Ritondo y Magario liman asperezas, mientras intendentes reclaman por la Policía Local

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, mantuvieron una cumbre en La Plata luego de la tensión entre ambos por el asesinato de un chofer de colectivos en Virrey del Pino.

El encuentro trascendió luego de que intendentes del peronismo, encabezados por el lomense Martín Insaurralde y Magario, anunciaran que abrirán en el Senado una instancia de diálogo para abordar de manera conjunta una agenda respecto de la Seguridad en la Provincia.

Los últimos y muy violentos hechos delictivos en La Matanza reavivó la polémica sobre la responsabilidad sobre la PL. El lomense ya impulsó en 2016 un proyecto para que la Provincia traspase la policía a la órbita de los municipios. Su vecina lo desempolvó para salir de las cuerdas hace apenas unos días.

Ese proyecto preveía el traspaso a los Municipios de la Policía de Prevención Local y de la Policía de Seguridad de Distrito, junto con “los recursos presupuestarios que garanticen su adecuado y funcionamiento”, equipamiento y personal, para que quede bajo la dependencia orgánica y funcional de los intendente. La nueva fuerza, llamada “de Prevención Municipal”, siempre según la letra de la iniciativa parlamentaría, podía portar armas, detener y poner a disposición de la justicia.

Por entonces Insaurralde consiguió el apoyo del buena parte del peronismo y del Frente Renovador. Y llegó a asegurar que la propia Vidal lo veía con buenos ojos. No prosperó, sin embargo, según aclaró entonces, debido a que el Gobierno no quería que se mezcle “con el año electoral”.

Las Policías Locales no dependen de los municipios, pero los intendentes tienen injerencia en la conducción política. Luego está la inversión. Y la disposición. La Matanza tiene más de 1600 uniformados, pero en el último año realizaron apenas 160 detenciones, el índice más bajo de todo el Conurbano.

El asesinato en una tentativa de robo disparó responsabilidades desde ambas partes. Ritondo acusó a la intendenta de no gastar los fondos que envía la provincia. Incluso motivo un pedido de informes del diputado Matías Ranzini para saber si el municipio tenía cuentas bancarias con montos que coincidan con los envíos de provincia.

En tanto, Magario argumentó que la seguridad no es una responsabilidad de los municipios ni de los intendentes, sino del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro de hoy, Ritondo aseguró que se acordaron realizar reuniones semanales de las que participarán equipos del ministerio, la municipalidad y autoridades policiales, en las que se trabajará sobre el mapa del delito para ver las áreas que tenemos que reforzar. «Entendemos que la seguridad es una cuestión de Estado, y, por eso, en este plano no tiene que haber diferencias políticas», aseguró el ministro.

Por su parte, Magario sostuvo que «estamos empezando una nueva etapa y apostamos a que el trabajo en conjunto muy pronto se refleje en las calles del distrito».

Desde La Matanza, aseguran que la intendenta vio buena predisposición por parte de Ritondo y se quedó expectante con el trabajo de ahora en adelante.