Pandemia, hacinamiento y cuarentena: Piden informes por los conflictos que se suceden en la cárceles bonarenses

Los senadores provinciales de JxC presentaron un proyecto para que el gobernador informe acerca de los conflictos sucedidos en las cárceles de Melchor Romero, San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela y la Unidad 33 de mujeres de Los Hornos.

La solicitud se da luego de que ayer unos 340 presos alojados en los complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires iniciaran una huelga de hambre para reclamar al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

La protesta la llevan adelante 86 internos del pabellón 9 de la Unidad 48 San Martín; 25 del pabellón 11 de la Unidad 31 Florencio Varela; 42 del área de régimen abierto de la Unidad 39 Ituzaingó; y 26 del pabellón 3 de la Unidad 27 Sierra Chica.

También lo hacen 22 internas del pabellón 5 de la Unidad 33 en Los Hornos y 140 detenidos de la Unidad 12 de la localidad platense de Gorina.

En ese sentido, los legisladores Gabino Tapia, Walter Lanaro y Felicitas Beccar Varela requirieron mediante una propuesta al Ministerio de Justicia y al de Seguridad «que aclaren los motivos por los cuales se han generado los conflictos».

También, pidieron que precisen «si se tomarán medidas de prisión domiciliaria, y a quiénes, identificando delito y pena recaída o en expectativa, de corresponder».

«Desde el Senado provincial queremos saber de forma urgente qué sucedió en las unidades carcelarias y la resolución que implementarán de los conflictos y su protocolo de actuación», sostuvieron los parlamentarios en un comunicado.

Los senadores agregaron que «es imperioso garantizar los derechos de los detenidos, así como del personal penitenciario que se encuentran trabajando en dichas unidades».

Lo que todavía no se hizo público es la situación del personal carcelario, que también fue afectado por la cuarentena y la pandemia. En el Barrio San Alberto se comenta que hace una semana liberaron al «preso equivocado», por el desborde administrativo que recaía en una sola persona.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria presiona para que se liberen más reos, aunque no en forma selectiva y deliberada como la Secretaría de DDHH de Nación. «Es imprescindible que se aplique el fallo del tribunal de casación provincial en el que el juez Víctor Violini resolvió la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables frente al Covid-19, conforme lo establecido por la OMS», sostiene la organización.

«Descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación es una estrategia clave en la lucha contra el coronavirus en contextos de encierro. La acción de la justicia no puede esperar, en sus resoluciones está la posibilidad concreta de salvar vidas», reza el comunicado de la CPM.