Apareció el cuerpo de Luciano Arruga, el joven que se sospecha fue asesinado por la Policía

La Justicia Federal de Morón confirmó la aparición del cuerpo sin vida de Luciano Arruga, desaparecido desde enero de 2009. Fue identificado por las huellas digitales. Estaba enterrado como NN en el Cementario de la Chacarita, en una causa de Capital Federal en la que figuraba como atropellado.

La familia sostiene que el chico fue conducido al destacamento policial de Lomas del Mirador, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que algo ocurrió con él tras haberse aparentemente negado a robar para la Policía. Unos meses antes, el chico también había sido llevado a esa dependencia y su hermana escuchó que los policías le gritaban: «Te vamos a llevar a la octava para que te violen, o terminás en un zanjón».

Los golpes que le aplicaron en esa oportunidad fueron constatados por médicos del hospital de San Justo y desde entonces fue interceptado varias veces en la calle por la Policía.

Arruga salió de su casa de Lomas del Mirador cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en su poder hacia un ciber cercano, pero nunca regresó.

Horacio Verbitzky, titular del CELS, aseguró que las explicaciones oficiales «no son satisfactorias» y que «no alcanzan» para saber la verdad. «Estaba enterrado como NN. Hubo una

desidia absoluta del estado en 6 años», dijo y denunció; «Hubo violencia y discriminación institucional». El organismo patrocina a la familia, que sospecha tanto de la Policía, hecho por el cual hubo varios agentes suspendidos y vuelto a poner en sus funciones».

El CELS había presentado un Hábeas Corpus para que se investigue la desaparición. «Las acciones permitieron identificar al cuerpo y las huellas dactilares, que existían porque Luciano había estado en la Cria de Lomas del Mirador. Su muerte estaba en una causa del fuero de instruccción de la Ciudad de Buenos Aires. Según la instrucción, la misma noche del 31 de enero de 2009 fue atropellado por una auto en Gral Paz y Emilio Castro».

«En ese lugar hay un destacamento de la Policía Bonaerense y es una vía rápida, no se cruza por ahí. Son elementos que requieren una informacion que nadie ha dado todavía. El juez federal Salas ha sido el primer funcionario que se ha tomado en serio la causa y tomo medidas que nadie antes. El chico fue atropellado 3 horas después de su desaparicion y lo llevó el SAME al Santojani, donde la mamá fue a buscarlo. Otra de las cosas que están abierta a investigación es por qué en el Santojani no dijeron nada. Sí le dijeron que había un atropellado, pero sin explicación», contó.

Un conductor había sido detenido en la causa, pero no cierra qué hacía Luciano a esa hora en ese lugar, ni por qué se encubrió la causa de esta manera.

«Se logró quebrar un muro de silencio y recién cuando pedimos el paso a la Justicia Federal se sentaron las bases para que se pudiera avanzar», explicó Verbitsky. Su sospecha es que armaron una causa en Ciudad para esconder el cuerpo y la investigación sobre la muerte del joven de La Matanza.

«Es inadmisible que esto paso en Democracia», aseguró el periodista de Página 12.

El Gobierno bonaerense había aumentado días atrás un millón de pesos la suma para quienes aporten información fehaciente que contribuya a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano. El caso era investigado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón.

Así como había levantado la prohibición de tener preses en comisarías, en marzo de este año el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, levantó la sanción que pesaba sobre los ocho policías acusados de participar en la desaparición Arruga. Fue luego de un fallo judicial que benefició a los involucrados a partir de un amparo presentado por uno de los policías. Se trataba de los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes en febrero de 2013 habían sido pasados a disponibilidad por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. En ese entonces, el municipio de Morón había salido a pedir que no trabajara en el distrito ninguno de los policías sospechados y que habían sido reubicados.