Farmacias de la Provincia suspendieron venta a afiliados del PAMI

La pelea entre el Colegio de Farmacéuticos y el Gobierno tiene otro capítulo lamentable: desde el sábado, farmacias adheridas no venden medicamentos del PAMI con el argumento de que cobran a más de 90 días y que por efecto de la devaluación se les licúa la ganancia. Desde la obra social consideran que la cadena de pagos es normal. La historia viene precedida por un acuerdo con los laboratorios, para bajar el precio de los remedios, y la incursión de la cadena Farmacity.

La decisión de cortar, hasta el martes, la provisión de tiras, insulinas y medicamentos provistos a través de la resolución 337, a los afiliados de PAMI, motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, quien solicitó una reunión con “carácter urgente” al interventor de la obra social, Sergio Cassinotti, para plantear la “gravedad” del caso y sus efectos sobre la salud de los jubilados.

La medida adoptada por el Colegio de Farmacéuticos no prevé la suspensión total de la atención a los afiliados de la obra social, aunque amenaza con extenderse en el tiempo.

Desde el Colegio afirmaron, mediante un comunicado, que “resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con los descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéuticos”.

La entidad remarcó que el sector farmacéutico “está obligado a financiar todo el sistema, a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena de dispensa del medicamento y el único sector profesional con agentes sanitarios al servicio de la población”.

“En este contexto inflacionario los atrasos en los pagos desde el mes de abril afectan a profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes”, concluye el comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, al que adhiere fervorosamente el capítulo regional. Su directorio tiene una pelea aparte con Farmacity, el oponente que se le presenta a la Central Oeste.

“Pami cumple regularmente con la fecha de pago de los consumos de medicamentos, tal como está estipulado en el convenio vigente con las Cámaras de Laboratorios”, explicó la obra social a través de un comunicado. Se sostiene que: «El convenio entre PAMI y las cámaras de laboratorios está vigente, por lo que debe asegurarse la normal dispensa de medicamentos, con los beneficios de precios diferenciales para todos sus afiliados y los descuentos habituales que brinda PAMI».

«PAMI convoca nuevamente a las partes a mantenerse dentro del marco del diálogo iniciado el jueves, donde se podrá discutir abiertamente todas las alternativas sin poner en riesgo la entrega de medicamentos a los afiliados de la obra social», concluyeron.

El Colegio está en plena lucha judicial sobre la ley que prohíbe el ingreso de la cadena Farmacity, que gerenció Mario Quintana, hasta que tuvo que vender todas sus acciones, paradójicamente unos días antes de abandonar el Gobierno.

Será la Corte la que defina si la sociedad anónima puede o no trabajar en territorio bonaerense con ese formato. El Colegio hizo una formidable campaña en su contra. Pero respalda la conformación de la Central Oeste, una cadena que a todas luces excede los límites legales, pero tiene un fuerte respaldo político. Basta con ver cómo se relaciona el Colegio de Morón con dirigentes del PJ de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. La Central Oeste, un «supermercado» que atentó contra comercios más chicos (algunos fueron «obligados a vender»), tiene 20 sucursales en el Oeste con sociedades distintas, que a su vez maneja la sociedad anónima Central Shop, con la que comparte oficinas en Morón.

La Ley es clara: No puede haber sociedades anónimas, no puede haber farmacias a menos de 300 metros y no puede una misma persona (o farmacéutico) ser socio de más de tres sucursales distintas, bajo la figura de «en comandita» o SRL.