La Provincia envía gasistas para controlar a las escuelas de Moreno, que siguen sin clases

La Dirección Provincial de Infraestructura Escolar ordenó realizar un operativo de exhaustivo relevamiento de las 275 escuelas que funcionan en Moreno. El sábado, los directores de ese distrito anunciaron que no darán clases hasta tanto se garantice la seguridad. Mientras tanto, continúan las operaciones políticos en torno de un Consejo Escolar observado.

Según informaron desde el Gobierno bonaerense a través de un comunicado, el partido fue dividido en seis zonas para organizar la logística de la inspección. Las tareas contarán con un coordinador que organizará el trabajo de todo el cuerpo de profesionales dispuesto en el distrito.

Esta decisión se tomó tras la trágica muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez en la escuela primaria N° 49. Pero también tras el paro docente. La Provincia dispuso que 40 profesionales matriculados, junto a inspectores, revisen todas las escuelas.

El fin de semana, el interventor del consejo escolar de Moreno, Sebastián Nasif, había adelantado que saldrán a la calle los seis técnicos registrados como contratistas para estas labores. Y que tenían en carpeta convocar a otros 10 más, siempre que cumplan con los requisitos administrativos y las exigencias técnicas que permitan entrar a las escuelas.

La pelea política se disparó luego de la tragedia. Por redes sociales difundieron un video en el que se observa a dos personas sacar cajas del Consejo. La militancia de Suteba y el Municipio montaron un guardia. Apuntan al interventor de Cambiemos y evaden responsabildades a los consejeros de Unidad Ciudadana, que estaban en la mira de la Justicia.

Según la Provincia, Moreno recibió casi 40 millones de pesos en el primer semestre de 2018 para infraestructura escolar. Y otros $82 se  giraron al Municipio por el Fondo Educativo de enero a junio. Pero la administración está en una zona nebulosa.

En octubre de 2017 el Ministerio de Educación decidió intervenir el Consejo, que administraba el kirchnerismo, y ubicó un interventor que se referenciaba en Cambiemos.

La decisión se tomó por denuncias de corrupción que se hicieron públicas cuando en junio salió un informe en Canal 13. A esa altura la Justicia ya había investigado lo suficiente como comprobar algunas cosas, a tal punto que en julio procesó a cuatro consejeros de Unidad Ciudadana.

Se trata de Mónica Berzoni, Cecilia Partentti, Jorge Almada y Camilo Zarza. El Dr. Federico Soñora, a cargo de la UFI Nº 4 de Moreno, los imputó por el delito de “Defraudación por administración pública fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos”.

Nasif admitió que “todavía tenemos dos escuelas sin gas. Allí los chicos tienen dificultades por el frío”, admitió el interventor que también quedó bajo la lupa de la Justicia y las autoridades por su actuación. Se trata de la primaria N 8 “Sargento Eduardo Romero” y la primaria N° 79 “Almafuerte”. Por diversas fallas se interrumpió el servicio el año pasado y aún no lo pudieron reinstalar. En lo que va del año, se habilitó el suministro en 15 establecimientos, dijo Nasif. Y admitió que “desde el jueves hasta hoy (por el domingo) recibimos una decena más de pedidos de arreglo”.