La Justicia de Brasil asegura que girará las pruebas sobre las coimas por el Soterramiento y otras obras K

La noticia era esperada pero todavía no es oficial por parte de la Justicia: Los fiscales de Brasil anunciaron ayer que solo restan «detalles» para que se exhorten los datos de las coimas que la constructora Odebrecht pagó para realizar obras en Argentina. Se cree que habría sdio 59 millones de dólares para ganar la licitación por el soterramiento del Sarmiento.

La información que llegaría desde Brasil apuntará, en particular, contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido , a su círculo inmediato de colaboradores -entre ellos, a su mano derecha, Roberto Baratta-, al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner, y al lobista Jorge «Corcho» Rodríguez.

El año pasado se había caído un acuerdo con el FBI y la justicia brasieña se negaba a entregar a sus informantes, por los acuerdos que tenían. Sin embargo, si se confirma un acuerdo (ayer la Oficina Anticorrupción dejó trascender que los fiscales de aquel país se «adelantaron» a la firma), se podrían confirmar las obras que tuvieron un alto grado de corrupción.

El envío de ese material depende ahora de cuestiones formales. Pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño ya lo da por descontado. Tanto, que subió ayer un comunicado oficial a su página de Internet para informar que «la Argentina selló un acuerdo con el MPF y podrá utilizar las delaciones recibidas en Brasil en el ámbito de la operación Lava Jato».

Parte de ese material ya trascendió en la prensa, a través de las entregas del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

En la práctica, ahora los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principales lugartenientes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$ 59 millones que los brasileños pagaron en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos o construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas.

«Los tribunales del país vecino podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a ex funcionarios involucrados en irregularidades», precisó el MPF en su comunicado, en el que detalló que «la Argentina se resistía a conceder la inmunidad a los delatores [brasileños] a cambio de la información, pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la SCI», en alusión a la Secretaría de Cooperación Internacional del propio MPF.

De Vido, el principal apuntado por la obra en el ramal Sarmiento, viene de declarar el jueves pasado por el juicio que se le sigue por la Tragedia de Once, donde se lo acusa de dirigir un mecanismo de corrupción que vació al servicio de trenes para llenar bolsillos de funcionarios públicos y prestadores privados. El hecho ya está probado en el juicio que se realizó en 2015 sobre funcionarios de segundo orden y empresarios. En agosto se juzgará si el entonces ministro de Planificación Federal era o no partícipe superior. En su primera indagatoria, De Vido dijo que no soportaba ser acusado por el choque del tren en Once. Así volvió a deslindar responsabilidades sobre sus propios funcionarios y el maquinista.