Condenados aprovechan la Pandemia: Jaime empezó una huelga de hambre para conseguir el arresto domiciliario

El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien cumple una condena por la Tragedia de Once, inició una huelga de hambre para salir de la cárcel, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal recomendara el aislamiento domiciliario de los presos en casos «no violentos» y que estén dentro de la zona de mayor riesgo ante la pandemia de Covid19.

El ex funcionario K se encuentra preso desde 2016 en la cárcel de Ezeiza, condenado a ocho años de prisión en una condena unificada por la tragedia de Once y otra causa en la que se lo condenó por ocultar pruebas.

Además, se encuentra actualmente en juicio oral y público por cinco casos de corrupción, incluyendo su presunto enriquecimiento ilícito. Las audiencias están suspendidas por la feria judicial extraordinaria debido al coronavirus.

Jaime se presentó ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6 y les pidió el arresto domiciliario hace unos diez días. Los magistrados rechazaron esa solicitud. Y le pidieron al Servicio Penitenciario Federal que «extreme las medidas de prevención, salud e higiene» que se aplican respecto del exfuncionario debido a su situación.

La defensa oficial de Jaime había pedido la excarcelación o, en todo caso, el arresto domiciliario, porque tiene 65 años y problemas de salud como hipertensión y cuadros cardíacos y respiratorios. Por todo eso, se encuentra «dentro del denominado grupo de riesgo ante la expansión del Covid-19».

La defensa de Jaime presentó un recurso de casación ante el tribunal oral. El tribunal lo concedió por lo que ahora será la Cámara de Casación la que resuelva si Jaime puede pasar el resto de su condena en prisión domiciliaria, de acuerdo con las recomendaciones que efectuó ayer el máximo tribunal penal.

Todo indica que la sala de Casación que debería intervenir es la Sala III, la que intervino en la condena por la tragedia de Once, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Si es así, la suerte de Jaime está echada y seguirá preso, pues Riggi y Catucci fueron los dos únicos jueces que firmaron en disidencia la acordada de Casación, en desacuerdo con recomendar el arresto domiciliario.

La acordada de la Casación no obliga a los tribunales inferiores a dar prisiones domiciliarias, se trata de una recomendación, pero de todos modos generó el enojo de algunos jueces de los tribunales orales. No obstante, su efecto va más allá. Jueces provinciales y cámaras federales del interior ya se comunicaron con la Casación para conocer los alcances de la medida y analizar cuestiones de interpretación.

La acordada fue producto de un trabajo de consenso que llevó más de 15 días y estuvo motorizado por la presidenta Angela Ledesma y colegas suyos que ayudaron a limar las diferencias con los otros jueces. Anteayer, la acordada arrancó el día con cuatro firmas y terminó, a la noche, con la firma de 11 de los 13 jueces, con solo dos disidencias.

Los borradores iban y venían por mail y WhatsApp, y los llamados telefónicos se hicieron eternos para negociar cada párrafo en un debate virtual que llevó una semana hasta que el escrito fue firmado anteanoche, cerca de las 23.

Se recomienda allí otorgar arrestos domiciliarios a los presos que cumplan prisión preventiva por delitos no violentos, o cuando el plazo de la prisión preventiva esté vencido.

También propone mandar a su casa, controlados de manera electrónica, a los que estén próximos a cumplir la pena impuesta y a personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; a los que estén en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; a las mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos, y a las personas con mayor riesgo para la salud, como los adultos mayores y las personas con discapacidades en riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19. También, a las personas que tienen VIH, enfermedades coronarias, diabetes o enfermedades pulmonares.

La recomendación de utilizar una tobillera electrónica para controlar a estos presos en sus casas generó un problema con el Ministerio de Justicia, que no está en condiciones de proveer gran cantidad de estos dispositivos en el corto plazo, además de que plantea un desafío tecnológico por los inconvenientes de conectividad.

(La Nación)