La Oficina Anticorrupción se retira como querellante de todas las causas de corrupción relacionadas con CFK

La Oficina Anticorrupción de la Nación, que ahora conduce Félix Croux, ordenó a sus abogados retirarse de las causas en las que actuaba como querellante. Así, dejará de participar en por lo menos 20 causas en las que se investigan hechos de corrupción de las gestiones kirchneristas, algunas de las cuales están en pleno juicio, otras elevadas y otras todavía en fase de instrucción.

El argumento tiene que ver con los recursos, pero también con un cambio de paradigma. «Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina», ordena Croux, en un documento difundido hoy.

La OA participó del monitoreo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el cumplimiento de las recomendaciones para Argentina sobre integridad y transparencia, que tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Por la cuarentena, muchos de sus abogados todavía siguen trabajando en sus casas (desde marzo).

En las entrevistas el titular y los funcionarios de la Oficina explicaron detalladamente las líneas de trabajo de la nueva gestión, entre ellas «la del fortalecimiento del rol preventivo de la corrupción y de desarrollo de políticas públicas de promoción de la integridad y la transparencia, que lleva adelante la Oficina y constituye una de las recomendaciones de la OCDE».

En tal sentido, el 19 del corriente el titular ha dictado la disposición PV-2020-70269270-APN-OA#PTE, mediante la cual se dispone la conclusión de las querellas, «en las que interviene una parte sustancial del plantel profesional, y -en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias- su reasignación a las demás áreas de la dependencia», comunicó el propio organismo.

Se concluyó, entre otras consideraciones, que “para que la OA pueda desplegar su potencial para impulsar un cambio sistémico, debería hacer más visible su papel como diseñadora y asesora de políticas”; y que debería “Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a clarificar y enfatizar su rol preventivo, y que pone especial atención en destacar soluciones, buenas prácticas y éxitos, en vez de ser orientada en torno a la problemática que plantean los casos de corrupción y los costos de la corrupción».

En este contexto, incluso se podría promover una discusión sobre ventajas y desventajas de reposicionar la Oficina Anticorrupción como una “Oficina de Integridad” para dar mayor visibilidad a su trabajo preventivo”. En su punto 22 el informe de la OCDE establece que la Oficina debe “Invertir y dar más visibilidad a la función preventiva y de asesoría a través de un fortalecimiento de su Subsecretaría de Integridad y Transparencia, mediante el desarrollo de capacidades internas y convocando recursos humanos adecuados”.

En el capítulo 2) del informe, sostiene, “Históricamente, la función investigativa de la Oficina Anticorrupción tuvo sus inicios en las dudas con respecto a la independencia de facto y la eficacia del Poder Judicial (Figura 1.10).

El informe de la OCDE publicado en 2017 sobre la implementación de la Convención Anti-cohecho resalta que hay indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación. Esto fue utilizado por oposición en contra de las investigaciones iniciadas contra la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gestión: La OA es querellante en la causa de los cuadernos, en la de la obra pública en el Sur (en juicio oral), en tres investigaciones del caso Odebrecht, la ruta del dinero y el Plan Qunita, entre otros.

El cambio de Gobierno es clave: A pesar del nuevo paradigma, la OA presentó una denuncia penal por «el hallazgo de las 600.000 dosis de la vacuna triple bacteriana acelular que el gobierno de Mauricio Macri dejó vencer».

La presentación, que le tocó al juez Sebastián Casanello, compromete a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, así como a Carolina Stanley, por supuesta «propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa» en su variante culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.