Presentan proyecto para que los contribuyentes que dejaron de facturar por la cuarentena no paguen Ingresos Brutos

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este martes en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para que se exima del pago de Ingresos Brutos a los contribuyentes que fueron afectados por la cuarentena, entre otras ideas.

La iniciativa opositora pretende suspender la obligación de pago de anticipo mensual o bimestral, según corresponda, para aquellos contribuyentes que no puedan ejercer su actividad comercial debido a la pandemia y el ailsamiento.

En la provincia de Buenos Aires, independientemente del monto facturado, los contribuyentes tienen obligación de pagar un anticipo mensual mínimo de $466 por mes o de $932 bimestral.

Matías Ranzini, diputado bonaerense dy autor del proyecto, expresó que “el mínimo de anticipo no puede ser aplicado a contribuyentes que por casi tres meses no han podido facturar. No se puede pretender cobrar un anticipo cuando la capacidad contributiva es $0”.

El legislador además señaló que “estamos en presencia de contribuyentes que no ejercen el comercio no por decisión propia, sino por un impedimento que surge del propio Estado, por eso el Estado no puede recaudar sobre aquellas personas a las que no les permite ejercer su actividad”.

El segundo eje busca suspender el sistema de retenciones bancarias a los mismos contribuyentes impedidos de ejercer el comercio.

Muchos de ellos, pese a realizar la actividad comercial, tienen movimientos bancarios a fin de cubrir cheques o pagos de personal, y ahí el Estado percibe en concepto de pago a cuenta por medio de retenciones de Ingresos Brutos importes de hasta el 5% de lo depositado.

En este sentido, el proyecto busca liberar recursos al conjunto de contribuyentes que ya están de por sí afectados por la pandemia.

Por último, la iniciativa propone ampliar en plazo de adhesión y obligaciones la Moratoria dispuesta por Ley 15.165. “Se busca que la moratoria este vigente hasta el 30 de septiembre y que permita incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de julio de 2020.

Así como también impide que para aquellos que se adhirieron al plan con anterioridad y no puedan pagar las cuotas, estas impagas no puedan ser calculadas para la caducidad del Plan”, sentenció Ranzini.