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Los abogados defensores de funcionarios imputados y la querella controlada por Gregorio Dalbón solicitaron al tribunal oral Federal N° 2 una «pericia comparativa» con el accidente de Castelar, que tiene al maquinista como único imputado, en la reanudación del juicio por la Tragedia de Once.
El juicio se retomó, pese al feriado judicial, el lunes y martes pasado, su curso con las audiencias 66 y 67, para volver a yb receso hasta el 2 de febrero.
Ante planteos de las defensas y de la querella que representa el expulsado Dalbón (dejó a cargo por mal desempeño en el juicio) se basan en sacar tajada de la investigación que pesa sobre el maquinista en el accidente de Castelar, como contrapeso a las críticas que pesan sobre el servicio que brindaba TBA en el ramal Sarmiento y la falta de controles del Estado, claramente profundizadas durante los testimonios sobre «Once».
«El tribunal le solicitó a la abogada Valeria Corbacho, defensora del maquinista Marcos Córdoba, si podía responder a estos planteos. Con argumentos rápidos, técnicos y filosos Corbacho refutó la inconsistencia del pedido de comparación de pericias y solicitó su investigación, ya que orilló el falso testimonio», publicó el diario Latitud 35 en su «diario del juicio».
“Esto lo digo con absoluta franqueza, porque Lamastra terminó diciendo con brutal síntesis, que el informe del accidente del cual se le preguntó, lo había echo para que los abogados de TBA tuvieran algo para defenderse cuando comenzó esta causa, por lo que solicito se rechace la petición», dijo Corbacho.
Según el cronograma inicial, había 17 testigos para declarar entre ambos días. Pero finalmenet sólo cuatro testigos pasaron por el estrado judicial.
El lunes, el único testigo fue Aníbal Luis Agostinelli, que trabajaba al momento del accidente en la subecretaría de Transporte Ferroviario y mantenía un vinculo laboral con Antonio Luna, ex funcionario ligado a la UF e imputado. Hoy Agostinelli se desempeña en la Secretaría de Transporte; dijo que tuvo reuniones con el ex secretario Juan Pablo Schiavi y que su función era verificar y controlar los planes y las inversiones en TBA, aunque poco aportaba, en rigor, a los efectos de revisar los contratos de TBA. «En realidad no se llegó a avanzar en nada», admitió el testigo.
El martes hubo tres testigos: Ariel Finkelstein, presidente de CEMLA SA, el centro médico encargado de realizar los exámenes preocupacionales de los empleados de TBA; Cinthia Rosemblit, coordinadora clínica de esa misma empresa; y Marcelo Ordiales, abogado y mediador en el sector de Relaciones Humanas de TBA, quien contó que la concesionaria era la encargada de pagar a los instructores de los conductores, una escuela que está a cargo del gremio de la Fraternidad. En su caso resaltó algunos conflictos sindicales por parte de los gremios que se negaban a prestar el servicio.
Fuente: Latitud 35
