Dejavú de 2008: Banderazo en contra del proyecto de expropiación de Vicentin y reacomodamientos políticos

Como un dejavú de 2008 (el contexto es otro, por la pandemia, pero se parece a la «125» por la reacción divisoria que genera una decisión con desenlace incierto en lo político, en el comienzo de un nuevo gobierno, que repite la historia del «doble comando» en el PJ) agrupaciones y entidades agropecuarias realizaron protestas en Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos del interior contra de la intención del Gobierno de expropiar la agroexportadora Vicentin.

La movilización de tractores, vehículos particulares y personas a pie con banderas argentinas comenzó en la provincia de Córdoba y tuvo su epicentro en la localidad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra la sede a la empresa cuya expropiación fue anunciada por el Gobierno y puesta en duda en las últimas horas.

No obstante, la protesta fue creciendo a lo largo de la tarde y tuvo su replica en la ciudad de Buenos Aires, con cecerolazos en distintos barrios y una concentración de personas y caravana de vehículos frente al Obelisco, desde donde se trasladaron luego a la Plaza de Mayo.

De acuerdo al llamado hecho a través de las redes sociales y comunicados de los distintos sectores, la manifestación se extendió en 69 localidades de provincias como Chaco; Corrientes; Salta; y Santiago del Estero y Santa Fe.

El acto central de la protesta, que tuvo lugar en Avellaneda, contó con la participación de Héctor Vicentin, accionista de la empresa y nieto de fundador, quien expresó: «Vamos a luchar. Vamos a defender nuestra historia de la mejor manera que sabemos, que es trabajar».

Además, en las distintas localidades del interior participaron de la manifestación los principales referentes de las cámaras agropecuarias que integran la Mesa de Enlace (Confederaciones Rurales Argeninas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO).
El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, responsabilizó al Gobierno por las manifestaciones, al señalar que «en la peor crisis, lamentablemente, el kirchnerismo vuelve a dividir a la sociedad».

Por su parte, el diputado nacional y dirigente del sector agropecuario Ricardo Buryaile, afirmó: «Hoy mostramos que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos democracia y república. Las intenciones del Gobierno profundizan la degradación institucional y la inseguridad jurídica».

La intervención de Vicentin fue anunciada por el presidente Alberto Fernández tras la publicación de un decreto que dispuso la intervención de la compañía por parte del Poder Ejecutivo, en medio de un concurso de acreedores.

La empresa se encuentra en una cesación de pagos, con una deuda por más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación que se suma a la que mantiene con acreedores privados y productores agropecuarios.

Sin embargo, el proyecto anunciado no fue enviado al Congreso y en el medio hubo un fallo judicial que modificó la situación e intensas gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para tratar de destrabar el conflicto sin recurrir a la expropiación.

El pasado viernes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días, al tiempo que estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor.

El viernes a última hora, Perotti anunció una propuesta para la creación de un Órgano Interventor y una administración mixta que, según dijo, cuenta con el apoyo del Gobierno.

Antes de la movilización, Fernández señaló que si la Justicia no acepta la propuesta de Perotti, el único camino para destrabar la situación de Vicentin será la expropiación.

De esta manera, el jefe de Estado rechazó que haya dado «marcha atrás» con su idea, luego de la reunión que mantuvieron anoche Fernández y Perotti en Olivos, donde el mandatario santafesino le presentó un proyecto de intervención de la cerealera pero «sin expropiación».

Fernández aseguró que el fallo judicial es «un dislate jurídico de magnitud» y planteó que si el juez de Reconquista no autoriza el planteo realizado por el gobernador Perotti de buscar la solución «vía concurso», «no habrá otro camino más que la expropiación».

Con un elogio al trabajo de Perotti y el respaldo a la propuesta que evita la expropiación, el Presidente dijo que apoya la «iniciativa alternativa», ya que «es un camino distinto que busca la solución vía el concurso de acreedores, pero pide la intervención de Vicentin en los mismos términos que el DNU y nombra a los mismos interventores».

«Discrepo absolutamente con el fallo del juez, es disparatado. Lo que hizo es un dislate jurídico de magnitudes, lo que hizo fue decir que no puede opinar sobre el DNU pero que no se cumpla», afirmó el mandatario, en declaraciones a El Destape.

«El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes», continuó.

En tanto, dijo que no lo «preocupa» el banderazo realizado hoy en distintas partes del país en rechazo a la decisión del gobierno de intervenir la empresa y agregó: «Creo que es gente que está confundida».

El jefe de Estado admitió que «hay un rechazo social a la palabra expropiación» pero recordó que «está en la Constitución desde siempre», y se volvió a manifestar «absolutamente dispuesto a encontrar una solución alternativa».

«El objetivo del Estado es rescatar una importante empresa como Vicentin, que está quebrada, casi ni opera y debe cien mil millones de pesos» y sostuvo que sigue «buscando los consensos y acuerdos» para que el Estado se haga cargo de la empresa.