Un proyecto de ley pretende prohibir la firma de funcionarios en bienes que son del Estado

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La diputada de la Coalición Cívica ARI Leonor Martínez Villada repudió la decisión de la Intendente de La Matanza por el FPV, Verónica Magario, de imprimir su nombre propio en vehículos policiales pertenecientes al Estado.

A la vez, le requirió por escrito al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación el urgente tratamiento del proyecto de ley de su autoría, denominado de “Neutralidad de la Administración Pública”, el cual, de estar vigente, permitiría la aplicación de pena de prisión e inhabilitación, entre otras severas sanciones, para evitar la naturalización de comportamientos que atentan contra la ética en la función pública y el orden republicano, como el exhibido con obscenidad por parte de Verónica Magario.

El proyecto de ley, ingresado bajo expediente número 0857-D-2017, expresa lo siguiente:

LEY DE NEUTRALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Capítulo I – Principios y objeto
Artículo 1: La presente ley tiene por objeto garantizar el principio de la neutralidad de
todos los departamentos de la administración pública nacional centralizada, descentralizada
y entidades autónomas, la prohibición del culto a la personalidad en su seno y la paridad de
armas para la pacífica, equitativa y leal competencia electoral entre fuerzas políticas.
Artículo 2: Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una
facción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política
partidista.
Artículo 3: A los efectos de la presente ley, se entiende por neutralidad de la
administración pública a la irrestricta separación jurídica y material que debe observarse
entre los bienes y actividades partidarias o proselitistas, con relación a quienes revistan a la
vez la calidad de empleados o funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o forma de
designación y que tengan bajo la órbita de su influencia recursos humanos, económicos,
financieros o logísticos de dominio público o privado del Estado, como también
dependencias, reparticiones y oficinas públicas.
Artículo 4: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los distintos órdenes de
gobierno, deberá tener carácter institucional, neutral e informativo. En ningún caso esta
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propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de funcionario público alguno o generación de impresión negativa contra
persona u organización determinada.
Artículo 5: A los efectos de la presente ley, se entiende por paridad de armas para la
competencia electoral equitativa y leal entre fuerzas políticas, al derecho de todo partido
político a gozar de las condiciones necesarias para competir sin verse perjudicado por la
relación asimétrica que implica el aprovechamiento indebido de los recursos de la
administración pública, por parte de aquellas fuerzas cuyos integrantes tengan conferido su
control.
Artículo 6: El marco de competencia electoral en condiciones de equidad, lealtad y justicia,
debe ser garantizado por las autoridades, lo que no obstará al reconocimiento de las
legítimas diferencias de tamaño, recursos e influencia que, conforme al régimen electoral,
de financiamiento de los partidos políticos y el aquí establecido, por su propia habilidad,
talento o grado de penetración de sus ideas, los partidos políticos pudieran tener.
Artículo 7: A los efectos de la presente ley, el culto a la personalidad queda reservado a la
vida privada de las personas y desterrado para siempre, por incompatible con los valores
democráticos y republicanos, de la esfera de la administración pública.
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Capítulo II – Prohibiciones
Artículo 8: Queda prohibido a todo funcionario público, cualquiera sea su rango y modo de
designación o elección:
a) Utilizar la autoridad de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos
en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen.
b) Utilizar recursos o bienes de dominio público o privado del Estado, de modo tal
que resulte ostensible la finalidad, sea expresa o subliminal, de promoción de su
propia imagen, figura, ideas, personalidad, la de su gestión, partido, color
distintivo, agrupación política, carrera, trayectoria, eventual candidatura electoral o
cualquier otra característica relevante. Se hace extensiva esta prohibición cuando
esté dirigida a promocionar los mismos atributos pero de terceros, como también la
generación de impresión negativa contra persona, sector, organización, agrupación
o partido político determinado.
c) Inscribir en placas, carteles, o cualquier otro modo de publicidad, señalización e
información de carácter permanente y/o transitorio, de la imagen, el nombre propio,
apodo, denominación, cargo, emblema, color o cualquier otro signo distintivo de
identificación personal o partidaria, de un funcionario público o candidato a cargo
público electivo, en cualquier obra y/o actividad realizada con fondos
pertenecientes al Estado, aunque haya tenido participación en su proyección y/o
inauguración.
d) Contratar con recursos del Estado, por sí mismo o por interpósita persona, de
espacios de publicidad en la vía pública, redes sociales, medios de comunicación
escritos y/o audiovisuales, cuyo propósito no se limite de manera estricta a la
publicidad institucional, neutra y de carácter informativo de los actos de Gobierno
y/o comunicados de indiscutido interés general, sino que, por su contenido, forma,
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estética, o cualquier otra característica relevante, esté destinado, de manera expresa o
subliminal, a la promoción de su propia imagen, ideas, personalidad, gestión, partido,
agrupación política, signos, logos, emblemas, eslóganes o colores distintivos, carrera o
trayectoria, y eventual candidatura electoral. Se hace extensiva esta prohibición cuando
esté dirigida a promocionar los mismos atributos pero de terceros, como también a la
generación de impresión negativa contra una persona, sector, organización, agrupación
o partido político determinado.
e) Usar locales, oficinas o instalaciones que pertenezcan a cualquier entidad pública,
incluyendo a las Fuerzas Armadas, para la realización de conferencias, asambleas,
reuniones, actos políticos, o de propaganda electoral en favor o en contra de
cualquier organización política o candidato, así como para el funcionamiento de
cualquier autoridad partidaria.
f) Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para
cualquier ciudadano o comunidad, mediante obras o actuaciones de la
administración pública, con el objeto de influir en el sentido del voto.
g) Acosar, presionar o instruir, en cualquier forma a subalternos, para que respalden
alguna causa, campaña, o agrupación política.
h) Beneficiar con promociones, bonificaciones o ascensos arbitrarios a cualquier
persona, la cual dentro de la entidad a su cargo acceda a participar en su misma
causa, agrupación o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en
condiciones de transparencia, igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades
a los servidores públicos.
i) Ordenar la asistencia a actos públicos o actividades proselitistas de respaldo
personal, partidario o electoral de cualquier naturaleza o utilizar, con este fin,
vehículos u otros bienes del estado.
j) Exhibir fotografías y/o retratos de funcionarios públicos en vida o candidatos a
cargos públicos electivos, cualquiera sea su rango o modo de designación, en el
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ámbito de oficinas, reparticiones o dependencias públicas. Queda excluida del
presente inciso la tenencia de fotografías y/o retratos en los despachos personales
de los funcionarios.
k) Denominar programas, calles, obras, espacios y demás bienes públicos y privados
del Estado con nombres de funcionarios públicos y ex funcionarios públicos que se
encuentran vivos o cuyo fallecimiento se haya producido en un plazo inferior a 20
(veinte) años. Se hace extensiva esta prohibición cuando la persona haya sido
juzgada mediante el dictado de una sentencia condenatoria firme en sede penal.
Capítulo III – Sanciones
Artículo 9: En aquellos casos que corresponda, la violación a la presente ley constituirá
causal de destitución mediante juicio político por mal desempeño y/o comisión de delitos
en el ejercicio de la función pública.
Artículo 10: El funcionario público que viole cualquiera de las prohibiciones establecidas
en la presente ley, será reprimido con pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos
públicos, por un plazo que irá desde los 5 años hasta los 10 años, conforme la gravedad de
la infracción, más sanción pecuniaria proporcional al movimiento económico involucrado
en el acto reputado antijurídico.
Artículo 11: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, el funcionario
público que viole cualquiera de las disposiciones de la presente ley, quedará, asimismo,
inserto en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad, conforme lo establecido por el Código Penal.
Artículo 12: El juez declarará la nulidad de aquellos actos dictados en violación a las
disposiciones de la presente ley.
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Artículo 13: La aplicación de las sanciones penales, económicas y de nulidad que puedan
corresponder, no obstarán a que el juez pueda ordenar, de oficio o a petición de parte, en
cualquier instancia del proceso, la transformación del acto reputado ilícito, para lo cual
tendrá amplias facultades. Sin embargo, dicha resolución se adoptará al sólo fin de
garantizar la remoción de los vicios y al mismo tiempo, de ser posible, permitir la
continuación del acto, en tanto sea susceptible de servir al bienestar general, en respeto al
regular ejercicio de la función administrativa del estado.
Artículo 14: Las sanciones penales impuestas por violación de la presente ley, respetando
el derecho de defensa y el debido proceso, serán graduadas por parte del juez competente,
en base a los principios de la sana crítica racional, y en función de la gravedad del
menoscabo infligido a los bienes jurídicamente tutelados, a saber: los valores republicanos
y democráticos, la separación entre partido, gobierno y estado, la despersonalización del
poder y la equitativa competencia entre partidos políticos, cuyos integrantes administren
recursos de la administración pública y aquellos que no lo hagan.
Artículo 15: En aquellos casos en los cuales sea posible identificar la pertenencia partidaria
del funcionario público que viole la presente ley, las sanciones y disposiciones
comprendidas en el capítulo V de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos
serán aplicadas.
Capítulo IV – Disposiciones complementarias
Artículo 16: En ningún caso, esta ley podrá ser reglamentada o aplicada de manera tal de
resultar en una interpretación más restrictiva de los alcances establecidos por su objeto y
principios.
Artículo 17: En caso de conflicto de aplicación y/o de interpretación normativa, la
autoridad dirimirá en favor de la resolución más gravosa hacia los intereses del funcionario
público sindicado como responsable de haber infringido la ley, en salvaguarda de los
valores democráticos y republicanos y del uso apropiado de los bienes sostenidos por los
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contribuyentes.
Artículo 18: El representante del Ministerio Público competente tiene el deber inexcusable
de actuar de oficio, de manera rápida y eficaz, so pena de ser destituido por mal
desempeño, para prevenir la consumación inminente de cualquier acto que pudiera recaer
entre las prohibiciones aquí establecidas, como también asegurar su cese inmediato, en
caso de que el acto se encuentre en curso. Cuando se trate de hechos consumados,
sancionar a los responsables y ordenar su reparación, en la medida en que sea posible.
Artículo 19: Todo ciudadano está facultado a denunciar ante las autoridades cualquier
violación a la presente ley de la que tuviera conocimiento. No podrá existir costo ni
dilación reglamentaria o impedimento de tipo formal o procesal para darle impulso
inmediato a la causa iniciada.
Artículo 20: Las acciones públicas emanadas de la persecución a las violaciones de las
disposiciones aquí establecidas tramitan en sede penal y no prescriben.
Artículo 21: Queda derogada toda resolución, decreto o ley vigente que se encuentre en
contradicción con los preceptos y principios aquí establecidos.
Artículo 22: La ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública es de aplicación
supletoria a la presente ley, en tanto no se le oponga.
Artículo 23: La Secretaría de la Ética Pública, la Transparencia y la Lucha contra la
Corrupción, o el organismo que la reemplace, será autoridad de aplicación de la presente
ley. Asimismo, se encargará de promover acuerdos con las autoridades provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta materia y de darle amplia
difusión a la ley.
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Artículo 24: La autoridad consignada en el artículo anterior, tiene un plazo máximo de 1
(un) año, contado desde la promulgación de la presente ley, para remover, propiciar la
remoción, o instar la remoción, en aquellos casos en los cuales los límites de su
competencia no le permita hacerlo por sí misma, de aquellas cosas, actos, programas,
disposiciones, prácticas, costumbres o normativas que se encuentren en contradicción con
lo aquí establecido. A estos efectos, todas las autoridades tienen el deber inexcusable de
cooperar.
Artículo 25: Invítese a las provincias a adherir a la presente ley, o a sancionar su propio
régimen, en aquellas materias en las cuales tengan competencia constitucional para
hacerlo. Sin embargo, a esos efectos, lo aquí establecido se considerará de presupuestos
mínimos.
Artículo 26: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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