El Palomar fue ya presentado «hace dos semanas». Para el 28 de marzo, en tanto, se convocó a una audiencia pública en la «Biblioteca Popular Juan Manuel Giuffra», ubicada en la calle Capitán Joaquín Madariaga N° 574, Morón.

Todo quedó en suspenso cuando Forns, el 5 de marzo, pidió apartarse del caso alegando que sintió «violencia moral» por las acusaciones de un abogado K que la acusó de «prevaricato». Para el kirchnerismo de la zona, la jueza (militante de Justicia Legítima) pasó a ser una «traidora» por autorizar los vuelos.

«Se demoraron los plazos porque la jueza se excusó. Ahora estamos a la espera de novedades», explican en Transporte. La Cámara Federal rechazó el planteo de Forns.

La jueza federal de San Martín sólo autorizó 3 despegues y 3 aterrizajes al día, y pidió un informe detallado de impacto ambiental, que el Gobierno ya presentó.

El abogado Lucas Marisi acaba de hacer una denuncia penal contra los directivos de la empresa y contra funcionarios porque Flybondi, según acusa, «violó el tope de tres vuelos» en dos oportunidades: el 28 de febrero y el viernes 9.

En tanto, la abogada Claudia Sambro Merlo presentó una denuncia penal en los Tribunales Federales de Comodoro Py contra 23 funcionarios y empresarios que los considera «involucrados en el negociado de FlyBondi en la Base Militar de El Palomar». Además solicitó la clausura del aeropuerto y de los vuelos de la low cost.

La causa, que recayó en el Juzgado Federal a cargo del juez Luis Rodríguez, tiene a la gobernadora, María Eugenia Vidal, al Intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, al Ministro de Defensa, Oscar Aguad, su par de Transporte, Guillermo Dietrich, al titular de la ANAC, Tomás Insausti, y al presidente del ORSNA, Patricio Di Stefano, como principales denunciados.

A su vez la letrada también apuntó contra todos los concejales de Morón que «convalidaron y votaron ordenanzas locales relacionadas al desguace y conversión de la Base Militar de El Palomar en un aeropuerto comercial».

En la denuncia sostuvo que el objetivo de las medidas tomadas por los funcionarios son «para que FlyBondi, de propiedad del fondo Pegasus del Vice Jefe de Gabinete Mario Quintana, se vea económicamente beneficiada al no tener que pagar las tasas aeroportuarias de Aeroparque y Ezeiza».