Un sector de Cambiemos quiere declarar la educación primaria en Provincia como “Servicio Esencial”

En el gobierno bonaerense reflotaron una idea del diputado marplatense de la CCARI Guillermo Castello, quien el año pasado planteó la necesidad de establecer a la educación primaria como “servicio esencial” y restrigir así el derecho a huelga de los trabajadores docentes.

El problema se profundizó luego de la tragedia de Moreno, que los gremios docentes aprovecharon para declararle la guerra definitiva a la gestión de María Eugenia Vidal. En las escuelas públicas de ese distrito todavía no han vuelto a clase. En muchos establecimientos sin suministro de gas. Pero eso no impedía antes que se fuera igual a clases.

Es una cuestión de prioridades. La Provincia debió declarar la emergencia en 2016, como hizo Macri en 2007 en la Ciudad. Claro que es otro Presupuesto. Pero plata había. En el Fondo Educativo que sólo en Morón el peronismo pretende auditar. En el resto de los distritos sus intendentes se hacían los distraídos o directamente le negaban su destino.

Está claro que para los gremios la seguridad, la paritaria y la campaña están por delante de los chicos, por primera vez en la historia. En 2014 también el vicegobernador Gabriel Mariotto buscó frenar los paros. Firmaron sueldos a la baja.

El proyecto de Castello declara a la educación pública primaria como un servicio esencial y plantea que, ante conflictos que surjan de las negociaciones paritarias, tanto la provincia como los docentes deben asegurar el funcionamiento de los comedores escolares, el dictado de los 180 días de clases del calendario escolar y el mantenimiento de una “guardia mínima” en las escuelas los días de paro, para que los padres puedan dejar a sus hijos “con seguridad”.

También plantea que la Provincia puede incluir a las escuelas secundarias bajo la tutela. “Después de 21 días de paro docente, que perjudica a los alumnos de las escuelas públicas, en general de menores recursos, habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes”, explicó Castello, quien preside la comisión de Educación de Diputados.

Su proyecto recibió el aval, anteayer, del presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca. Y fue sostenido, un día después, por el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, durante una recorrida por el interior provincial.

Ayer, cerca de la gobernadora, sin embargo, terminaron tomando distancia de la idea y limitandola a una iniciativa de Castello. Está claro que la línea de enfrentamiento con la comunidad educativa está en el límite. Sería como echar a las directoras de escuelas que no dan clases en Moreno o el Conurbano. En este contexto, a veces es mejor dejar hacer.

“Es lamentable que los legisladores no conozcan la legislación argentina: tanto la Constitución provincial como la nacional y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho a huelga de los trabajadores”, indicó Roberto Baradel , líder del Suteba.

Para Castello, se trata de dos derechos en pugna, que tienen amparo constitucional y en tratados internacionales. “Yo, sin ser juez, evalúo que es más importante el derecho de los niños a aprender que el de la huelga docente. No hay que encerrarse en dogmas para defender privilegios”, completó.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense resolvió otorgar un 4% extra a los trabajadores estatales con los que había acordado un alza nominal del 15% para todo el año, por lo que el ajuste alcanzará el 19%. La medida ya se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según el Indec, la inflación de agosto fue la más alta del año, al llegar a 3,9%, y acumuló así en los primeros ocho meses de 2018 un avance de 24,3%, por lo que los salarios de los estatales bonaerenses continuarán por detrás de los precios.