La Federación de Inquilinos pidió extender el congelamiento y la de Martilleros asegura que «la pandemia es el Gobierno»

La Federación de Inquilinos Nacional solicitó esta semana al Presidente una nueva extensión del decreto que congeló alquileres y suspende desalojos, el cual está vigente hasta el 31 de enero próximo. Por el contrario, desde la Federación de Martilleros de Argentina informaron que la morosidad alcanzaría sólo al 80% de los inmuebles y acusaron al Gobierno de ser «la pandemia».

En una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, la entidad que defiende a inquilinos recordó que 9 millones de personas corren el riesgo de ser desalojados, en caso de no poder pagar las deudas de 2020.

El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, manifestó que el pedido de que el decreto 320/20 se extienda hasta fines de marzo y lo argumentó en «las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran».

Según la Federación, la mitad del ingreso total de los hogares se destina sólo a pagar el alquiler y «en estas condiciones, el decreto firmado por el presidente de la Nación a fines de marzo y renovado en septiembre es una herramienta básica para evitar una catástrofe habitacional».

«Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado, reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares», concluyó.

En tanto, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense también le envió una carta al Presidente y emitió un comunicado en duros términos.

Juan Carlos Donsanto, titular de la cámara de profesionales inmobiliarios, espera así llegar con fundamentos a las nuevas reuniones que tendrán la Rosada con el ministro de la Vivienda, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi.

En la carta, Donsanto sostiene que «si bien nadie en su sano juicio negaría el impacto de la pandemia, es verificable que el derecho a la vivienda y la crisis habitacional en nuestro país, son muy anteriores al coronavirus, y que entre todas las conocidas -y por conocerse consecuencias de este brote epidémico que alcanzó un inesperado estatus, la incertidumbre sobre el presente y el futuro, se ubica en el podio del desvelo de muchas familias argentinas». 

«¿Y qué es lo que puede ocurrir, que no haya ocurrido ya en la historia de la regulación de alquileres y de intervención estatal? Retracción de la oferta, y eso es parte de lo que escucho, el aplazamiento o la negativa de llevar al mercado locativo un bien, haciendo que la escasez haga lo que mejor sabe hacer: elevar la pretensión, a sabiendas de lo obvio», explica en contra de la prórroga.

Pese a las pujas, hay que aclarar que los alquileres no estuvieron congelados, ya que las indexaciones que están estipuladas por contrato hay que pagarlas pese al decreto. Esto incluso fue ratificado por la Asociación de Inquilinos.

«¿Cabría extender –nuevamente- la vigencia de la medida adoptada? si la medida se repite una y otra vez en un contexto que se agrava, sólo cabe contentarse con una solución precaria para algunos, y lamentar nuevos problemas para otros», sostienen los inmobiliarios, que presionan para no ceder.

«En las locaciones, la pandemia es el Gobierno», afirma un comunicado de ayer del Colegio Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, que integran las entidades madres de PBA, CABA, Córdoba y Rosario, entre otras.

«No es una pugna entre ricos y pobres, es acercar, es promover contratos que reflejen lo mejor posible lo que es deseable para ambas partes, y esto lejos de ser una utopía o una posición idealista es, lo que he visto una y otra vez», sostiene el Colegio bonaerense, que mira con preocupación la caída de los alquileres en la Costa Atlántica, aunque esto sea un efecto estricto de la pandemia.