Por mayoría, la Cámara Baja Bonaerense dio media sanción a la Ley de Policías Comunales

La Cámara Baja bonaerense dio anoche media sanción a la Ley de Policías Comunales, que intentará aplicarse a partir de 2015 en el GBA. Cada intendente será el jefe de esa nueva fuerza. Le restaron atribuciones a los Concejos y a la consulta popular para echar a un agente. El dictamen de mayoría que atravesó labor parlamentaria llevaba la firma del FPV y Nuevo Encuentro, mientras que el Frente Renovador y Unión Celeste y Blanco votaron en general por la aprobación, aunque objetaron algunos artículos. En tanto, el FAP, la UCR, FIT y Unidad Popular se opusieron. Hubo cambios de último momento, cruces por el financiamiento y por las atribuciones de los intendentes y la formación de los nuevos agentes. Los bloques opositores resaltaron “fines electoralistas en la propuesta”, y “posibles vínculos del nuevo cuerpo policial con el narcotráfico”. La semana pasada, intendentes oficialistas habían forzado la postergación de la votación para dar marcha atrás con los requisitos que habían incorporado los legisladores más cristinistas para la elección y remoción del jefe comunal a través de una consulta y con atribuciones al HCD, como así también para la rendición de cuentas de los intendentes. Entre las características principales que se modificaron, las Policías Locales podrán llevar el armamento reglamentario sólo cuando estén en servicio (lo cual criticó la UCyB). El proceso formativo de los cuadros de oficiales durará dos años, en escuelas locales (no en la Bonaerense). Sus integrantes no estarán facultados para privar de la libertad a las personas (en el texto original podían hacerlo 6 horas), y cada intendente será el conductor operativo y el encargado de designar al jefe de la estructura, con la obligación de dar informes a su respectivo Concejo Deliberante simplemente al inicio de sesiones ordinarias. El despacho mayoritario, suscripto por los integrantes del kirchnerismo, elimina el artículo que disponía la posibilidad de remover al jefe de la policía juntando las firmas del 20% del padrón electoral de cada distrito. También se modificó la cláusula que obligaba a los intendentes a concurrir al Concejo Deliberante para realizar un informe anual sobre el funcionamiento de la fuerza, dejando esa posibilidad para la apertura del período de sesiones ordinarias, los primeros días de abril. Estos dos puntos habían molestado a los intendentes del Conurbano, que elevaron sus quejas e hicieron caer la sesión de la semana pasada en la que estaba previsto el tratamiento de la ley. No obstante, los diputados mantuvieron la posibilidad de que el Concejo Deliberante destituya al jefe policial con los dos tercios de su composición, aún contra la voluntad del intendente. En tanto, el jefe comunal tendrá potestad absoluta para nombrar al titular de la fuerza, previa realización de una audiencia pública no vinculante. Por otro lado, los legisladores incluyeron un capítulo que incorpora a las currículas de las escuelas de formación policial la perspectiva de género, con el objetivo de que el 10% del personal de la fuerza local esté abocado a la prevención de casos de violencia intrafamiliar. También se eliminó un artículo que permitía a los policías locales retener por 6 horas a una persona por averiguación de antecedentes y se mantuvo la prohibición de que los agentes porten su arma reglamentaria fuera de su horario de trabajo –deberán dejarla en la comisaría al retirarse. Se prevé, para el 2015, disponer de unos 15 mil efectivos distribuidos en los municipios que adhieran a la ley, con un porcentaje de un 50 por ciento destinado a las mujeres. Otro 10 por ciento del personal femenino se especializará y trabajará en forma conjunta con las comisarías de la mujer y los servicios locales para actuar en los casos de violencia de género. Las funciones y actividades de las Policías Locales están exclusivamente orientadas a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la protección y defensa de los derechos humanos y la convivencia ciudadana (La Cámpora quería darle más facultades de control a los HCD). El jefe policial puede ser cualquier ciudadano argentino, de origen o de adopción, sin antecedentes penales, entre otras exigencias. Para ingresar a la fuerza policial municipal, se requiere ser ciudadano argentino, nativo o por opción y no tener más de 35 años, como también acreditar aptitudes físicas y psíquicas. No pueden entrar a la fuerza, quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, o quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos. Por el proyecto votado en Diputados, se creará una comisión bicameral legislativa, integrada por seis diputados y otros seis senadores, dedicada al seguimiento y la fiscalización del proceso de instrumentación de las Policías Locales. La norma también crea el fondo para el Fortalecimiento de las Policías Locales, que debe ser distribuido entre los Municipios que hayan conformado y puesto en funcionamiento esos cuerpos. Ese fondo está integrado por los recursos determinados anualmente en el Presupuesto provincial, que en ningún caso pueden ser extraídos de la coparticipación municipal. El Poder Ejecutivo debe transferir en forma directa y automática a cada Municipio, como máximo el último día hábil de cada mes, los montos respectivos. De esta manera, se evitó que la transferencia vaya en la coparticipación, como quería el massista Sarghini, que dudó de la ejecución del fondo. Pese a los cambios, las discrepancias dentro del kirchnerismo se evidenciaron cuando al momento de votar el diputado del FpV y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, anunció su oposición al capítulo 4 del proyecto, referido al financiamiento de la fuerza policial. Lo mismo sucedió durante el debate parlamentario, cuando el diputado del FpV, el sciolista Guido Lorenzino, admitió que en el bloque oficialista hay «compañeros que creen que no es el momento» de tratar el proyecto.]]>