Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Como dos boxeadores que se estudian y nunca entran en el golpe por golpe, el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo terminaron sin heridas graves después de una sesión extraordinaria en la que el Ejecutivo informó, sin entrar en detalle, sobre los contratos vencidos desde enero en la comuna.
La sesión venía precedida de una serie de denuncias cruzadas en la Justicia y de escándalos en el recinto, protagonizados tanto por militantes del sabbatellismo, como de macrismo. El bloque K había vendido la «interpelación» al intendente, Ramiro Tagliaferro, por los «centenares de despidos».
El Ejecutivo estuvo representado por el secretario de Gobierno Carlos Rebagliati y el subsecretario de Legal y Técnica del Municipio de Morón, Cristian Herrera. «No hay trabajadores despedidos, sino que no fueron renovados 176 contratos de agentes que integraban la planta temporaria, con un régimen de contratación que implica su renovación mensual», se explicó. De allí en adelante fueron tres horas de debate en círculos, donde el oficialismo se negó a tratar casos personales y le endilgó a la gestión anterior el tener el 35% de la planta municipal en condición precaria.
Hasta hoy no estaba claro qué actitud iba a tomar el sabbatellismo y cuál era la estrategia de Cambiemos. En principio, no hubo ni marcha en la calle, ni barra de militantes agrediéndose en el recinto. Aprendieron: el partido se jugó sin público y casi no tuvo fricciones. Tampoco pasó de un empate.
El sabbatellismo habló de ajuste. Pero la planta de personal es la misma. Hay 4678 empleados, 20 más que en diciembre. Tras el dato entregado por el Ejecutivo, Hernán Sabbatella (FPV) acusó al intendente de haber contratado «500 personas». Antes había dicho que los cesanteados eran 280.
En varias oportunidades su bancada pidió los nombres, cargos y motivos por los cuales fueron cayendo contratos, «la mayoría de militantes», se reconoció.
Oficialmente, «se dispuso no renovar los contratos de trabajo temporario de un conjunto de trabajadores que, conforme a la evaluación ante descripta, no se encontraban a nuestro juicio en condiciones de brindar servicios en la Municipalidad de Morón», señaló Herrera.
Rebagliati indicó que «se debe preservar la privacidad y el respeto por cada una de las personas en particular, y que se deben debatir políticas generales de Departamento Ejecutivo y no situaciones específicas y puntuales».
Casi en silencio, el presidente del bloque renovador, Jorge Laviuzza, jugó un poco para cada uno. A Sabbatella le pidió la nómina de empleados que, a su entender, fueron despedidos, para «hablar con precisión». Herrera se había comprometido a entregar a todos la lista de los contratos caídos.
Por otra parte, el concejal massista preguntó concretamente si entre los cesanteados había «ñoquis». «No estoy en condiciones de afirmarlo», le respondió Herrera. De haber contestado otra cosa, se tendrían que haber presentado denuncias y pruebas concretas. Diego Spina celebró esa respuesta.
El sabbatellismo afirmó que en su gestión no hubo ñoquis, que hubo 500 incorporaciones desde diciembre y que los despidos no tenían otra motivación que no fuera por política. El Ejecutivo no rebatió ninguna de estas cuestiones. Había concejales que se mordían la lengua, pero no saltaron por sobre esta estrategia. La excepción fue Analía Zappulla, quien aseguró que los despidos en el área de Niñez obedeció a que «ninguno de los 18 profesionales se presentó a atender» a los hijos de Cinthia Laudonio, la joven asesinada a principios de marzo. El ex intendente Lucas Ghi dijo que esa tarea era para los funcionarios y que los trabajadores del área «hacía tres meses que no cobraban». Tampoco se le contestó sobre eso.
No obstante, el oficialismo recordó los cientos de cesanteos que tuvieron lugar durante la gestión sabbatellista, con argumentos similares a los actuales, más jurídicos que técnicos. Es que para echar a un temporario basta con no renovar su contrato, sin siquiera sumario. Así fue como en enero de 2000 Martín Sabbatella dio de baja a 500 empleados.
La práctica es de manual en cada cambio de gobierno. Y tiene una dinámica habitual: en 2010 se dieron de baja 455; en 2011, 332; en 2012, 310; en 2013, 278; en 2014, 275; y en 2015, 532. Entre 2014 y 2015 se sumaron, por otra parte, a planta permanente unos 200 trabajadores.
Los funcionarios también fueron indagados sobre los fallos de la Justicia Laboral, que obligó a reincorporar cesanteados, por el uso de licencia gremial. Herrera contestó que el Ministerio de Trabajo no reconoció esos fueros supuestamente otorgados en una «irregular» asamblea de la CTA en diciembre.
El resto del debate sobrevoló mutuas acusaciones sobre clientelismo y negreo. «En Morón se pagaban sueldos de miseria», apuntó el macrista Christian Salinas. También acusó a la gestión anterior de tener 1600 contratos mensuales precarios. Rebagliatti apuntó que con la nueva Ley laboral se buscará llegar al 2019 con sólo un 10% de planta temporaria. Está obligado a empezar a pasar gente a planta cuando en junio entre en vigencia la nueva ley. Para entonces prometió tener aprobado un convenio laboral y una carrera municipal. En principio ya habría un bosquejo armado.
El socialista Favio Martínez aportó un par de críticas por lado. Dijo que Ghi dejó un «piso muy bajo en materia laboral» y que la responsabilidad por los despidos era «compartida». «Utilizan a los trabajadores de rehén».
El Ejecutivo se conformó con decir que no hubo «ni cierre ni vaciamiento de ningún área». Quedó la sensación de que no quiso llegar al hueso. Después de todo, es mejor no lavar la ropa interior en público. El sabbatellismo acusó a Cambiemos porque «no pudo justificar los despidos». Y pidió la reincorporación de todos. Se fueron en paz.
