Intendentes de JxC respaldaron a las Madres del Dolor y piden político contra el juez que excarceló al violador Néstor Ibars

Los intendentes de Vicente López, Lanús, Tres de Febrero y La Plata, respaldaron a Viviam Perrone, integrante de Madres del Dolor, en un pedido de jury de enjuiciamiento al juez de ejecución de Bahía Blanca Claudio Brun, quien le otorgó la domiciliaria Néstor Ibars, un violador condenado por violar y embarazar a una menor con problemas madurativos.

A través de una videollamada, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Julio Garro; respaldaron la presentación de ese colectivo y también «la apelación realizada por el doctor Conte Grand, a través de un Amicus Curiae por violación de los deberes inherentes a su cargo y Comisión de Graves Irregularidades en un proceso a su cargo».

El intendente de Vicente López precisó a través de su cuenta de Twitter que «pedimos la suspensión preventiva del juez y apartamiento de su juzgado hasta tanto se dicte sentencia de jury. #NoLosLiberen».

Y agregó: «Los procesos judiciales llevados adelante por el Juez omiten procesos que garantizan los derechos de las víctimas; se violó el art. 5 de la “Ley Nacional de Víctimas”, como así también la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Este lunes, la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia recibió la primera denuncia contra el juez de Bahía Blanca.

Aunque en las últimas horas el funcionario judicial revisó la medida y envió a Néstor Ibars a una celda de la prisión de Bahía Blanca, el diputado provincial Pablo Garate (Massista, del Frente de Todos) elevó el pedido en forma remota en la oficina que se dedica revisar y canalizar los pedidos de jury contra los integrantes del Poder Judicial bonaerense.

Garate considera que Brun incurrió en «violación de los deberes inherentes a su carga y comisión de serias Irregularidades en un proceso a su carga».

Y por eso, reclamó la secretaría que disponga la «suspensión preventiva del Juez y apartamiento de su juzgado hasta tanto se dicte la sentencia del jurado».

La oficina que recibe los expedientes, a cargo de Ulises Giménez, debe dar entrada, convocar a un jurado de conjueces (legisladores y abogados, presididos por el presidente de la Suprema Corte) para determinar si avanza el proceso.

En esa misma instancia también pueden resolver una eventual suspensión temporaria. Si todo avanza, se incorpora la Procuración de la Corte como acusadora y se inicia un juicio político. Esto puede derivar en el apartamiento del magistrado de su función. Todo puede demorar meses y hasta años. Pero la presión social fue mucho más efectiva en la práctica.

El 8 de abril, un fallo del juez de Casación, Víctor Violini, exigió a los magistrados de primera instancia que revisaran las detenciones y facilitaran las domicilios a quienes estaban detenidos por «delitos leves» y cumplieron algunas de estas condiciones: mayores de 65 años; con riesgo de contagio por enfermedades previas; embarazadas y mujeres con hijos menores en las celdas.

A partir de esa decisión, según el SPB se determinaron 559 libertades bajo esas condiciones. Y se habrían registrado por lo menos otras 1.700 liberaciones como consecuencia del «movimiento normal de ingresos y egresos dentro del sistema». En las 57 prisiones provinciales hay casi 49 mil personas alojadas.

Pero Brun no será el único magistrado bajo la lupa. El massismo -que integra el oficialismo pero no está de acuerdo con la política de morigeraciones que se impulsó en estos 40 días- tiene preparado un «formulario» para que legisladores y dirigentes también denuncien otros casos cuestionados.

El diputado Jorge D’Onofrio (también massista) prepara un escrito contra María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y contra los integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma, acusado de violar a una menor de 17 años.

«El domicilio donde lo enviaron para cumplir su arresto se encuentra a unas pocas cuadras del hogar de la víctima y va a convivir con menores de edad», es una de las irregularidades que observó el legislador.

D’Onofrio aclaró que «vamos a iniciar Jury de Enjuiciamiento a los magistrados que hayan ido más allá de lo normado por la Corte y las leyes nacionales y provinciales”.