Morón: Pese a la deuda heredada de 2015, el bloque massista puso en duda la emergencia

El Departamento Ejecutivo informó ayer, en una sesión especial, el estado financiero del Municipio de Morón y la deuda heredada de la gestión de Lucas Ghi. Fue a pedido del bloque del Frente Renovador, que en el tratamiento del Presupuesto 2016 puso en duda la necesidad de la «emergencia económica» declarada en enero y que el FPV intentó derogar en febrero.

En representación de la gestión municipal estuvieron en el Concejo Deliberante el secretario de Finanzas, Sebastián Torrillas; el subsecretario de Transparencia, Ricardo González Dorfman, y el de Legal y Técnica, el abogado Cristian Herrera, quienes se encargaron de explicar por qué era necesario mantener la «emergencia económica y administrativa».

Según dijeron, estaba documentada sólo un tercio de la deuda real, hallaron un sistema informático obsoleto, «descapitalizado» y una modalidad «artesanal, discrecional y poco transparente» de compras.

Más allá de repasar y dar a conocer otras denuncias, la discusión se concentró en la deuda flotante heredada de 2015, que para el Ejecutivo se elevó a 171 millones de pesos. La gestión anterior había informado que eran menos de $60 millones. Eso fue lo que dijo el intendente, Ramiro Tagliaferro, al asumir. Y eso fue lo que se volcó en el Presupuesto 2016, que permitió al bloque sabbatellista denunciar y al massista dudar de la necesidad de la «emergencia».

Sin embargo, bajo administración de Cambiemos, se hicieron dos cortes que dieron números muy diferentes. «Al 31 de diciembre vimos que según la información del Municipio, la deuda por facturas comerciales ascendía a $ 69.209.945 y, al 15 de marzo, la factura comercial ascendió a $175 millones», sentenció Torrillas. Hubo otro corte, el 14 de enero, que marcó $104 millones de deuda, que se expresa en la Rendición de Cuentas del ejercicio de 2015 (que la semana pasada llegó al Concejo y que se deberá debatir a mitad de mayo).

Luego de cinco horas de debate, el bloque Renovador, clave para desempatar las dos versiones y sostener la «emergencia», continuaba disconforme con el informe del oficialismo. «Si la deuda es la que dicen la queremos ver documentada», insistía Jorge Laviuzza. Además se quejó por la existencia de 18 secretarías, contando a las UGC, cuando entendía que había que reducir el gasto político. Su compañero Marcelo Díaz fue un poco más allá al decir que, sólo por el nivel de deuda existente, no había necesidad de sostener la emergencia.

Pese a esto, la lectura no es homogénea en el bloque renovador. Hay un sector que le cree al oficialismo y otro que «se lava las manos».

«Apoyé con los elementos que había. Pido el informe en papeles cuando se trate la rendición de cuentas», avisó también el socialista Favio Martínez.

Los funcionarios de Ejecutivo trataron de explicar que la «emergencia» no era sólo financiera, que «casi el 90% de las compras» se hacían «bajo la metodología de compra directa» y que por eso estaban «ajustando los procedimientos» para que sean «más eficientes y así podamos brindar a los vecinos mejores y más servicios». Pero en cuanto a la deuda, confiaron que se redujo en algo menos de 400 mil pesos por revisión y negociación con proveedores.

Además, se puso un manto de sospecha sobre millonarios aportes al Deportivo Morón que su ex presidente, Diego Spina, se encargó de blanquear antes de asumir como concejal del FPV. Se trata de convenios específicos no homologados por el HCD (sólo el convenio marco), uno por 548 mil pesos para pagarle a una empresa de seguridad y otro para cubrir un seguro.

Por su parte, el Subsecretario de Transparencia Institucional y Control de Gestión, se refirió la necesidad de invertir un millón de dólares para recomponer el sistema informático que estaba a punto de “explotar”. Y denunció la contratación de un hosting para almacenar la grabación de las cámaras de seguridad por $1.8M. Según dijo, el contrato se había empezado a pagar sobre 240 cámaras, cuando había 180 y funcionaban 90. “El chiste es que la empresa no almacenó nada”, apuntó Dorfman, pese a que se le habían pagado cinco meses.

El jefe de bloque del FPV, Hernán Sabbatella, se mostró «sorprendido» por el informe, además de molesto por una barra que por primera vez fue copada por militantes de Cambiemos, que se comportaron tan mal como lo hacían hasta hace días los de Nuevo Encuentro, que ni se asomaron al edificio luego del escándalo que montaron durante el Presupuesto. «No era lo acordado», se quejó Sabbatella. La ex secretaria de Gobierno, Florencia de Luca, cuestionó que “nos acusen de ladrones” y aseguró que “la deuda no es ilegítima”.

Lo cierto es que para el kirchnerismo la deuda es de $60 millones y dejaron en caja $45M. «Por eso no están ni el contador ni el tesorero municipal», explicaron. El ex intendente Lucas Ghi apuró a Torrillas cuando preguntó respecto del «saldo» a la fecha. «No lo sé», le contestó.

«Nada de lo que dicen acá es por lo que nos convocamos. Hablan con argumentos baratos para defender una emergencia, que es excepcional, para comprar sin licitación», recusó Sabbatella.

«Decían que íbamos a triplicarnos el sueldo, que íbamos a dejar de publicar en el portal de Morón Compra, que íbamos ir contra los trabajadores y nada de eso pasó», sostuvo Dorfman.

El subsecretario fue parte del equipo que verificó la deuda. «Sólo en publicidad, pasaron de 1.200.000 pesos a 2 millones», dijo. Pero lo más grave es el servicio de recolección. A Urbaser, aseguró el Gabinete, no le pagaban desde octubre, cuando se cortó la cadena de pagos, lo cual no se puede negar. «Sólo a Urbaser se le debía $111 millones», informó el Ejecutivo.

Desde que asumió, Tagliaferro sólo habría pagado deuda heredada por 104 millones. Queda una deuda flotante de 2015, hasta abril, de $69M. El FPV dice que dejó en caja 45 millones de pesos.

Tal como anticipó la jefa de bloque de Cambiemos, Analía Zappulla, la semana pasada a Un Medio, sospechan de la legalidad de un giro de $79 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobados por la Jefatura de Gabinete (de Aníbal Fernández), en noviembre de 2015, algo que en principio debía llegar desde el Ministerio de Interior y Transporte como fondo específico para los túneles que se construyeron en Morón centro y en El Palomar. Herrera aseguró que se depositaron en la cuenta de ACUMAR y para “libre disponibilidad”.

«Se usaron 20 millones para las obras, 20M para pagar a proveedores y sueldos (gastos corrientes) y el resto quedó en caja, es decir, que si no fuera por ese aporte que estamos evaluando habrían dejado la gestión un con saldo negativo», apuntó el abogado municipal, quien además advirtió que el 3 de diciembre se aprobó un “adicional” de $8.6M para la obra del paso bajo nivel de El Palomar, que por otra parte “no se publicó en el boletín oficial”.

Por otra parte, denunció que se hacían “estudios de opinión” que podrían haber sido utilizados para la campaña por “montos millonarios”. Herrera recordó también la denuncia que presentó en enero por malversación de fondos, defraudación al Estado y falsedad ideológica en el presunto uso de fondos del programa nacional Nacer-Sumar para pagar salarios.

Aparte, Herrera reparó en el pago a empresas privadas para el rediseño del logo municipal ($450 mil), o establecer una campaña comunicacional (portal oficial), así como también el contratar un correo (Urbano Express) los últimos tres años en lugar de utilizar el Correo Argentino. “Utilizar a proveedores específicos promueve posibles conductas delictivas”, apuntó.