Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
La Justicia de Morón dispuso “la inmediata suspensión” de la aplicación de la Ordenanza 8199 de 2014 que habilitaba por una vía de excepción la construcción de un complejo de 77 departamentos en Richieri e Isabel La Católica, en pleno centro de Hurlingham.
La iniciativa era resistida por los vecinos, que lograron meter un amparo. La vía de excepción fue aprobada en diciembre del año pasado por el oficialismo del Frente Renovador y rechazada por la oposición.
La decisión del juez Antonio Mele, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Morón, pone un freno al proyecto “hasta tanto se observe el estricto cumplimiento de disposiciones nacionales y provinciales”.
El emprendimiento comprende cuatro torres de cuatro pisos en el Barrio Inglés, a cien metros de la plaza John Ravenscroft y a doscientos de la Estación Hurlingham del Ferrocarril San Martín.
Los vecinos que presentaron el amparo alegan que la construcción viola el Código de Ordenamiento Urbano, que generaría enormes dificultades de tránsito y estacionamiento. Y que su habilitación colapsaría los servicios públicos, en una zona caracterizada por grandes casonas en amplios terrenos y que tiene baja densidad de habitantes. Estas torres –consideran- habilitarían en ese lugar la misma cantidad de personas que viven en dos o tres manzanas de la zona.
Desde el Municipio se objetó la competencia del tribunal y, en un principio, se rechazó el pedido de impacto ambiental porque las características de las obra no lo requerían. Sin embargo, el propio intendente Luis Acuña aseguró que está vigente un período de conciliación entre las partes y que la Municipalidad realizará el estudio de impacto ambiental.
El jefe comunal también insistió acerca de los pedidos para un nuevo COU en el distrito, al sostener que “para un nuevo Código debemos contar con todos los servicios en cada uno de nuestros barrios. Sí se pueden hacer correcciones parciales del COU, pero es un engaño hacia la gente decir que se puede hacer hoy uno nuevo”.
En cambio, el concejal socialista Lautaro Aragón, que había calificado como “festival inmobiliario” a esta vía de excepción, sostuvo que “el tema de fondo sigue siendo el Código de Ordenamiento Urbano. Las vías de excepción son un mecanismo legal. Su utilización en sí lleva implícita una discusión política, sobre todo cuando se transforman en lo habitual, en norma. Eso indica que algo funciona mal, porque cuando esa excepción se vuelve regla, quiere decir que esa norma, en este caso el COU, no responde a las necesidades que se van presentando”. “Hablamos de un negocio millonario. Y el no reformar el Código es lo que garantiza que se deba hacer por vía de excepción”, afirmó.
