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Una semana después de que comenzaran a dar testimonios los peritos y testigos del área contable de la empresa TBA, en el marco del juicio oral que se sigue por la Tragedia de Once, el Tribunal Federal N° 2 detuvo por falso testimonio a Jorge Raúl Hilgemberg, ex intendente de la empresa Emfer.
El ex empleado del Grupo Cirigliano fue detenido en la audiencia N° 104 que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py, producto de las contradicciones en que cayó cuando se le preguntó por la quema de documentación, en un juicio en el que se analizan las causas del fatal accidente.
En los talleres de Emfer se realizaban las reparaciones y acondicionamiento de vagones para las líneas Mitre y Sarmiento, además de otros trabajos para el resto de los ramales que estaban privatizados. Con la tragedia de Once, la relación del Gobierno con el grupo empresario se enfrió ya que el área de Transporte fue traspasada desde el Ministerio de Planificación de Julio De Vido a la cartera de Randazzo en julio de 2012.
Esta transición afectó a la planta industrial en San Martín, donde la empresa que producía carrocerías de ómnibus y camiones (Tatsa), lo que generó conflictos laborales y sindicales.
Hilgemberg se sentó el miércoles en el banquillo para dar testimonio. Pero el pliego de preguntas que tenía preparada la querella N° 3 de familiares a cargo de los doctores Leonardo Menghini, Damian Carrillo y la Dra. Lelia Leiva, no llegó a finalizar. El ex intendente de Emfer no recordaba y negó haber declarado en instrucción en el año 2012: los abogados le solicitaron al presidente del Tribunal que se le exhibiera esa declaración.
Entonces, el testigo dijo que era su firma, pero que él, nunca había dicho lo que estaba escrito. Cuando le preguntaron sobre la documentación faltante de TBA, respondió: «No tengo idea de que documentación me hablan. Yo vine en calidad de testigo, no estoy imputado y no tengo nada que ver».
El juez Tassara trató de continuar con el testimonio, pero el ex intendente de la empresa Emfer volvía a contradecirse. Por momentos recordaba que él mismo había puesto la documentación de TBA en un volquete por orden de una secretaria de nombre Sandra Ramírez. Se estaba refiriendo a la persona de la máxima confianza de Mario y Claudio Cirigliano. Hilgember con estos dichos ratificaba un mail anónimo que le llegó al fiscal Federico Delgado donde se lo prevenía por una maniobra de la empresa para quemar documentos.
En Junio del 2012, llegó un un correo electrónico a la casilla oficial de la fiscalía federal Nº 6, a cargo de Delgdo, donde se le informó que Sandra Ramírez, gerenta de marketing del Grupo Plaza (empresa de los Cirigliano) fue la persona que ejecutó la ocultación y quema de documentación contable.
Además, Ramírez, según el e-mail, fue quien contrató fletes para sacar la documentación contable de las instalaciones de TBA, cuando el Gobierno nacional le quitó la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento, y que fue descubierta por la policía federal «in fraganti». Luego, parte de la documentación fue encontrada en la fábrica de Emprendimientos Ferroviarios (EMFER) ubicada en General Savio 2750, en la localidad de San Martín donde se reconstruían los coches “doble piso” y se refaccionaban los vagones Toshiba eléctricos también de los Cirigliano, y donde el Juez Claudio Bonadío por testigos, que eran los trabajadores del predio, acreditó que una parte fue quemada en volquetes.
«Todo lo que hace Sandra Ramírez lo hace por indicación del Sr. Mario Cirigliano» e «inclusive la quema de papeles y documentación en los volquetes», sostenía el mensaje enviado desde una casilla de correo de la cual hasta ahora no se pudo determinar su identidad, y que sólo firma con el nombre de Alex.
La documentación en cuestión era sobre los subsidios que recibía Trenes de Buenos Aires (TBA) del Estado y el estado contable de la empresa.
Jorge Raúl Hilgemberg, habia declarado en la instrucción en el año 2012 que “La gente de TBA, me había autorizado a tirarlo (documentación), por lo cual decidí vender los papeles por kilo a una papelera, dinero con el cual «…lo iba a repartir o hacer un asado”.
Cuando le tocó el turno a la defensa del maquinista Marcos Córdoba, su defensora la Dra. Valeria Corbacho, terminó de rematarlo al seguir preguntándole sobre la documentación desaparecida. Y solicitó al Tribunal sacar al testigo de la sala para señalar que en esas condiciones no se podía seguir con el debate y solicitó que se le aplicará el Art. 275 del Código Penal donde esta contemplada la figura de falso testimonio. El TOF 2 accedió a la solicitud de la querella, y el testigo quedó detenido.
El día anterior, en la audiencia N° 103, declararon dos pilotos de aviones privados que usaban los Cirigliano. Jorge Oleaga y Marcelo Lomanto contaron que solían hacer viajes a Necochea, donde los Cirigliano tienen casa, y explicaron que también los llevaron a algunos destinos del exterior, como Miami, Brasil y hubo un viaje a Panamá donde estuvieron más de trece horas, pero no pudieron explicar el porqué de la demora, si se trataba “sólo una parada para cargar combustible”. El tercer y último testigo del lunes fue Rodolfo Buenaventura un perito contable de parte aportado por las defensas de ex directivos de TBA, que con una declaración muy técnica aseguró que durante los años 2007 -2010, la empresa recibió 320 millones en subsidios pero que eran insuficientes ya que los gastos estaban computados como “resultado operativo”.
A 16 meses de iniciado el juicio, ya hubo 104 audiencias, con 196 testigos que pasaron y hoy se le sumó Jorge Raúl Hilgemberg, el quinto testigo detenido por falso testimonio. Los anteriores fueron Carlos Testuri, inspector de la CNRT, Miguel Gerónimo y Patricio Juárez, guardas de tren, y el perito técnico oficial Néstor Luzuriag. Además hubo un abogado expulsado, Gregorio Dalbón, y el fallecimiento de uno de los imputados el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna.
La semana pasada, comenzaron a declarar los peritos contadores de parte, en el juicio oral que se lleva adelante por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento colisionó contra un dispositivo de contención de la estación Once y provocó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.
Hasta el momento, declararon los peritos contables propuestos por algunos de los abogados defensores y por una de las querellas, restan los peritos oficiales. En la mayoría de las audiencias, se trataron temas netamente técnicos y se analizaron facturas. La finalidad de los peritajes fue recopilar información con el fin de analizar la estructura financiera de la firma para entender los pormenores del negocio ferroviario.
En su momento, el fiscal federal Fernando Arrigo había solicitado la colaboración de la titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), Judith König, en carácter de perito de parte de la fiscalía.
König explicó, en uno de sus informes, que el análisis tuvo ciertas limitaciones, en virtud de la actitud de la empresa a la hora de suministrar información: no se pudo contar con el balance de 2011, el anterior a la tragedia. Tampoco, fue posible discriminar entre los gastos realizados con relación a la línea Sarmiento y aquellos desembolsados en la línea Mitre, ya que la empresa no realizaba esta discriminación, por lo que no puede determinarse cuánto se destinó a una línea y cuánto a otra, si fue todo a una línea y nada en la otra, o si se invirtió en ambas, pero en partes desproporcionadas.
Para las próximas audiencias se espera que declaren los peritos oficiales Lucía Guelfi, Héctor Chyrikins y Oscar Fernández. Todavía, no hay fecha prevista para el inicio de los alegatos. Entre los imputados, se encuentran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Mario y Sergio Cirigliano y el maquinista Marcos Antonio Córdoba, así como otros empresarios y funcionarios.
Fuente: Latitud 35 y Fiscales.gob.ar
Foto: Facebook de Silvio Botta, periodista de Latitud y unico acreditado en el Juicio Oral.
