Stolbizer denunció a Cristina y Bonadío allanó la sede del AFSCA por el expediente de Clarín

En un día movido a nivel político y judicial, la diputada del GEN Margarita Stolbizer presentó otra denuncia por enriquecimiento ilícito contra la Presidenta; mientras su vecino Martín Sabbatella salió a cuestionar el allanamiento que hizo el juez Claudio Bonadío al AFSCA por el caso Clarín.

La ex candidata presidencial sumó una nueva denuncia contra Cristina Kirchner, tras el patrocinio sobre el caso Hotesur. El patrimonio presidencial ya había sido investigado en dos ocasiones, con sendos cierres de las causas, por Canicoba Corral y Oyarbide. En este caso, la causa fue sorteada y recayó  en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12  de Sergio Torres.

“Hay inconsistencias en la última declaración jurada respecto al acervo hereditario de la sucesión”, explicó a la denunciante. Otras tres demandas similares fueron cerradas por presiones políticas

Stolbizer aseguró que “no coincide la declaración jurada con lo denunciado en el acervo hereditario de la sucesión, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner”. Además, dijo que “sugerí pruebas para que relacionen esta causa con las otras archivadas por enriquecimiento ilícito de la Presidenta”.

El sorteo, de acuerdo con el Centro de Información Judicial (CIJ), determinó que la nueva denuncia contra la Presidenta sea investigada por Torres, la que ingresó con nº de expediente 13.784/2015, con la intervención del Carlos Rívolo -el mismo que impulsó la denuncia por el caso Ciccone-.

En base a las declaraciones presentadas en la Oficina Anticorrupción, los Kirchner llegaron a la Casa Rosada con un patrimonio menor a los $7 millones, pero este año la jefa del Estado declaró $64 millones, sin incluir a los bienes heredados por sus hijos tras la sucesión por la muerte del ex presidente.

De acuerdo a esos reportes, en 12 años la riqueza de la Presidenta creció un 843,25 por ciento. La diputada, y ex candidata presidencial del frente Progresistas, Margarita Stolbizer también es denunciante de la causa por Hotesur, el hotel del Calafate del que la familia presidencial es accionista.

AFSCA

En otro orden, el juez federal Claudio Bonadio ordenó el allanamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El procedimiento es en el marco de una causa iniciada por el Grupo Clarín.

El titular del organismo, Martín Sabbatella, salió rápidamente a cruzarlo al juez en declaraciones al programa de Víctor Hugo Morales en Continental.  Según el titular de la AFSCA, el expediente es «de estado público y se hubiera entregado sin problema si se hubiera pedido por nota con anticipación».

Sabbatella, denunció como propio de «un Estado mafioso» el allanamiento sorpresivo del juez federal Claudio Bonadio a la sede del organismo para requerir el expediente de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

«Es muy grave. La sensación que tenemos es que estamos frente a un Estado mafioso. Hay una suerte de red que funciona con una parte de la Justicia, poderes económicos corporativos concentrados, una parte del poder político: ayer vino De Godoy al ASFCA a plantearme que quería asumir el 11 de diciembre, violando el espíritu de la ley, que dice claramente que el mandato está descoplado del mandato presidencial y como les dije eso, la sensación es que como no funcionó ayer haber mandado a De Godoy, hoy mandan a Bonadio en una causa que hasta recién no sabíamos de qué se trataba», reseñó en el programa de Morales.

Desde el Grupo Clarín, por su parte, informaron que «Es una querella iniciada contra Sabatella y directores oficialistas por abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público, al rechazar la implementación de adecuación voluntaria de las empresas de Grupo Clarín e iniciar arbitrariamente la adecuación de oficio».

«El motivo es el accionar intempestivo y arbitrario, emitiendo una resolución cuyo tratamiento fue secreto, sin brindar información previa a los directores no oficialistas y sin notificar previamente a Grupo Clarín para brindarle el derecho a debida defensa y garantizar del debido proceso», trascendió.