El bloque de JxC frenó el proyecto de Ley de Alquileres y abandonó la sesión antes de que se traten las escuchas

Contra los pronósticos y en un clima hostil, el proyecto de la denominada ley de Alquileres se cayó hoy en el Senado porque el interbloque de Juntos por el Cambio decidió frenar su tratamiento por una cuestión reglamentaria: no se cumplían los siete días necesarios entre su dictamen y debate en el recinto. La iniciativa podría tratarse la semana próxima.

El proyecto venía con media sanción de la Cámara de Diputados, pero se dictaminó en comisiones esta semana por lo cual requería dos tercios de los votos de los 71 diputados habilitados (el tucumano Jorge Alperovich está con uso de licencia).

El desplante se produjo luego de un duro discurso del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien acusó al oficialismo de «revanchismo».

«No vamos a acompañar la sesión porque se ha violado el acuerdo de discutir temas relacionados con la pandemia y porque no vamos a aceptar que se toque una música ajena a los intereses de la gente», afirmó Naidenoff.

Con 42 votos a favor y 29 en contra, la oposición frenó el debate de los proyectos. Los únicos opositores que acompañaron al Frente de Todos fueron la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck.

La vicejefa del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció una «maniobra espuria» de los bloques de la oposición y lamentó: «Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos».

«La ley de alquileres es un tema que venimos debatiendo hace mucho. Muchos argentinos esperaban aliviar su situación con los contratos de alquiler – lamentó Sagasti -. «Ese llamado a la democracia, a que sesionemos, a que las instituciones se abran, y todo lo que hicieron con el titular de la ‘infectadura’ es lo que quieren hacer de nuestras instituciones».

Apenas confirmada la caída del debate, desde el frente Inquilinos Agrupados atribuyeron el traspié a «mezquindades políticas» y agregaron que «por el juego que sólo juegan unos pocos dentro del Congreso, nos han dejado a millones de inquilinos esperando una semana más para saber si vamos a poder tener, al fin y al cabo, un Congreso que realmente represente nuestros intereses».

«Hoy la oposición votó en contra de 9 millones de inquilinos que esperamos hace 5 años alquilar de forma un poco más justa», protestó la asociación Inquilinos Agrupados.

«Siempre supimos que nos enfrentábamos a un poder muy importante. No bajaremos los brazos», aclararon a través de un comunicado en el que llamaron al Gobierno nacional a entender también que «una ley tan sustancial no puede ser tratada con el desprecio que ha sido tratada. Ojalá también el oficialismo entienda la grave situación que atravesamos en materia de vivienda, y actúe en consecuencia.»

«Tendremos ley de alquileres en argentina más temprano que tarde», concluyó la entidad que agrupa a los inquilinos.

Es un mercado que está regulado, en varios aspectos, por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 320/2020, que congeló los precios de los contratos de alquiler correspondientes al mes de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 y suspendió los desalojos hasta esa fecha.

Dicho decreto prorroga hasta el 30 de septiembre la vigencia de los contratos que vencen entre el 20 de marzo y esa fecha.

Sólo se establece como excepción la situación de vulnerabilidad del locador para la no aplicación del congelamiento del alquiler. En este caso debe el locador acreditar que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar.

Mientras sigan sin exceptuarse las mudanzas, se aplica el artículo 1.203 del Código Civil. Se debe considerar que tras las sanción del DNU 320/2020 se ha producido una situación ajena a la voluntad del inquilino y que se prorroga el contrato del lugar donde se está viviendo.

Con respecto al nuevo departamento, se tiene que notificar al local o a la inmobiliaria que por razón de fuerza mayor no va a poder tomar posesión del inmueble y, hasta tanto eso no ocurra, no debe pagar ningún gasto de alquiler allí. Sólo debe pagar el de aquel lugar que está habitando.

El proyecto estipula que:

– Los ajustes deberán efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales de la inflación, según el índice de precios al consumidor que mide el Indec, y de los salarios, de acuerdo con el índice Ripte.

– Los contratos se extenderán por un plazo mínimo de tres años, en lugar de los dos actuales.

– Las expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario. Solo estarán a cargo del inquilino las expensas que incluyan los gastos habituales.

– Se reducirá el depósito de garantía a un mes de alquiler. Una vez finalizado el contrato, se devolverá una suma equivalente al precio del último mes o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

– Se puedan presentar diversas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, no sólo a través de la garantía inmobiliaria. Entre ellas, aval bancario; seguro de caución; garantía de fianza; o garantía personal del inquilino (se documenta con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El inquilino puede presentar al menos dos y el locador deberá aceptar una de las propuestas.

Sobre la nueva fórmula de cálculo que prevé un balance entre el aumento de la inflación y los salarios de manera anual, los inquilinos subrayan que les dará la posibilidad de prever mejor sus gastos con los nuevos parámetros de actualización.

Para las inmobiliarias y los propietarios se trata de modificar variables que incidirán de manera negativa en el mercado.