Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Una entradera en el domicilio donde se diseña Un Medio y las sospechas que levantó la inacción de un vigilador ante ese y otros hechos sirvió como disparador para dejar expuesto un servicio que tiene escaso control del Estado, cuando debe estar subordinado a él.
El hecho se produjo tras el anochecer del miércoles 26 de marzo. Hugo llegaba en su auto cuando fue encañonado y obligado a ingresar a la casa, Arrecifes 1270, en Castelar Norte. Dos delincuentes apuntaron a su esposa y a su hijo; y se retiraron del lugar con efectivo, algunos objetos de valor y el auto.
El 6 de febrero una casa contigua había sufrido un asalto (y el año pasado un secuestro). Todo a 100 metros lineales de una garita que custodia un ex Prefecto, sin credencial identificatoria ni uniforme reglamentario, contratado por un grupo de vecinos de Arrecifes al 1100. “Antes nos llevábamos bien, pero ahora vamos a empezar a llevarnos mal”, le dijo el vigilante a Hugo minutos después de ser asaltado, cuando se sintió sospechado.
Es que a al menos tres domicilios de la cuadra que no le remuneraban se había acercado a advertir que estaban “marcados”, sin conocimiento de la Policía.
Los agentes de seguridad no tienen poder de policía, pero tienen obligación de darle aviso ante un hecho o una sospecha. Y son sus jefes, en el caso de ser empleados por una empresa de seguridad, o sus “sostenedores”, en el caso de ser contratados por una comisión vecinal, quienes responden por ellos. Tanto unos como otros son pasibles de multas y sanciones si no cumplen con la normativa vigente.
Finalmente, el auto robado apareció en Merlo, distrito donde reside el vigilador. Una fuente de la Comisaría 7° cree que de ahí pudo haber salido la banda que opera en la zona. Por eso las sospechas crecieron. Sin embargo, “vino un grupo de vecinos, que lo contrataron, para defenderlo. Pero yo lo quiero sacar”, indicó un agente de calle a este periódico la semana pasada, justo cuando el sereno se reintegraba a sus tareas tras una breve licencia. El decreto 4069/91, que fija no sólo los requisitos para poder ser vigilador, sino también las obligaciones de sus contratistas y de la Policía, le da a la fuerza pública la potestad de cortar con un servicio de seguridad privada cuando quiera. “Hay vecinos que tienen miedo de echarlo porque sabe los movimientos de todos”, admitió la fuente de la comisaría.
Como una changa, el vigilador levanta $250 por frente todos los meses. Trabaja desde las 20hs hasta las 8. El artículo 9° de decreto establece sus funciones y alcances: “los serenos particulares no investirán el carácter de autoridad policial, siendo su rol básicamente preventivo. Actuarán cooperando como auxiliar de la institución Policial. En tal carácter sólo podrán efectuar detenciones en todos los casos que las leyes autorizan a los ciudadanos; no obstante tendrán la obligación de cooperar con la Policía a su requerimiento, dentro de la naturaleza propia del servicio. La Policía prestará a los serenos particulares, la cooperación necesaria al mejor cumplimiento de sus fines preventivos”. El 11º indica que “es facultad privativa del Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, autorizar el funcionamiento de los servicios de serenos particulares, pudiendo limitar sus radios de acción en razón de la naturaleza de los bienes sujetos a vigilancia. Del mismo modo podrá denegar la autorización cuando circunstancias especiales, la modalidad o razones operativas así lo aconsejen, igualmente, conteste con las facultades atribuidas por este artículo, podrá disponer la clausura de los servicios que se aparten de las disposiciones del presente decreto, pudiendo además apercibir o aplicar multas a los sostenedores de acuerdo a lo que queda establecido en el artículo 26º y cancelar el funcionamiento cuando se aparten de las disposiciones del presente decreto”.
Como ocurre con los agentes de empresas de seguridad (reguladas por ley 12297), lo serenos no pueden ser exonerados de las fuerzas de seguridad ni tener antecedentes penales. Aunque subjetivo, es requisito no contar con “mala fama”. Su alta debe ser solicitada por una Comisión Vecinal a la Policía.
En la Comisaría de Castelar Norte reconocieron a Un Medio que no tiene registro “de todas las empresas de seguridad” que actúan en el distrito. “El control lo hace el Ministerio de Seguridad”, informaron. Sin embargo, el secretario de Seguridad del municipio, Juan Carlos Martínez, explicó que el control de los agentes privados está en manos de las comisarías, que deberían llevar su propio registro.
“Es su deber; pero hay determinados comisarios que no tienen amplio conocimiento de la ley y las normas. Tampoco controlan cada 15 días las cedulas verdes de los talleres mecánicos. Es una tarea del servicio de calle, como el control de las personas que hacen vigilancia, porque es muy directa la contratación”, apuntó el funcionario y, sin embargo, no reniega del servicio que presta la seguridad privada.
“Había un excelente vigilador al que asesinaron el año pasado en defensa de un bien – era Pedro Valenzuela, quien fuera baleado en la esquina de Los Indios y Pedro, a la vuelta de la casa de mi cuñado -. Contrasto el mapa del delito en Castelar con determinados vigiladores que no tienen robos en esas cuadras. También tenía una lectura crítica de los vigiladores privados que no me terminaba de cerrar. Pero si no tengo robos en una cuadra vigilada tengo que respetar el trabajo de esa persona”.
En 2010 el Ministerio decidió dar de baja 33 empresas de seguridad por diferentes motivos técnicos, pero porque que estaban sospechadas. Tres de ellas estaban afincadas en Morón. En la Comisaría 7° reconocieron que el vigilador de Arrecifes y Loreto fue tomado directamente después del cierre de la empresa para la que trabajaba. El año pasado, un diputado provincial sciolista (Iván Budassi) presentó un proyecto que otorgaba poder de policía a los vigiladores, algo que ahora la ley prohíbe. El proyecto fue rechazado desde el FAP hasta el denarvaísmo, porque invitaba a crear “un ejército de privados” (con agencias con más de mil empleados), en vez de “poner el acento en la seguridad pública”.
Público y privado
El anuncio de Scioli de que “más de 40 mil agentes de seguridad privada” se incorporarán a la “red de prevención con la obligación de avisar a la policía situaciones de riesgo” no hizo más que recodar lo que la normativa vigente establece: que las “prestadoras de servicios de seguridad privada que se desarrollen en el territorio de la Provincia serán consideradas complementarias y subordinadas a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública”. Este año la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada ordenó, en su primera resolución, la creación de un registro de prestadores de Seguridad.
Actualmente, el órgano de aplicación del Ministerio de Seguridad se encarga de reempadronar a las empresas y a los agentes privados. El negocio creció exponencialmente, alimentado por el miedo al delito.
No es un invento argentino. En Latinoamérica habría más de 2,5 millones de agentes privados y en crecimiento. Una tendencia mundial, que va de Sudáfrica a Rusia y de USA a Filipinas. En 2010, de acuerdo a cifras oficiales, había instaladas 1.434 empresas de seguridad privada en todo el país, con 111 mil empleados. De 2003 a 2010 la cantidad de ocupados en seguridad privada había incrementado un 31%, según publicó un informe de la “Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano”.
La oferta podría ser mayor: para la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (CAESI), habrían 700 compañías de seguridad que empleaban a 250.000 guardias en el año 2010, de los que 100.000 estarían “en negro”. Se estima que el producto total de la industria en dicho año ascendería a $ 3.200 millones. El salario de un vigilador está fijado según la última paritaria en $6000. Pero en negro cobraría menos de la mitad. El 70% de la demanda se concentra en Ciudad y Gran Buenos Aires.
La incidencia de este sector en el delito es relativa. Por un lado, los índices delictivos responden a variables socioeconómicas: tuvieron picos en la crisis económica de 2002, luego bajaron hasta 2006, y luego volvieron a crecer conforme el deterioro del “modelo”. El último informe presentado por la Procuración bonaerense marcó un incremento del 4.5% de los delitos entre 2011 y 2012. En el acumulado desde 2007 ascendía al 17%. Por otro lado, un trabajo de la Procuración General de la Corte marca una clara desigualdad entre distritos pobres y de clase media: casi la mitad (48%) de los 65 homicidios dolosos cometidos durante 2012 en jurisdicción del Departamento Judicial de Morón acontecieron en Merlo, el más pobre de sus cuatro partidos. Morón le siguió con 17 casos (27%).
Inocencia interrumpida
Otro dato alarmante es la utilización de menores. Si bien sólo el 4,30% de los delitos denunciados en la Provincia durante 2012 había sido cometido por menores de 18, en los casos de homicidios su participación trepaba hasta el 12,62%. La Procuración publicó ahora un nuevo informe sobre homicidios, intentos de homicidio y robo armado registrados en el primer trimestre de 2013 y el resultado es devastador: El 56% de esos delitos corresponde a menores: entre 16 y 17 años el 34.6% del total; y menores de 16, el 31.4%. El 19.9% del total también son jóvenes de 18 a 29 años.
El sciolismo cree necesario bajar la edad de imputabilidad, en respuesta a las consecuencias de su propia gestión. En su favor, Argentina y Bolivia son los únicos países del continente que no tienen régimen penal juvenil, lo que quedó en evidencia en el breve y electoralista debate suscitado el año pasado.
