Polémica por las multas en PBA: «Kicillof vende el relato de los DDHH pero usa decretos de la Dictadura para gobernar»

El gobierno bonaerense estableció que aquellas personas que violen las restricciones establecidas por el Covid19 pagarán las multas establecidas por un decreto firmado en 1977 por el entonces gobernador de facto Saint Jean.

Esto, sumado a la campaña contra la «restricción de libertades», generó una ola de rechazos en la oposición. «Kicillof que te vende el relato de los DDHH pero usa decretos de la dictadura para gobernar», opinó la diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi, tras un artículo publicado por Infobae en el que se salió a luz el marco jurídico utilizado para decretar el «toque sanitario» en los distritos que están entre las fases 3 y 4.

«Este 2021 parece no ser muy diferente al 2020 que todos queremos olvidar», sentenció la legisladora oriunda de Morón, quien cargó tintas sobre Kicillof: «Un rebrote o segunda ola que vino a tirar por tierra los planes de todos. Pero esta vez, el gobernador decidió ir a un más lejos. Se muestran férreos defensores de los derechos humanos pero recurren a herramientas de gobiernos de facto para coaccionar las libertades individuales».

«Podrán decirnos que muchas normas provinciales en uso son de aquella nefasta época. Pero en todos estos años hemos buscado que deje de ser así. Lo importante no pasa por si es legalmente posible tomar la decisión. Es la coincidencia fáctica que tiene el actual gobierno con el de aquel entonces. No podemos dejar de ver es que son todo aquello que critican», concluyó Brizzi.

En el país rigen distintos sistemas de multas para quienes violen las normas de prevención del Covid19. Córdoba sancionó la ley 10.702 con un “Régimen Sancionatorio Provisional” que aplica multas de entre $5 mil y $200 mil. En Santa Cruz el sistema se municipalizó y Río Gallegos tramita una norma en el HCD.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, decidieron recurrir a una vieja normativa que data de 1977 para la aplicación de multas que llegan hasta los “500 sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial” (26.716 pesos).

Asimismo, el decreto firmado por Saint Jean establece la posibilidad de duplicar la multa en caso de reincidencia. La emergencia sanitaria nacional decretada por el presidente Alberto Fernández en marzo de 2020 prevé una pena de 6 meses a dos años de prisión en el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

Cuando se pasó al distanciamiento (DISPO), el Presidente de la Nación firmó un nuevo decreto (875/20) que fue prorrogado por el 1033/20 en el que establecía nuevamente las penas a quienes violaran las disposiciones y, a su vez, le pedía a las provincias los “procedimientos de fiscalización coordinados”.

Así, cada una de estas jurisdicciones “dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, y de sus normas complementarias», en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del CP.

El martes pasado Kicillof dedicó buena parte de su exposición a remarcar que no ve a los jóvenes como un colectivo culpable de transmisibilidad del virus, sino que la mayoría son responsables. En cierta medida los hechos respaldan sus dichos dado que en esta temporada han sido noticia tanto las fiestas clandestinas de jóvenes como los eventos swingers de los no tan jóvenes.

No obstante, también refirió en esa conferencia a un decreto firmado por el exgobernador Eduardo Duhalde, en 1998, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal vigente en la Provincia. Aquellas restricciones dieron lugar a reacciones socio-culturales. Y así nació el hit de Kapanga: «El Mono relojero».