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El Gobierno difundió (tanto ayer como hoy a través del diario La Nación) una serie de gastos políticos y algunas deudas insólitas heredadas en el Hospital Posadas y en el AFSCA, las dos administraciones nacionales que hasta diciembre manejó el jefe del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.
Hoy se difundió un informe del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que evaluó la gestión del sabbatellismo en la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, la cual primero fue intervenida y luego suprimida por decretos presidenciales que firmó Macri y aún hoy se debaten en la Justicia.
Uno de los puntos que marca es el crecimiento del personal, que 2011 era de 721 empleados; y en 2015 se había incrementado a 1320 (un 83% más).
Se «verificó que existían 109 agentes a los que se les retuvo el 8% de su sueldo, en concepto de aporte partidario», en diciembre pasado, por «el monto total de $ 283.536». No es ilegal aportar a una fuerza política siendo empleado del Estado. La Justicia investiga si eran «obligatorios», pero hay un enorme agujero legal. Sabbatella llevó de Morón su propia gente, por lo cual nadie va a decir que era obligado a aportar al Encuentro por la Democracia y la Equidad (fuerza originaria de Nuevo Encuentro, la alianza que adoptó ese nombre en 2009, cuando Martín resultó electo como diputado). El verdadero trasfondo, y que la ley N° 26212 2006 prohíbe, el financiamiento de los partidos políticos a través de organismos públicos.
La reforma a esa normativa se hizo en pleno ascenso del kirchnerismo, cuando en pos del progresismo y luego de la crisis de 2001 el sistema político se había alejado de bipartidismo para convertirse en uno paraestatal; cuando se repartían dependencias del Estado entre agrupaciones de uno y otro color, que a veces tenían un mismo jefe, funcionario como político, que reclutaba y firmaba los cheques de sus propios seguidores-empleados.
Bajo el mando del EDE el AFSCA se amplió a 36 delegaciones regionales electorales. No sirvió para ordenar el éter. «Había más de 5.000 radios ilegales», en diciembre. Esto no quiere decir que se dieran permisos nuevos y actualizaron otros. Pero lejos se estuvo de cumplir con la Ley de Medios. Ni hablar de Multimedios. La guerra contra el Grupo Clarín fue inversamente proporcional a la connivencia con Telefónica o Cristóbal López.
Según La Nación, Sabbatella dejó una deuda con proveedores (alquileres, órdenes de compra, reposición de fondos rotatorios, convenios con universidades) de $ 5.072.500. En el Municipio de Morón también creen que se dejaron 300 millones de deuda, aunque han consolidado menos de $200 millones.
Por otra parte, las nuevas autoridades del Hospital Posadas, intervenido en abril del año pasado (nombraron al entonces director del Hospital Morón Martín Latorraca) presentaron otra denuncia en la Justicia, por los 621 mil pesos que costó el último acto de Cristina Kirchner, en noviembre.
«La intervención de Latorraca usó el presupuesto del Posadas para contratar ómnibus desde y hacia distintos puntos de la provincia; servicios de vallado, sonido y luces; un catering para casi 300 personas, y la actuación del cantante Víctor Heredia, el 25 de noviembre pasado», publicó La Nación.
«Ese dinero del presupuesto del hospital se erogó y lo denunciamos en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón porque esos pagos no se corresponden con la finalidad del hospital», señalaron las autoridades con la investigación en curso, que incluyó un allanamiento al hospital.
Los registros incluyen la actuación del cantante Víctor Heredia por 36.300 pesos «por dos temas interpretados». Para cerrar el festejo, hubo un servicio de comida para 260 personas, que se registró en los libros con el mismo número que el sonido y la iluminación (19122/15). «Catering completo con desayuno por 61.500 pesos», según se precisó en un relevamiento interno. Estuvo a cargo de Brother’s Food, concesionario del Posadas.
