La batalla por las tarifas y las tasas se traslada a la Legislatura

Mientras que el Defensor del Pueblo bonaerense presentó un planteo de «nulidad e inconstitucionalidad del cuadro tarifario de luz y de gas», diputados de Cambiemos pusieron en marcha ayer una avanzada para sancionar el proyecto que elimina de las tarifas de servicios una serie de impuestos recaudados por los municipios.

La estrategia del oficialismo quedó expuesta ayer cuando integrantes del bloque que conduce Maxi Abad salieron a apuntar públicamente a la oposición, que rechaza el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

La polémica se remonta al anuncio de la gobernadora Vidal de una serie de medidas para aliviar el impacto de la suba de tarifas: la eliminación de impuestos que se cobran con las facturas de luz, gas y agua que recaudan tanto la Provincia como los municipios.

La parte de la Provincia fue resuelta a través de un decreto y de un proyecto de ley que se sancionó rápidamente. Implica una baja en el monto total de las facturas de servicios con un costo total de unos 3 mil millones de pesos que el fisco provincial dejará de percibir al año.

Pero lo correspondiente a los municipios quedó envuelto en una pulseada política en la Legislatura. Los intendentes del peronismo pusieron el grito en el cielo por la pérdida de recaudación que implica la norma, que lleva casi a cero un porcentaje de la factura de energía eléctrica que recibían los municipios.

Los jefes comunales argumentaron que esos impuestos funcionan como una especie de compensación ante la imposibilidad de cobrar tasas a las empresas distribuidoras o a las cooperativas.

Según estimaciones, la propuesta implica una pérdida de unos 1.200 millones de pesos para esos municipios. Por eso, los intendentes de la oposición plantean que el costo sea cubierto por la Provincia o por las empresas distribuidoras.

En el marco de esa pulseada, semanas atrás el oficialismo movió sus fichas en el Senado, donde cuenta con mayoría, y aprobó el proyecto con votos propios y ante el rechazo de toda la oposición.

Pero en la Cámara de Diputados al proyecto le esperaba un panorama distinto. Allí, el oficialismo, que es primera minoría, debe contar con respaldo de al menos un sector de la oposición para conseguir sancionar la ley.

En concreto, Cambiemos tiene 44 votos contra 48 de la oposición, por eso se apuntó desde el oficialismo a sumar cuatro voluntades.

Las negociaciones serán largas. El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del próximo jueves 24 con la idea de tratarlo en las sesiones de las primeras semanas de junio.

En ese marco, la estrategia del oficialismo se centró en las últimas horas en presionar a distintos sectores de la oposición al reflotar viejos proyectos presentados por diputados peronistas que, en el mismo sentido que el de Vidal, pedían eliminar estos impuestos de las tarifas.

“Nos alegra que haya legisladores del oficialismo pero también de la oposición que presenten proyectos que piden lo mismo que estamos pidiendo nosotros, tal como el firmado por el diputado Walter Abarca hace dos años”, chicaneó ayer Marcelo Daletto (Cambiemos).

En efecto, el peronista Abarca presentó iniciativas en ese mismo sentido, por lo que en Cambiemos entienden que le costará argumentar en contra del proyecto de Vidal.

En paralelo, el “lilito” Guillermo Castello salió a reclamar “coherencia” a la oposición. “Estoy sorprendido por el doble discurso, ya que mientras que a nivel nacional, invocando un supuesto interés de no afectar el bolsillo de la población, se opone demagógicamente a la normalización de las tarifas, en la Provincia los intendentes y legisladores de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador se oponen a la eliminación de tasas municipales”, dijo.

Los cañones del oficialismo apuntan concretamente a dos bloques fruto de desprendimientos en el peronismo: el que preside José Ottavis y el que integran María Alejandra Martínez y Patricia Cubría. Desde allí también impulsaron en su momento proyectos de quita de impuestos, por lo que en Cambiemos estiman que podrían conseguir el respaldo de esos sectores.

En tanto, el Defensor, Guido Lorenzino, afirmó que el cuadro tarifario resulta «confiscatorio, y esperamos que la Justicia ordene este descalabro».

«Seas jubilado de la mínima o seas un discapacitado, pagás lo mismo que un usuario de Nordelta ya que la tarifa social es un título, casi inexistente. El Estado hace 26 meses que ha tomado partido por los más poderosos, con lo cual el Estado no está cumpliendo hoy su rol esencial que es cuidar a los más débiles, a los más desprotegidos», afirmó el ex legislador sciolista y actual Defensor, en declaraciones a FM La Patriada.

Fuente: El Día y Clarín