Revelan más datos sobre el presunto pago de coimas de Odebrecht

En un nuevo capítulo de la historia de las coimas que la brasileña Odebrecht pagó en Argentina durante el kirchnerismo para quedarse con obras públicas claves como la del Soterramiento, se conocieron audios donde el dueño de la constructora confirma a la Justicia de su país de qué manera se hacían los pagos.

Según la última entrega de la investigación del diario La Nación, fue nada menos que Marcelo Odebrecht, quien confirmó que las siglas «DGI» se utilizaron para esconder pagos a funcionarios, ya fueran considerados lícitos o ilegales en los distintos países.

Odebrecht precisó que el eufemismo «DGI» que detectaron los investigadores brasileños en múltiples documentos de la constructora no guarda relación con las siglas de algún funcionario en particular, ni en el caso de la Argentina con la Dirección General Impositiva.

Conocido como «el Príncipe de la Obra Pública» en su país, Odebrecht precisó que su compañía comenzó a dividir los pagos en dos cajas, según fueran legales (Caixa 1) o delictivos (Caixa 2), pero que en un momento decidieron englobar las «contribuciones políticas» bajo el eufemismo «DGI» para «no tener que evaluar si era lícito o ilícito».

La aclaración resulta determinante para el capítulo argentino del Lava Jato. En particular, en la investigación judicial centrada en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. Es que dos protagonistas del lado más oscuro de la constructora, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a DGI en correos electrónicos centrados a esa obra en la Argentina.

En uno de esos correos, por ejemplo, Couri Ribeiro aludió a su reunión de junio de 2010 con Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa, para debatir el pago de «DGI», según reveló el diario brasileño Estadao el 17 de febrero, mientras que en otro de los correos de Couri Ribeiro -titulado «Reunión Sarmiento»- que recuperó la Policía Federal brasileña, consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a «DGI». ¿Suma total? US$ 20 millones.

Sánchez Caballero como voceros del ex dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, negaron haber participado en actividades delictivas. Por el contrario, afirmaron que la alusión a «DGI» sí correspondió a una reunión donde se debatió el cálculo de impuestos e indicaron que Odebrecht «se cortó sola» y les ocultó información a sus las otras empresas integrantes del consorcio del Sarmiento.

Por el contrario, Marcelo Odebrecht explicó ante los fiscales brasileños que anotar «DGI» en un memo implicaba haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» u otros rubros «ilícitos» que se incorporaban a los costos finales de cada contrato.