Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín comenzó este lunes un juicio oral por el secuestro y cautiverio de los desaparecidos Patricia Julia Roisinblit, hija de la vicepresidenta de Abuelas, Rosa; y José Manuel Pérez Rojo, en la Regional de Inteligencia que la Fuerza Aérea poseía en Morón.
El edificio donde ambos estuvieron secuestrados está ubicado en San Martín y Entre Ríos y actualmente tiene una cesión de uso en favor del municipio.
Los acusados son Luis Tomás Trillo, que estuvo a cargo de la RIBA; Francisco Gómez, que fue personal civil de Inteligencia de la RIBA y apropiador del hijo que Patricia tuvo en la ESMA; y Domingo Omar Rubens Graffigna, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea al momento de los hechos y luego integrante de la segunda junta militar de gobierno.
En la audiencia de este lunes ninguno de los imputados quiso declarar. Aunque se destacó la respuesta de Gómez, cuando formalmente le preguntaron su tenía hijos. «Tenía uno», afirmó. El apropiador fue descubierto y denunciado en los ’90 cuando trabajaba en el Colegio Dorrego de Morón.
Patricia y José Manuel fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y permanecieron al menos hasta el 14 de noviembre en aquel cuartel de Comunicaciones e inteligencia.
Roisinblit llevaba un embarazo de ocho meses y dejaron en manos de la familia paterna a su hija Mariana, de quince meses. A ambos se los mantuvo cautivos en la ex RIBA, cuyo jefe al momento de los hechos era el ex comodoro Luis Tomás Trillo. A mediados de noviembre, Patricia Roisinblit fue trasladada al centro clandestino de detención de la ESMA, para dar a luz a su segundo hijo, un varón, que fue sustraído y apropiado.
Recién en el 2001, a los 23 años, Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit recuperó su identidad. Tanto él como su abuela declararon en el juicio por la ESMA hace dos años atrás.
Hoy, en la sala había familiares de organismos, como también el secretario de DDHH bonaerense, Santiago Canton; y el director del área en Morón, Francisco Mones Ruiz.
«Mostramos la voluntad del Estado de continuar aportando y apostando por los juicios de Verdad y Justicia. La presencia de Cantón, de representantes del Municipio y de la integración de las querellas barren las afirmaciones que decían que los juicios se iban a parar: eran versiones malintencionadas», sostuvo el funcionario municipal.
La Regional de Inteligencia de Morón formó parte del circuito represivo desplegado en la llamada Subzona 16, que comprendía los partidos de Morón, Merlo y Moreno y que tuvo por epicentro el centro clandestino de detención y tortura conocido como Mansión Seré, ubicado en Castelar, como también a la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la comisaría de Castelar, la comisaría de Haedo y la comisaría primera de Morón.
El tribunal –integrado por los jueces Alfredo J. Ruiz Paz, en su carácter de presidente, y los vocales Marcelo G. Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- juzga a Omar Domingo Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez.
Las partes que intervienen en el proceso son: el fiscal general Martín Niklison, junto con las fiscales “ad-hoc” María Saavedra y Clarisa Miranda; como defensor particular Sergio Roberto Díaz Dallaglio, por la representación técnica de Francisco Gómez; como letrados patrocinantes Nadia Marina Rivas y Leonardo Andrés Martínez, en representación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; como defensor particular Guillermo Javier Miari, por la representación técnica de Omar Domingo Rubens Graffigna y Luís Tomás Trillo; como abogado apoderado Pablo Llonto, en representación de la querellante Mariana Eva Pérez; como abogado apoderado Maximiliano Chichizola por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; como letrados patrocinantes Carolina Villella, Alan Iud y Pablo Lachener en representación de la querellante Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de la “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo” y de los querellantes Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Guillermo Pérez Rosinblit; como abogado apoderado Pedro Dinani por el Partido Comunista.
El debate se realizó en la sala que la Justicia Federal tiene disponible en la calle Pueyrredón nº 3734 de la ciudad de San Martín y está previsto que continúe el 4, con la declaración de Rosa y de Eva, su nieta; y de Guillermo Pérez R. el 16 de mayo.
