El Concejo Deliberante de Morón rechazó la derogación de la emergencia «económica» y en «seguridad», que se trató a instancias de un proyecto presentado por el FPV. Fue una sesión extraordinaria en la que se desalojó el recinto por incidentes entre entre militantes del sabbatellismo y de Cambiemos.
La sesión de este viernes había sido convocada por el sabbatellismo, que a su vez había organizado una movilización frente al HCD para denunciar despidos en el municipio y «le retroceso de 16 años en políticas de transparencia». La votación terminó 15 a 9, en rechazo de la propuesta de derogación presentada por el FPV.
En primer turno el sabbatellismo pidió «derogar los superpoderes de Tagliaferro», por considerar que la emergencia «no hace otra cosa que echar trabajadores». En el recinto había trabajadores temporarios desvinculados por la actual gestión y militancia tanto del Nuevo Encuentro como del macrismo.
Era la primera vez que se peleaban por los lugares desde el cambio de gobierno. “Vemos con mucho dolor como se vuelve a la violencia con prácticas autoritarias que buscan hacernos retroceder en la calidad democrática de nuestra comunidad y con la aparición de viejos personajes asociados a la patota del rousselotismo», dijo Hernán Sabbatella, jefe de la bancada FPV.
«Lo vimos hoy en la sesión con la provocación de grupos de choque que vinieron a amedrentar a los trabajadores despedidos y a los vecinos y vecinas que vinieron a ver pacíficamente la sesión. Con Tagliaferro aparece lo peor de la política como el funcionario que debió renunciar por fingir una falsa caída y acusar a trabajadores despedidos en un hecho lamentable que cobró conocimiento público”, remarcó.
La sesión comenzó a las 8.30 horas, un horario poco habitual. Ante el enojo de Sabbatella, que argumentó que iba a haber poca gente esa hora, el macrismo le recordó que en su gestión se hacía algo parecido, aunque no es excusa. En 2014, la sesión que cambió el uso de suelo de terrenos que podrían a traspasar a La Cantábrica se hizo temprano, y los vecinos del Parque Industrial de Haedo, que se oponían, no pudieron estar.
De todas formas, Cambiemos y el Frente Renovador, mantuvieron su posición sobre la «emergencia», basada en la deuda que dejó la gestión del ahora concejal Lucas Ghi. El oficialismo y el massismo dieron quorum, aceptaron el tratamiento de dos expedientes y debatieron hasta pasado el mediodía.
«Hace tan sólo 30 días se votó la emergencia económica y es muy poco tiempo para poder realizar un análisis profundo que indique derogar la misma, pero a la vez, estas herramientas conferidas al intendente municipal, fueron al solo efecto de renegociar deudas con proveedores, sobre todo con la empresa de recolección de residuos. Nuestra posición, al momento de tratar esta Emergencia, fue plantear las modificaciones necesarias para proteger los puestos de trabajo y el bienestar de los vecinos», esbozo, discreto, el massista Jorge Laviuzza.
Analía Zappulla, jefe del bloque Cambiemos, defendió la la ordenanza de «emergencia administrativa, económica y financiera», declarada como «consecuencia del estado lamentable en que nos dejaron el municipio, estado que no vamos de ninguna manera a volver a describir porque ya lo hicimos hace menos de un mes y se resolvió con una votación favorable».
«Quiero recordar que todos los años la deuda era de entre 10 y 13 millones de pesos y nos encontramos este año con que la deuda es de más de 170 millones, este fue en el primer paso del sabotaje que viene realizando el FVP a los vecinos de Morón”, aseveró la edil.
Zappulla indicó también que “se encontraron dos tipos de irregularidades las que podríamos llamar de gestión y económica, que se soluciona generando mecanismos administrativos correctivos, y las irregularidades que nos hace presumir la comisión de delitos, esta ultima la derivamos al ámbito que corresponde y deberá la justicia expedirse al respecto, no es nuestra intención judicializar la política, es nuestra obligación como funcionarios denunciarlos”.
“Durante la gestión anterior el 80% de la obra pública realizada con fondos municipales, se repartió entre 4 empresas, en lo que aparece un obvio sistema de cartelización de obra pública. Otra irregularidad que encontramos consistía en fraccionar las compras haciendo caer los niveles de transparencia, y evitando los llamados a licitación, direccionando así las compras en forma directa”, expresó la concejal de Cambiemos.
“Si esta es una ordenanza es anticonstitucional – continúo – deberá la justicia decidirlo». En ese sentido también se expresó el massismo, aún con diferencias y críticas hacia la gestión. Para el sabbatellismo, hay más de 400 despidos, para el FR son menos de 200 y para el oficialismo menos de 100. Un puñado de ex contratados, que se vienen manifestando en organismos públicos, estuvieron en el hall y el palco e inclusive adentro de la sala del deliberativo con pancartas. Aplaudieron cada intervención de Sabbatella, mezclados con milintantes y dirigentes de Nuevo Encuentro.