El kirchnerismo duro intenta frenar el plan de Responsabilidad Fiscal en las comunas

La batalla política a raíz del agujero fiscal que el Gobierno se comprometió a cerrar el año que viene para conseguir el crédito del FMI complica el plan oficial. Luego de que 92 municipios adhirieran a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia, el kirchnerismo duro puso el freno de mano. La semana pasada votó en contra de la ordenanza en Hurlingham, a pesar de que el proyecto lo giró el intentendente. Y anoche hubo incidentes en el HCD de Mercedes, distrito gobernado por un camporista, cuando Cambiemos hizo valer su mayoría para sacar la «adhesión».

Los incidentes comenzaron cuando los concejales del Frente para la Victoria que responden al intendente Juan Ignacio Ustarroz, primo del ex secretario general de la Presidencia Wado de Pedro, intentaron boicotear la sesión, anoche.

«Esto no trae nada bueno para los vecinos de Mercedes», vociferó el concejal kirchnerista Diego Altube. El massismo y el bloque PJ Mercedes acompañaron el rechazo. Sin embargo, el oficialismo logró construir una mayoría para avanzar con la votación y cuando los ánimos ya estaban caldeados el recinto se transformó en un cuadrilátero gigante.

«Es extorsivo», señalaba el kirchnerismo en el Concejo de Hurlingham, ante una adhesión que también pidió Juan Zabaleta, el jefe comunal, que no gobierna el recinto y sólo pudo aportar dos votos. El resto los puso Cambiemos y el Frente Renovador.

El HCD lo preside el camporista Martín Rodríguez. Su bloque consideró además «hipócrita el ajuste a los municipios cuando Nación y Provincia se endeudan».

En realidad, es porque se tomó deuda para financiar el déficit (de casi 8 puntos en 2015) que dejó el kirchnerismo, que ahora habrá más ajuste. El dinero que entró le dio recursos extraordinarios a los municipios para obras y seguridad.

La ley de Equilibrio Fiscal establece que la planta de empleados no puede crecer más que la población, que la deuda del municipio no debe superar el 8% de los gastos corrientes y que el gasto público no tiene que aumentar más que la inflación.

A cambio de eso, los municipios podrán tomar deuda para inversión y recibirán asistencia financiera de la Provincia. Son términos similares a los que el organismo de crédito exige a la Argentina. Y hay casos recientes para recordar. En 2001 el Gobierno de De la Rúa consiguió la firma de los gobernadores (salvo Kirchner), pero luego fracasó el blindaje del FMI. En 2003 fue el propio Néstor Kirchner quien firmó un pacto fiscal. Venía de la mega devaluación duhaldista y con 40% de pobreza que enfrentar. Pero firmó con el FMI un superávit de 0.6% para el 2004.

Aquél año inició el crecimiento más grande de las últimas décadas, hasta el 2008. El segundo mandato de Cristina cambió superávit por déficit, agotó las reservas, se quedó sin crédito y acudió a la emisión como única forma para financiar el déficit. En la vuelta de la historia es Mauricio Macri el que debe cerrar el agujero, con buena parte del PJ en contra.

En Mercedes, donde Cambiemos se quedó con mayoría en diciembre, se aprobó la adhesión al Pacto. En Morón se adhirió el mes pasado. En Ituzaingó, donde el PJ viene de perder, pero mantuvo mayoría en el recinto, aún no se trató.

El expediente ingresó al HCD de Hurlingham sobre tablas el jueves pasado, por la concejal Carmen Cittadino, quien junto a su compañero de bloque Juan Pablo Argañaraz fueron los únicos de Unidad Ciudadana en acompañar el expediente enviado por el Ejecutivo para su tratamiento.

«Es una vergüenza que una gobernadora que hizo crecer la deuda pública en 5700 millones de dólares le impida a los municipios tomar créditos y sumar servicios a los vecinos”, apuntó Adrián Eslaman, concejal que responde al Nuevo Encuentro.

«Hablan de que el pacto no permite tomar deuda, pero en la misma sesión se aprobó la toma de un crédito del Banco Provincia para el recambio de luminarias a led. lo que pasó demuestra que el Ejecutivo no encuentra la brújula», respondió el macrista Alfredo Carrasco.