La 4° querella apuntó a los (ex) funcionarios y a TBA: «hacían caja, no mantenían los trenes»

La última de las cuatro querellas que participan del juicio oral por la Tragedia de Once pidió penas de 10 años y 11 meses para los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y un mínimo de 8 para el resto de los funcionarios y empresarios de la ex TBA.

La abogada Patricia Anzoátegui que pertenece a la querella N° 4 y desde mayo de este año se separó de la querella N° 2 a cargo de Javier Moral por “diferencias de criterios” comenzó su alegato con una descripción detallada sobre los subsidios recibidos por TBA y una tarjeta de crédito corporativa American Express usada para pagos superfluos que nada tenían que ver con el mantenimiento del servicio ferroviario. “Hacían caja, no mantenían los trenes», disparó la abogada, según la crónica del periódico Latitud 35. Los gastos son increíbles: compra de muebles en la Polinesia, adquisición de joyas, carteras en Italia, vinos, champagne de reconocidas y caras marcas y hasta entradas para ver a Roger Waters (ex Pink Floyd).

La cuarta querella no acusó al motorman, Marcos Córdoba, pero sí solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 porteño que se abra una causa penal para investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Hoy comienza el alegato del fiscal Fernando Arrigo; culminaría la próxima semana.

Anzoátegui pidió 10 años y 11 meses de prisión para Schiavi y Jaime, y para Pedro Ochoa y Antonio Sícaro (ex interventores de la CNRT); lo mismo para el ex presidente de Cometrans, Sergio Claudio Cirigliano; el ex director de TBA Guillermo Dabenigno y el letrado de esa empresa Carlos Alberto Luch.

Reclamó 10 años de cárcel para Roque y Mario Cirigliano (gerente de material rodante de TBA y apoderado de Cometrans, respectivamente) y para Antonio Suárez, Daniel Rubio, Daniel Lodola, Sergio Tempone, Luis Ninona, José Doceportas, Alejandro Lopardo y Oscar Gariboglio, todos directivos de distinto grado en Cometrans y TBA. Finalmente, requirió 9 años de prisión para el acusado Miguel Werba y 8 para Laura Aída Ballesteros.

Hasta el momento, dos de las querellas vinculadas al estudio del expulsado abogado Gregorio Dalbón (cercano al Gobierno) sólo acusaron al maquinista del tren Chapa 16, mientras que la querella 3, que encabezan los padres de Lucas Menghini, acusaron a los 27 funcionarios de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y ex directivos y empleados de las empresas Cometrans y TBA, del grupo Cirigliano.