Demoran a tres menores por amenazas a escuelas de Castelar, Ituzaingó y Moreno

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró hoy que “ya son 120 las causas” por amenazas a colegios que se tramitan “tanto en el orden federal como provincial”, por 2.800 llamadas. La Policía demoró hoy a un niño de 11 años, dos alumnos de 13 y 17, y a un hombre de 42.

“Hay mucha gente ya con proceso penal abierto. Las causas que aglutinaban llamados (con intimidaciones) son 120, tanto en el orden federal como en el provincial”, señaló Ritondo, quien subrayó que las autoridades bonaerenses iniciarán una “causa civil contra los padres para que se hagan responsables” porque “lo que le cuesta al Estado estas cosas que creen que son una broma es muchísimo”.

“Ayer, más de 12 lugares distintos con chicos fueron allanados. Hay lugares con mayores que están siendo allanados también y todos los días tenemos entre 15 y 20 allanamientos de la justicia provincial y federal”, operativos vinculados con las amenazas a escuelas, enfatizó.

El gobierno provincial anunció el último viernes que promovería demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre en este tipo de intimidaciones.

Una fuente de la cartera de Seguridad precisó a Télam que entre el jueves y ayer se sumaron alrededor de 400 llamadas al 911 por amenazas en escuelas, lo que elevó la cifra a 2.800.

En tanto hoy, la policía demoró a cuatro personas tras distintos operativos llevados a cabo en la zona oeste y sur del Conurbano por realizar falsas amenazas de bombas en escuelas, informó la cartera de Seguridad.

A raíz de una investigación federal, en la zona de Moreno, Ituzaingó y Morón se demoró al niño de 11 y los adolescentes de 13 y 17 años por hacer al menos 13 llamados.

Además, en los operativos realizados por efectivos de la DDI Morón, se secuestraron diez celulares, usados para cometer las amenazas.
El joven de 17 años está sospechado de hacer al menos cuatro falsas amenazas de bomba al colegio Jefferson de Ituzaingó y al 562 de Moreno.

En tanto, el de 13 podría ser el autor de siete amenazas, entre ellas a los colegios J.B. Alberdi, al que asiste, al Arias de Castelar Norte y al Colegio Americano de esa localidad.

Por su parte, el niño de 11 habría llamado al menos dos veces a la Escuela Técnica 2 de Moreno, a la que concurre, y quedó vinculado a la causa que tramita el Juzgado Federal N° 3 de Morón.

La policía demoró además en Quilmes a un hombre de 42 años, padre de una menor de 14 que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Quinta de Quilmes junto con la Policía Local y el grupo GAD en una casa de Barrio Parque, sita en la calle Avenida de la Plata al 4700 de ese municipio, donde se demoró al padre de una menor, quien aparentemente es la que usaba el celular para llamar al Colegio San Clemente, ubicado en San Mauro entre 390 y 391, de Quilmes.

Los uniformados secuestraron el teléfono celular marca Iphone modelo S5 de color celeste, que se utilizaría para hacer las llamadas intimidatorias.

En una de las comunicaciones al 911 se advierte que “si no evacúan el colegio Jefferson en menos de 5 minutos lo hago volar por el aire, entendieron”, según la voz de un hombre al operador de la línea policial.

Ante la gran cantidad de amenazas a escuelas, el gobierno bonaerense dispuso que los directores deberán denunciar a la Policía situaciones de conflicto graves en los establecimientos, que vulneren los derechos de los alumnos o configuren delitos dentro de la institución.
En el caso de amenazas de bomba, esta denuncia “le permitirá a la Dirección de Escuelas actuar como querellante en la investigación judicial que se lleve adelante para detectar los autores de la amenaza”, explicó a Télam un vocero de la cartera educativa.

“La Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a las escuelas”, según el vocero.

El protocolo establece que al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo del establecimiento que recibió la amenaza “deberán formular de inmediato la denuncia en la aplicación ‘provincia seguridad’, en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía de turno”.

Además de formular la denuncia ante la Fiscalía o la Policía “deberán comunicar en forma inmediata al inspector y en el caso de las escuelas de gestión privada, esa comunicación se hará al Inspector Jefe de Región de Gestión Privada”, de acuerdo al protocolo.

Luego, el inspector lo informará a la Dirección Legal y Técnica del ministerio, que lo comunicará a la Fiscalìa para que la Dirección de Escuelas pueda “presentar allí su colaboración para resolver el caso”.

Con estos pasos la Dirección de Escuelas podrá presentarse como particular damnificado en la investigación, aportar pruebas y, en caso de que el culpable sea un alumno, aplicarle una sanción administrativa.

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