Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias ordenó reponer en su cargo a los directivos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), desplazados por un decreto del presidente Mauricio Macri, que hoy encargó una contrareforma de toda esa área.
Se trata del mismo juez que se enfrentó a Daniel Scioli por los muertos de la inundación en La Plata en 2014, aunque luego intentó ser promovido como candidato a intendente de La Plata por el FPV.
El magistrado dispuso, además, «no innovar», sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también modificada por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional.
En la resolución, Arias decidió “la prohibición de innovar respecto de la relación jurídica controvertida en la causa, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Por otra parte, una fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó contra el DNU que intervino la AFSCA y la AFTIC. La funcionaria, filokichnerista, es muy cercana a la procuradora Gils Carbó. Ante nuevo escenario, los ex funcionarios de la AFSCA se presentaron a la puerta del organismo para ingresar, pero la Policía se lo impidió.
Horas antes, ni bien el Gobierno anunció la creación de un nuevo organismo vía decreto, Sabbatella había declarado que «vanzan sobre las instituciones democráticas y la libertad ciudadana, como en las peores épocas de nuestra historia».
«Lo que me preocupa no es un puesto ni un cargo. Lo que está en discusión es si el AFSCA debe tener un directorio o una intervención», argumentó después en Suipacha al 800, en la puerta del AFSCA.
Por sus propios medios
La guerra entre el macrismo y el kirchnerismo por la Comunicación y los organismo de control respectivos terminó, como no podía ser de otra manera, en la Justicia, con fallos a favor y en contra de uno y otro lado. La cautelar que Sabbatella había presentado ante la jueza federal en lo Contencioso Administrativo N° 8 Cecilia De Negre para no ser corrido del AFSCA por el Decreto Presidencial 236/2015 finalmente había sido rechazada.
Sin embargo, se empezaron a multiplicar los recursos presentados por militantes kirhcneristas para frenar la contrareforma vía decreto.
En ese sentido se sumó la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social «FM En Tránsito» de Castelar, que presentó un recurso de amparo para que se declare la nulidad absoluta del Decreto Nº 236. El escrito ingresó en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín.
“Como miembros del sector sin fines de lucro, nos vimos impedidos de expresar nuestra postura en el proceso de remoción, que a las claras es contrario al propio texto de la normativa”, señala el texto de la presentación judicial. La radio (también publica la revista Guarnin!) fue parte del aparato comunicacional de la gestión sabbatellista en Morón y del universo de medios K. Entre sus socios y empleados hubo funcionarios de Morón, de la AFSCA y de la Defensoría del Público. Incluso el ex secretario de Seguridad Juan Carlos Martínez mantenía su programa de radio (también el periódico La Voz de Castelar), aunque vale aclarar que fue uno de los fundadores de la cooperativa, en los ochenta, cuando era más comunitaria.
Por ser tratada como una orgnización civil, esta es una de las dos FM de Morón que tienen señal asegurada por Ley y un porcentaje de la pauta municipal prevista por ordenanza. La otra es FM Fribuey. A pesar de que ambas militaron por la Ley de Medios, nunca dejaron de alquilar espacios, algo que la vieja como la nueva normativa prohiben. La segunda, además, pudo haber quedado envuelta en el escándalo del reparto de publicidad de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa negó haber recibido 600 mil pesos y alegó que era un programa «independiente» el que recibía 900 por mes. Una fuente de esa triangulación que gestionaban «bolseros», admitió que la radio era parte del negocio, que recibía una porción en negro, por lo que no habría documentos que lo avalen. El operador reconoció que utilizaba el mismo método con varias radios para facturarle a BAPRO, que por entonces manejaba Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador. Ese negocio también fue cortado cuando explotó la denuncia.
