Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reclamó anoche al Congreso que apruebe una ley que permita «el descongelamiento» del Fondo del Conurbano y otras partidas presupuestarias, con el respaldo de intendentes de todas las fuerzas. Durante el día estatales repudiaron con furia su ley de emergencia administrativa, que se sancionaba en la Legislatura Bonaerense, por entender que se trata de una «flexibilización» laboral.
Vidal realizó una exposición ante los diputados nacionales de su distrito en el Salón Delia Parodi del parlamento, en la cual solicitó que «el Congreso nacional trate» el reclamo «y le empiece a dar una respuesta» a los bonaerenses porque «la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada en relación a otras provincias».
La apoyaron los intendentes macristas Néstor Grindetti (Lanús), Nicolás Ducoté (Pilar), Jorge Macri (Vicente López) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero); los peronistas Alejandro Granados (Ezeiza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Juan Pablo de Jesús (La Costa), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), y el massista Julio Zamora (Tigre), entre otros.
«Hemos acordado –dijo la gobernadora- que vamos a trabajar un proyecto conjunto con todas las fuerzas» políticas, que será remitido «a las cámaras de diputados y senadores» para que se apruebe y se devuelvan a la Provincia fondos para la promoción de obras públicas y otras necesidades.
Durante su exposición ante los diputados, Vidal sostuvo que «la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de pobres tiene en la Argentina. Esa debería ser una razón de justicia a favor de la Provincia».
«Nuestro esfuerzo y trabajo representan el 37 por ciento (de los impuestos federales). Aportamos el 37 por ciento y sólo recibimos el 18 por ciento. Cada año la Provincia recibe menos», prosiguió.
Durante una conferencia de prensa posterior, agregó que la provincia de Buenos Aires perdió desde el 2002 en adelante más de 400 mil millones de pesos que no tiene en obras, en escuelas y hospitales. Ese dinero debe ser recuperado por la Provincia».
El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 para compensar los puntos de coparticipación quitados a la Provincia, pero en 1996 se le puso un tope de 650 millones de pesos al dinero que le correspondía al distrito. Desde entonces, el excedente del fondo fue distribuido a otras provincias.
Día de furia
Horas, antes, en La Plata, la Legislatura y sus alrededores vivían un día de furia. Una columna de gremios y partidos de izquierda empujaron hasta romper la reja perimetral y prendieron fuego las escaleras de acceso al hall central del edificio ubicado en 7 y 53, para que no se trate la emergencia
El bloque oficialista de Cambiemos logró la sanción del proyecto mediante un trámite exprés.La sesión terminó de forma abrupta.
En una de las puertas del recinto y en los pasillos de las oficinas de las autoridades de cámaras, diputados del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y de Cambiemos se mezclaban en un tumulto que incluyó empujones, insultos y algún golpe de puño.
La norma se sancionó con el voto de diputados de Cambiemos más sus aliados del massismo, donde sin embargo hubo varias disidencias de legisladores de origen gremial que no asistieron a la sesión, como Jorge Ledesma y Carlos Acuña.
El rechazo alineó a los tres bloques peronistas (el Frente para la Victoria, el FpV-PJ y Peronismo para la Victoria) más el monobloque de la izquierda.
La iniciativa, que fue aprobada semanas atrás en el Senado, propone declarar la emergencia por el plazo de un año en el marco de la administración pública. En concreto, establece una agilización de los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites de contratación.
Además, los artículos 25 y 26 plantean mayor laxitud en los contratos de trabajo, lo que provocó una fuerte reacción gremial. Concretamente, autoriza al Ejecutivo a celebrar contratos de locación de servicios sin estabilidad ni derecho a prorroga y por fuera de las disposiciones de la ley 10.430.
