Después de las denuncias por sobreprecios en Desarrollo Social y PAMI el Gobierno fija precios máximos por decreto

Luego de las denuncias (y renuncias) por sobreprecios, el Gobierno resolvió que en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios «no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos» establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.

La decisión, adoptada en una Resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros, sostiene en el último artículo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Anoche, el presidente Alberto Fernández se refirió a las denuncias por sobreprecios en las compras de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que «ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija».

No obstante, la denuncia trajo consecuencias políticas. El ministro Daniel Arroyo echó a Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social, por los costos de la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN. Otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia sus puestos y podrían irse más.

Calvo había asumido en diciembre y tenía como antecedente haber ocupado la cartera de Seguridad de Almirante Brown, donde renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al intendente Mariano Cascallares.

El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.

En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante -como insistieron en el Gobierno- de los «precios testigo» que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.

No es el único caso en que trascendieron maniobras sospechosas. En el PAMI hubo una contratación directa que revela fuertes sobreprecios para adquirir alcohol en gel.

El 2 de abril el PAMI compró 1.500 sachets de alcohol en gel de 800 mililitros. Según el expediente, pagó 1.086,57 pesos por cada uno, un valor mucho más alto al que se consigue en farmacias, sitios online y supermercados. Por ejemplo, en la web se venden bidones de 5 litros por entre $2.500 y $3.500. Tomando el valor más alto serían unos $700 por litro.

En total, el organismo que dirige Luana Volnovich desembolsó 1.629.855 pesos a la empresa Servicios para la Higiene SA.

Según el expediente, publicado en la página oficial del organismo, el valor de referencia que usaron por un litro de alcohol en gel fue de 250 pesos.

Desde el organismo admitieron la diferencia de valor y dijeron que radicaría en que el producto por el que pagaron unas tres veces más viene envuelto en un packaging diferente. «Son sachets o cápsulas de alcohol en gel y son los únicos que entran en los dispensers que ya se encuentran instalados, por eso no se podía comprar otro», dijeron.